Heroico, el levantamiento del pueblo contra la delincuencia, califica Aguirre en Olinalá

Rosalba Ramírez

Olinalá

En su visita a Olinalá, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió a mantener a militares en la cabecera, en funciones de policía municipal, durante el periodo del alcalde priista Eusebio González Rodríguez, pero pidió al Consejo de Supervisión y Vigilancia que no intervenga en la organización de las comunidades que también implementaron retenes para protegerse de la delincuencia.
Después de participar en el arranque de la pavimentación de la carretera Ahuacotzingo-Olinalá, para la cual anunció una inversión de más de 54 millones de pesos (de 100 millones que anunció que se invertirán en infraestructura carretera) para concluirla y rehabilitarla, el gobernador se reunió con representantes del Consejo en la dirección del Tecnológico Superior de este municipio.
En el encuentro estuvo presente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC), Guillermo Jiménez Padilla y el Comandante de la Octava Región Naval, el almirante Sergio Javier Lara.
A petición de los ciudadanos el alcalde no fue invitado, por lo que tuvo que esperar afuera de la dirección.
También estaban los secretarios de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga, de Finanzas Jorge Salgado Leyva, de Educación, Silvia Romero Suárez y la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.
A 19 días de que la población tomó las armas para defenderse y expulsar al grupo delincuencial que operaba en la zona, el gobernador acudió al llamado de los ciudadanos para reunirse con él y autoridades de seguridad. El encuentro duró aproximadamente 30 minutos, durante los cuales los pobladores le plantearon los problemas que enfrentan, le informaron de los hechos que detonaron el levantamiento en armas, relataron los diez días y noches en que estuvieron en los retenes y le plantearon sus necesidades.
Tras la reunión, el gobernador comentó que respaldaría la creación de una policía comunitaria en Olinalá, y reconoció a los ciudadanos por su lucha “en la que su único interés es la seguridad de sus familias y no andan tras algún puesto”.
Después, en entrevista, representantes de los ciudadanos que tomaron las armas el 27 de octubre, comentaron que el gobernador les ofreció “algunos trabajitos”, tema del que no quisieron abundar.
Informaron que el gobernador se comprometió a que durante los tres años del periodo del alcalde priista, el Ejército permanecerá en la cabecera realizando funciones de policía municipal.
Lo anterior, luego de que los ciudadanos le manifestaron su desconfianza en el cuerpo policiaco.
Sin embargo, será la Policía Municipal la que se encargará de prevenir delitos en las 65 comunidades del municipio, a pesar de que son señalados por los pobladores de que tienen vínculos con los delincuentes expulsados y también los responsabilizan de liberar a uno de los secuestradores que la población detuvo el día en que tomaron las armas.
Aguirre Rivero pidió al Consejo que no intervenga en la organización de las comunidades que la semana pasada instalaron retenes para protegerse de los grupos delincuenciales “esa ya no es su responsabilidad”, les indicó, aunque aceptó que ni el estado ni la federación se harán cargo de la seguridad y les dijo que los comisarios de Temalacatzingo y Atlicha deben buscar al alcalde para que se organicen y garanticen la seguridad.
Pero los integrantes del Consejo respondieron que si las comunidades piden su ayuda se las darán porque cuando la cabecera municipal pidió auxilio los habitantes de los pueblos vecinos acudieron.
Sorprendida, una de las representantes dijo “todo lo que le pedimos, nos lo concedió”, el gobernador se comprometió a respaldar la conformación de la policía comunitaria, que durante su discurso en el Tecnológico reconoció que donde se ha implementado ese método de seguridad tienen los índices más bajos en delitos.
“Les pido al consejo que nos sigan ayudando, lo que hicieron, más allá de la parte jurídica, es una acción loable, heroica diría yo, de cómo un pueblo cuando pretende la delincuencia acabar con su tranquilidad reacciona como lo hizo”, dijo Ángel Aguirre en su discurso.
Y se comprometió a “explorar en una serie de reformas para legalizar y establecer la policía comunitaria” y dijo que ya no hay marcha atrás para su conformación en Olinalá, porque en Guerrero ya cuenta con mil 200 elementos.
También se comprometió a no desarmar a la ciudadanía, promesa que el consejo festejó “por el bien del pueblo y del gobierno”, porque advirtieron que de intentar un desarme el pueblo se levantaría en armas de manera irreversible.
Por último, Aguirre firmó un documento en el que se compromete a gestionar una base militar con sede en Olinalá.