Gobiernos mexicanos incumplen con acatar las sentencias de la CoIDH

Henia Prado / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Estado mexicano ha incumplido acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y son las víctimas quienes se ven obligadas a presionar para que éstas se concreten, denunciaron ayer organizaciones civiles y académicos.
“El reto de la implementación de los fallos en México es que una vez que las sentencias de la Corte han sido emitidas son las propias víctimas y sus representantes quienes, ante la displicencia gubernamental y la falta de un andamiaje institucional y legal en el que se enmarca el cumplimiento de las resoluciones internacionales deben impulsar la cabal implementación de los fallos, es un viacrucis”, explicó Abel Barrera, director de Tlachinollan.
El abogado del centro de defensa de derechos humanos que opera en la montaña guerrerense, explica que en ausencia de una respuesta estatal articulada, el proceso llega a tomar las características de una negociación forzada que desgasta a todos los intervinientes, pero sobre todo a las víctimas.
“Hay que estar peleando hasta para que llegue un doctor a la comunidad. En esas circunstancias, la proactividad de las víctimas no alcanza a revertir del todo la desidia estatal”, lamentó Barrera.
Durante el coloquio internacional Sentencia de la Corte Interamericana, su impacto en la Construcción de Estados Democráticos, el activista destacó que el déficit de cumplimiento de los fallos es explicable a la luz del desconocimiento de funcionarios públicos y dependencias sobre cómo materializar estos procesos.
“El Estado no pone al centro a la persona beneficiaria y no asume con plenitud que la fase litigiosa ha culminado. Igualmente no se ha avanzado en la adopción de mecanismos internos adecuados para asegurar que las medidas reparatorias tengan un alcance transexenal cuando su naturaleza así lo demanda, lo que deja el cumplimiento de diversas reparaciones sujeto a una excesiva discrecionalidad”, externó.
Por su parte, Alejandro Anaya integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que gran parte de los mandatos externos que el Gobierno mexicano se niega a cumplir están relacionados con violaciones a derechos humanos por parte del Ejército.
Tan sólo de 1994 a 2009, dijo, diversos órganos internacionales emitieron 20 recomendaciones a nuestro País por temas militares. De 2009 a 2011 a esta cantidad se agregaron otros 11 expedientes y cuatro sentencias de la CoIDH, no obstante, el cumplimiento sólo es verbal.
“El poder Ejecutivo sí se ha quedado en lo discursivo, el gobierno del Presidente Calderón, porque al final de cuentas lo que las sentencias le piden es que reforme el artículo 52 del Código de Justicia Militar (para que los casos sean atraídos al fuero civil) y eso no se ha reformado, eso significa que no se ha ido a la práctica, sólo al discurso”, remarcó.
En tanto, Claudia Martin, de la American University, consideró que no existe voluntad política para cumplir las disposiciones.