El ataque al autobús es una nueva represión del gobierno federal y estatal a Ayotzinapa, dicen 70 ONG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos del país, condenaron ayer lo que consideraron una “nueva represión” del gobierno estatal y federal a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los representantes de más de 70 organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos, expresaron ayer en un comunicado que “la agresión armada contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida la madrugada del 15 de noviembre de 2012, es un acto reprobable y de suma preocupación para las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Explican que el atentado es significativo porque hace menos de un año –el 12 de diciembre de 2011–, dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados durante un desalojo violento en la autopista Acapulco-Chilpancingo, dicen en referencia a Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Recuerdan que en ese acto, elementos de las corporaciones policiacas federales, estatales y ministeriales “cometieron graves violaciones contra los derechos humanos de los estudiantes” y manifiestan que los asesinatos de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús “permanecen hoy en la impunidad”.

Dicen, además, que la recomendación No. 1 VG/2012 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se acreditó la tortura en contra de un estudiante con el objetivo de incriminarlo, “permanece hoy sin acatarse”.

Recuerdan que en mayo de 2012 el abogado Defensor de Derechos Humanos Vidulfo Rosales Sierra integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se vio obligado a salir del país por haber recibido amenazas de muerte en su contra. Esto a raíz del acompañamiento jurídico que hizo a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa después de los hechos del 12 de diciembre.

Por eso exponen que la agresión armada perpetrada el pasado 15 de noviembre “representa una nueva forma de agresión contra los normalistas para inhibir su proceso organizativo”.

Condenan, asimismo, que a pesar de la denuncia pública hecha por los estudiantes de Ayotzinapa ante esta nueva agresión armada, “el gobierno del estado de Guerrero trató de aminorar estos hechos asegurando que sólo se debió a un accidente vial, sin ningún trasfondo político”.

Y agregan que por eso “para las organizaciones que conformamos la Red TDT es de suma preocupación que las autoridades del estado de Guerrero busquen desvirtuar los hechos, sin haber realizado las investigaciones correspondientes para esclarecer el incidente que puso en peligro la vida de cinco personas”.

Finalizan con el exhorto al gobernador de Guerrero “a que se conduzca con responsabilidad y haga las acciones necesarias para investigar y sancionar de manera ejemplar a los responsables de esta agresión armada en contra de los estudiantes normalistas”.

Y exigen al gobierno federal a “implementar medidas de protección para los Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos que les acompañan en sus procesos de denuncia”.

Manifiestan que dado el creciente nivel de agresiones armadas contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y por las amenazas de muerte en contra de las y los defensores de derechos humanos que les acompañan, la Red TDT ha emitido una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos federal y estatal garantías de seguridad para estudiantes normalistas y para los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero.

Entre las organizaciones que firman el comunicado están la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República.