Tlachinollan

Embate gubernamental
contra Ayotzinapa

Señales ominosas provenientes de los gobiernos federal y estatal se ciernen contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la medida que se acerca la fecha del primer aniversario de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Cualquier acción pública emprendida por los normalistas es interpretada como un atentado a las instituciones y a la legalidad imperante. En tan solo cinco días, del 10 al 15 de noviembre, se suscitaron dos acciones armadas, la primera por parte de elementos de la policía federal, quienes de acuerdo a testimonios de los propios estudiantes, accionaron sus armas para amedrentarlos, siendo cinco de ellos detenidos y sometidos a tratos crueles e inhumanos. La segunda acción armada sucedió el pasado 15 de noviembre, cuando un grupo de estudiantes que viajaban en un autobús, fue interceptado por civiles armados encapuchados, que después de obligarlos a detener la marcha del camión, se subieron para someterlos y amenazarlos. Les dijeron que los iban a quemar vivos en el autobús y que eso se merecían por andar de vándalos. Al final del trayecto el chofer sufrió un golpe artero en la cabeza que le hizo perder el control del autobús que se salió de la carretera y se volcó.
Estos actos represivos forman parte de una estrategia de contención social, que busca atemorizar y desmovilizar a los estudiantes y al mismo tiempo crear  una imagen negativa de su movimiento, estigmatizándolos como “vándalos”. Las autoridades del estado en lugar de dar cumplimiento a todas las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del ejecutivo estatal se ha puesto en entredicho la investigación realizada, vulnerando más la imagen y el trabajo de la CNDH. La descalificación pública de esta recomendación no sólo alienta la impunidad sino que crea un ambiente hostil contra las víctimas de la represión. Hace ver a los estudiantes no como personas comprometidas con la educación sino como provocadores y promotores del caos y de la violencia. En lugar de que los estudiantes encuentren eco a sus demandas y sobre todo condiciones de diálogo para atender sus planteamientos de índole académico y administrativo, se topan con la mano dura de un gobierno represor, acostumbrado a utilizar a los policías para sofocar protestas sociales.
Para la CNDH la criminalización de la protesta social constituye una práctica que se traduce en negar cualquier posibilidad de diálogo entre los gobernados y sus autoridades por razones de “Estado”  que vulnera los derechos de las personas. De acuerdo a sus investigaciones los servidores públicos de la secretaría de seguridad pública federal, de la secretaría de seguridad pública y de la Procuraduría General de Justica del Estado, criminalizaron la protesta social que realizaron los estudiantes el 12 de diciembre de 2011, vulnerando su derecho a la libertad de reunión, y como consecuencia de ello sus derechos a la vida; seguridad e integridad personal; a la legalidad; a la seguridad jurídica; libertad personal y trato digno. La CNDH encontró claras evidencias de las actuaciones irregulares de los servidores públicos. De los 168 elementos que participaron en la represión, 91 portaban armas. En esta acción desproporcionada de la fuerza fueron privadas de la vida dos personas como consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y una más a causa del incendio provocado en una gasolinera; tres personas más resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego. Por otra parte 24 personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellas se encontraba un estudiante a quien se le imputó el haber disparado un arma de fuego, situación que no logró acreditarse y que por el contrario se demostró con base en el Protocolo de Estambul que fue víctima de tortura.
A pesar de estas violaciones graves a los derechos humanos documentadas por la CNDH, las autoridades del estado se han caracterizado por ignorar y mostrar una actitud indolente a las demandas planteadas en cada ciclo escolar por parte de los estudiantes de Ayotzinapa. Hay un empecinamiento de las autoridades educativas para tensar, hasta el límite de la confrontación, los procesos de negociación con los estudiantes que quedan truncos. Existe la consigna desde el gobierno federal de ir desmantelando a las Normales Rurales dependiendo de la correlación de fuerzas que se da en cada entidad. Se trata de una estrategia deliberada diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que busca implantar estándares rigurosos de acreditación en el sistema educativo nacional alentando una educación elitista y de supuesta excelencia desde la lógica empresarial.
En el 2010 las autoridades mexicanas firmaron un acuerdo de cooperación con la OCDE para mejorar la calidad educativa de las escuelas mexicanas. El objetivo central de este acuerdo es mejorar el desempeño de los estudiantes a través de una mejor enseñanza y mejores escuelas. El mejoramiento de la enseñanza implica atraer solamente a los mejores estudiantes, a mejorar la selección de los docentes, abrir todas las plazas a concurso, crear periodos de inducción y de prueba, mejorar el desarrollo profesional y evaluar para ayudar a mejorar. Se trata en realidad de construir una pirámide educativa que solo busca atraer a los mejores candidatos docentes y una forma de lograrlo, de acuerdo a la OCDE, es aumentar la exigencia en la entrada a los programas de formación inicial docente (léase las Escuelas Normales Rurales) y establecer un examen de selección nacional y otras herramientas de evaluación. Estas Normales deben regirse por un sistema de estándares rigurosos para que puedan ser tomadas en cuenta como instituciones de excelencia.
Esta visión empresarial de la educación que busca a cualquier costo incrustarse en las instituciones educativas de nuestro estado, lo único que está generando es una polarización social por el modelo excluyente y elitista que fomenta este acuerdo de cooperación para mejorar la calidad de la educación en México. El pasado 11 de septiembre Enrique Peña Nieto firmó el Acuerdo Marco de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, donde manifestó que: “México necesita y está decidido a impulsar transformaciones de fondo en distintos ámbitos: en seguridad, en desarrollo social, en educación y para el crecimiento económico. Estamos decididos en aprovechar la experiencia de la OCDE, sus estudios, análisis y recomendaciones son referencia para el diseño de las políticas públicas que habremos de construir en favor de México”. Este tipo de acuerdos cupulares que están firmados sin tomar en cuenta la situación real de la población pobre de México, está cobrando víctimas con nombres e historias concretas. En Guerrero se le está negando la educación a los jóvenes de las periferias urbanas, de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas. Cada año el Gobierno del estado reduce la matricula de las Normales y universidades, e impone como ley máxima las recomendaciones de la OCDE, como la aplicación de exámenes para impedir la entrada de los hijos e hijas de los trabajadores a las instituciones de educación superior.
Esta violencia impuesta por el estado empresarial y por las organizaciones multilaterales como la OCDE, son la causa que alienta a los sectores excluidos a defender sus derechos. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en todo momento han sufrido la embestida de los gobiernos que se han aliado a la OCDE llegando al extremo de utilizar a las corporaciones policiacas para reprimirlos y hasta privarlos de la vida. La muerte es el verdadero rostro de este modelo económico que devasta la vida de los sectores empobrecidos. A los pueblos no les queda otra alternativa que organizarse y resistir, y a los jóvenes como Alexis y Gabriel  no les dejaron otra salida que ocupara las plazas públicas y las autopistas para protestar y exigir un derecho básico consagrado en nuestra constitución.
Las autoridades del estado en lugar de proteger los derechos básicos de los estudiantes, se vuelve contra ellos, los ve como enemigos y les da un trato de delincuentes. Poco importa a las autoridades la recomendación emitida por la CNDH: No hay un avance sustantivo en las investigaciones, por el contrario la estrategia jurídica está armada para mantener en la impunidad a los autores materiales e intelectuales de este crimen atroz. Se empeñan en simular y desviar la atención para no cumplir con los puntos centrales de la recomendación. Con las indemnizaciones que han otorgado quieren lavar su imagen ante las instancias internacionales como lo hizo la delegación mexicana ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Es reprobable la forma en cómo están actuando las autoridades con los familiares de las víctimas, para persuadirlos de que asistan a un evento en la ciudad de Acapulco el próximo miércoles 21 de noviembre, donde el Ejecutivo estatal ofrecerá una disculpa institucional sobre los acontecimientos trágicos del 12 de diciembre.  Lamentablemente esta acción no está acompañada del cumplimiento a las demás recomendaciones sustantivas que tienen que ver con las investigaciones y el castigo de los responsables, así como la protección a los derechos de los estudiantes y la atención a sus demandas educativas.
Con las agresiones cometidas por agentes armados, los estudiantes normalistas se enfrentan a riesgos inminentes que pueden reeditar acciones como las del 12 de diciembre. Las autoridades del estado cargan con la gran responsabilidad de dar cumplimiento cabal a la recomendación de la CNDH, de crear condiciones para un diálogo respetuoso y plural con la población estudiantil, de no alentar la criminalización de su lucha y de contener las acciones violentas por parte de grupos que actúan bajo la sombra del poder. Del Gobernador depende parar esta agresión contra los estudiantes y que no escale más este conflicto educativo, debe entender que el luto, el dolor y la represión que viven en carne propia los estudiantes y los familiares de los caídos es un agravio muy profundo que las autoridades deben reparar, garantizando justicia y la no repetición de estos lamentables acontecimientos.