Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Matices y claroscuros

* Manipulación política de historia y datos

El Congreso local aprobará mañana la reincorporación de Fermín Alvarado Arroyo como magistrado al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es posible que con esa decisión se revierta un viejo acto autoritario del ex gobernador Zeferino Torreblanca, que ya no quiso ver en el tribunal al político priísta, pero no es eso lo que mueve a los diputados, sino el principio de obediencia a las directrices emanadas del Palacio de Gobierno.
Como se sabe, Fermín Alvarado es un prominente integrante del grupo político del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y es por esa condición que recibirá la gracia de ser rehabilitado. Como en la política las casualidades no existen, algún significado debe tener también el hecho de que el dictamen correspondiente haya sido procesado en el Congreso local por el hijo del gobernador, el diputado Ángel Aguirre Herrera, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. Honrará así Ángel Aguirre Rivero la alianza que paulatinamente ha ido estrechando con Figueroa Alcocer, cuya existencia quedó expuesta inequívocamente durante el reciente enfrentamiento del diputado Rubén Figueroa Smutny con Héctor Astudillo Flores.
En ese contexto de acercamiento entre Ángel Aguirre y el figueroísmo debe situarse el caso del excesivo endeudamiento del ayuntamiento de Acapulco durante la gestión de Manuel Añorve Baños. Cada uno con sus motivos y su propia ruta, al gobernador y al ex gobernador parece unirlos su interés por golpear a los grupos de Añorve Baños y Astudillo Flores en el preámbulo de la sucesión de 2015. No hay forma de suponer a Angel Aguirre ajeno a la estrategia desarrollada por el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, para hacer estallar el escándalo del quebranto financiero con la mayor resonancia posible. Es evidente que fue su intervención la que llevó el caso a la ciudad de México, y es igualmente obvio que con ello Aguirre Rivero buscó además dar la impresión de que el principal problema de Acapulco no es la violencia sino el mal gobierno de Añorve, lo que le permitiría opacar –así fuera por un par de días– el aparatoso incumplimiento de su compromiso de devolverle la tranquilidad al puerto, precisamente días después del estallido de furia que le sobrevino contra medios nacionales por informar del impacto de la inseguridad en la vida turística y económica de la ciudad.
El capítulo de Acapulco terminará seguramente, y muy pronto, en un abrazo entre el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el diputado federal Manuel Añorve Baños y el alcalde Luis Walton. Y será así porque, por muy estridente que haya sido la denuncia de Walton Aburto, difícilmente adoptará la forma de una acusación jurídica. El propio alcalde parece convencido de eso al calificar de “notificación” el aviso que dio a la Auditoría General del Estado, y al abstenerse de usar calificativos como “saqueo” o “desvío de recursos” al referirse a la crisis financiera del ayuntamiento. Al contrario, Walton ha sido cuidadoso al subrayar que se limitó a exponer la existencia de un grave déficit y un endeudamiento excesivo. Pero si se diera el improbable caso de que Añorve fuera acusado de algún latrocinio, de todos modos no culminaría en alguna sanción para el ex presidente municipal del PRI. No sólo porque tiene el fuero legal que le aporta el hecho de ser legislador, porque es integrante de la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados o porque pertenezca al poderoso grupo político de Manlio Fabio Beltrones, sino porque ni Ángel Aguirre ni el propio Walton tienen verdadero interés de promover un castigo para Añorve Baños, en la eventualidad de que se le acreditara algún ilícito.
Para ello, Ángel Aguirre y la izquierda a la que pertenecen los impugnadores de Añorve tendrían que explicar antes por qué el actual gobierno no ha procedido contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca, cuya administración ha sido acusada oficialmente por las instancias fiscalizadoras federales y estatales de no comprobar miles de millones de pesos y de presunto desvío de recursos.
En realidad, Manuel Añorve podría encarar alguna responsabilidad sólo si la Auditoría General del Estado encuentra y demuestra la existencia de ilícitos en su gestión, pero por sí mismo el endeudamiento no es una irregularidad. Otra puede ser, sin embargo, la conclusión si el tema se examina desde el punto de vista político y ético. El cuantioso déficit dado a conocer por Luis Walton suena muy grave y suscita indignación, pero aún se ignora si aloja delitos cometidos por el ex alcalde o funcionarios de su gobierno, entre otras razones porque la Auditoría General, contando ella sí con todos los elementos para informar a plenitud, se guarda los datos mientras a su alrededor los expedientes son empleados como instrumentos de agresión en el mercado político.
Sin prejuzgar sobre las eventuales responsabilidades de Manuel Añorve que arrojen las auditorías supuestamente en curso, es notoria la manipulación de los datos y de los hechos por parte del vocero de Walton, el secretario de Planeación municipal, Carlos Álvarez Reyes. Si no hay auditorías tampoco pueden fincarse cargos, pero lo que Álvarez presentó en la ciudad de México la semana pasada son conclusiones y acusaciones serias contra Añorve como si éstas procedieran de una revisión de órganos fiscalizadores. Es sorprendente que en la misma conferencia de prensa el mismo Álvarez haya revelado que los datos no eran oficiales, sino resultado de una pesca extraoficial aquí y allá, un método incomprensible si existe un documento de entrega-recepción de la administración.
Las inconsistencias de los datos de Carlos Álvarez saltan a la vista si se revisa la historia pública del déficit del ayuntamiento de Acapulco, que no se formó solamente en el gobierno de Añorve. La deuda de mil 561 millones de pesos o la totalidad del déficit (dos mil 142 millones) son la consecuencia de años de decisiones, y los nueve años que antecedieron a Manuel Añorve corresponden a gobiernos de alcaldes del PRD (Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio).
Los datos más a la mano y útiles para contextualizar la actual crisis financiera de Acapulco son los que corresponden al trienio de Félix Salgado, quien entregó CAPAMA con una deuda de 420 millones de pesos, según lo hizo público Añorve a principio de 2009 sin que nadie lo desmintiera o corrigiera. Y según los datos de Carlos Álvarez, al término del periodo de Añorve hace mes y medio, el organismo del agua tenía una deuda de 391.6 millones, cifra en la que se incluye la deuda del DIF. Más de 28 millones y medio menos. Sin embargo, de acuerdo con Álvarez, Añorve habría recibido de Félix Salgado un endeudamiento total de 396.4 millones, lo que sería imposible si solamente CAPAMA debía 420 millones, y de aquella cantidad la habría incrementado en 394 por ciento para dejarla en los mil 561 millones que reportó.
Eso significaría que la única deuda registrada por Félix Salgado era la de CAPAMA –que en su administración entró en la crisis de la que no puede salir–, lo cual también es inverosímil, pues si se recuerda, en cuanto tomó posesión de la alcaldía Salgado Macedonio acusó a López Rosas de haber dejado las finanzas del ayuntamiento en quiebra, sin un peso. Esa acusación dio lugar a una respuesta indignada de López Rosas, porque era mentira. Tan era mentira –a pesar de lo cual la mantuvo tres años–, que Félix Salgado se vio obligado a retractarse y ofrecer disculpas a su antecesor cuando López Rosas lo demandó por calumnia y daño moral. Lo hizo el 29 de diciembre de 2008, dos días antes de entregar la alcaldía.
En su momento se ignoró a cuánto ascendía la deuda total que dejó Salgado Macedonio, pues ni éste, ni Añorve ni la Auditoría hicieron público el dato. Pero el ex alcalde priísta asegura ahora que era de 919 millones de pesos, y que él la redujo al final a 806 millones, el dato que reconoce. Y Carlos Álvarez dice que eran 396.4 millones. ¿Quién miente? Hay elementos para creer que Álvarez miente sobre el endeudamiento de Félix Salgado, porque mientras menor sea, mayor resultará el de Añorve. Y hay elementos para creer que Añorve también maquilla su versión, pues existe certeza sobre los préstamos que solicitó, entre ellos uno con Scotiabank y otro con Banorte, por los cuales el ayuntamiento debe 438 millones, aunque Carlos Álvarez dijo que 423 (Proceso on line, 14 de noviembre de 2012). Es posible, pues, que en este momento la deuda real no sea ni de los mil 561 que dice el gobierno de Walton, ni los 806 millones que asegura Añorve, sino una cifra intermedia que casi forzosamente debería ser revelada por la Auditoría General del Estado.
Los 270 millones que según afirma Carlos Alvarez debe el ayuntamiento a trabajadores despedidos también debe ponerse en su debido contexto. Porque se trata de conflictos laborales acumulados durante años, desde la época en que él mismo era secretario de Finanzas durante el gobierno municipal de Zeferino Torreblanca (1999-2002). Endosar así nomás esa responsabilidad al gobierno de Añorve, lo mismo que el crecimiento desmedido de la nómina, denota claramente una intención política de desacreditarlo frente a la opinión pública. Porque también en este tema existe una historia. Félix Salgado entregó la alcaldía con 592 demandas laborales y una nómina con 6 mil 100 empleados, que de acuerdo con la información ofrecida en enero de 2009 por el entonces secretario de Administración y Finanzas, José Luis Ávila Sánchez, se había duplicado en el transcurso de los nueve años de gobiernos del PRD. Hoy es de 8 mil 156 empleados, informó Alvarez. De acuerdo con la información de Avila Sánchez, que no fue desmentida ni corregida por nadie, Félix Salgado fue un alcalde entusiasta en la repartición de bases para los trabajadores, y fue en su mandato cuando la nómina desbordó el presupuesto, que es la primera queja que abrió Walton. Más aún: fueron perredistas los que llevaron al auge las demandas laborales en Acapulco, y entre ellos ex funcionarios felixistas que reclamaron, y quizás reclaman todavía, las indemnizaciones que crearon esa enorme deuda de 270 millones de pesos.
Los datos de Carlos Álvarez no sirven para soportar la denuncia de Luis Walton, por más que ésta se identifique con un sentimiento social de rechazo al PRI. Pareciera haber engañado con ellos al alcalde de Acapulco, y Walton parece haberse dejado engañar. Al escamotear el contexto y la historia del déficit financiero, Walton y Álvarez (y detrás de ellos Ángel Aguirre) manipulan la realidad y por motivos políticos desaparecen lo sucedido en los tres gobiernos del PRD.
Es indiscutible que Añorve es responsable del endeudamiento y del déficit financiero generado en su gestión, como también lo son los tres presidentes municipales del PRD que le antecedieron. Pero no había necesidad de manipular de esa forma ni ocultar hechos para exigir el esclarecimiento de las presuntas responsabilidades que se le imputan al ex alcalde priísta.

Carlos Álvarez, el zeferinismo y Walton

Es inexplicable que el alcalde de Acapulco, cuyo triunfo tuvo su origen en una alianza de fuerzas de izquierda aborrecidas y combatidas por el zeferinismo, cediera posiciones al grupo del ex gobernador Zeferino Torreblanca al que Álvarez pertenece. Sus integrantes están ya en varios puestos relevantes del gobierno de Acapulco. Pero es todavía más sorprendente que Luis Walton haya delegado en un zeferinista la operación de sustentar la delicada denuncia del endeudamiento del ayuntamiento, porque no puede simplemente olvidarse que Carlos Álvarez fue el secretario de Finanzas durante la mayor parte del sexenio de Zeferino Torreblanca, y que esa administración está siendo cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación debido a irregularidades graves y por un cuantioso desvío de recursos, cometidos principalmente en las secretarías de Educación y de Salud. Esa visible alianza de Walton con el zeferinismo entra en contradicción con el origen y la composición política de su victoria. ¿Quería ser alcalde para gobernar con el zeferinismo?

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