No invitó el Gobierno a Ayotzinapa al acto de disculpa pública por el desalojo del 12 de diciembre, denuncian

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Sólo dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, de ocho jóvenes que fueron torturados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 12 de diciembre, fueron invitados al acto de disculpa pública que realizará hoy el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Acapulco.
El acto es obligatorio y parte de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por el asesinato de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrea Pino luego de la represión en la Autopista del Sol, perpetrada por agentes de las policías federal, estatal y ministerial del estado.
El dirigente del Comité de Alumnos de la escuela, Diego Castro Domínguez detalló que el estudiante Gerardo Torres, a quién se le intentó incriminar de la muerte de sus compañeros mediante tortura y obligaron a disparar un arma de grueso calibre, no recibió la invitación personalizada que se ha hecho a otros jóvenes y la convocatoria tampoco se hizo extensiva a la Normal Rural de Ayotzinapa.
El vocero reiteró que los normalistas no asistirán el acto oficial del Gobierno del estado no sólo porque no fueron convocados, sino porque no se han atendido las demandas fundamentales de justicia por la ejecución extrajudicial de Alexis Herrera y la de Gabriel Echeverría.
Tampoco se ha castigado a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones graves a los derechos humanos de los jóvenes, reclamó.
Vía telefónica, dijo que sólo dos de sus compañeros que resultaron con lesiones recibieron la invitación tres días antes del acto oficial y que el Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón que había estado en comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), se enteró vía los medios de comunicación.
El joven rechazó, por la comunidad estudiantil, el acto de disculpa pública del gobierno del estado y aseguró que los padres de Gabriel Echeverría de Jesús, que viven en Tixtla -sede de la escuela-, no van a acudir con el gobernador.
Reconoció que no sabe si los familiares de Alexis Herrera Pino acudirán, ya que no tienen comunicación con ellos porque viven en la comunidad de la Y Griega en Atoyac de Álvarez, además, los estudiantes tomaron precauciones por la agresión de la Policía Federal (PF) el sábado 10 de noviembre, y por un grupo armado de desconocidos el jueves 15.
Insistió en que antes de ofrecer la disculpa pública, el gobernador tiene que cumplir las primeras y principales recomendaciones de justicia, para que su disculpa tenga sentido, pues los actuales procesos judiciales no están encaminados a una solución definitiva, sino a enrarecer más las investigaciones.
Recriminó que nunca los tomaron en cuenta para decidir el lugar y el momento para cumplir una de las ultimas recomendaciones de la CNDH, “y de ante mano nosotros no vamos a aceptarla, mientras los delitos de lesa humanidad sigan en la impunidad”.
El gobernador determinó unilateralmente el sitio y la organización del encuentro.
Castro Domínguez opinó que si el gobierno quisiera actuar con justicia, esperaría a que concluyeran los procesos judiciales que siguen abiertos en la PGJE, como garantía de que cumplió con la sentencia del organismo nacional que por primera vez en su historia realizó una investigación exhaustiva sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Señaló que en la última reunión con las autoridades educativas, hace unas tres semanas y donde participó el primo del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez como integrante de la mesa de negociación, tampoco les informaron al respecto.
En otro tema, informó que se amplió la queja en la CNDH sobre el desalojo de normalistas del punto conocido como Casa Verde, en el tramo Chilpancingo-Iguala, donde policías de la PF el 10 de noviembre desalojaron a estudiantes, detuvieron a cinco que también torturaron, y esperan la notificación del organismo de derechos humanos para que ratifiquen la demanda.
Asimismo, agregó que el tercero de los estudiantes que viajaba en el autobús de la Estrella Blanca que se volcó en la carretera federal México-Acapulco, antes de Chilpancingo el jueves 15, aún tiene que hacer su declaración ministerial en la PGJE para que comiencen las investigaciones. Ese día, hombres armados los abordaron con violencia, los amenazaron y los acusaron de vándalos.
Las actividades donde los normalistas fueron reprimidos en las dos últimas ocasiones son de organización y preparación para rememorar el 12 de diciembre, día del desalojo a balazos en la Autopista del Sol.