Se plantan en Casa Guerrero familiares de los alumnos acusados de Veterinaria; piden ayuda económica

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Familiares de los estudiantes de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), incriminados por la Policía federal con el crimen organizado y puestos en libertad por falta de pruebas, se plantaron en la puerta tres de Casa Guerrero, para pedir al gobernador Ángel Aguirre Rivero que los apoye con los honorarios de la defensa de sus hijos que en total asciende a 360 mil pesos.
Asimismo, solicitaron el pago del anticipo al abogado que se encargará de cerrar el proceso judicial, porque los seis jóvenes no han recibido documentos que garanticen su liberación total de cargos, así como su intervención para sacar de un corralón federal el automóvil en que viajaban los estudiantes cuando fueron detenidos, hace dos meses y medio.
En la protesta, también participaron representantes del comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero y universitarios del movimiento del 60, para exigir la firma de acuerdos para la creación de un centro de atención a víctimas de la violencia, que ya aceptó el gobernador del estado, pero que no se llevó escrito en un acuerdo.
Del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, cuestionó que en Acapulco se había montado un teatro para ofrecer una disculpa pública a los agraviados en el desalojo a balazos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre, y en pocas horas él recibió una decena de llamadas para invitarlo al acto; sin embargo, los representantes de organizaciones no se habían podido comunicar, durante 15 días, con las autoridades para conocer el avance de sus demandas.
Después, el padre de uno de los alumnos de Veterinaria, Jesús Álvarez Juárez, destacó que los familiares habían hecho un gran esfuerzo para ir a la capital desde la sierra de Coyuca de Catalán, porque el gobernador en una reunión el 29 de septiembre empeñó su palabra para apoyar a los estudiantes inculpados por los federales, y se comprometió a contribuir en el pago de honorarios de los abogados.
Sin embargo, recordó que los estudiantes salieron de su arraigo el 8 de octubre y los padres no han podido finiquitar este problema; declaró que para todos fueron días muy difíciles, porque los estudiantes fueron incriminados sin tener responsabilidad, y a la fecha siguen preocupados por la situación de inseguridad en Guerrero “máxime en tierra Caliente”, y los jóvenes aún no tienen un documento que los deslinde de cualquier investigación judicial.
Indicó que en el proceso judicial en que fueron involucrados, realizaron muchos gastos en traslado, pagos de peritajes y copias, y cuando los seis alumnos fueron liberados, los abogados les cobraron 60 mil pesos por cada uno, y aún deben el anticipo a otro abogado que se encargará de concluir el proceso judicial.
Asimismo, informó que van a insistir en que el gobierno federal dé una disculpa pública a la escuela de Veterinaria y a los estudiantes, para que se reivindiquen, y sobre todo para lograr la libertad definitiva de los estudiantes.
Del comité de familiares y amigos de secuestrados, Gabriela Ledezma denunció que aunque se ha discutido con las autoridades la creación de un centro de atención a víctimas, aún falta que se concrete en un acuerdo escrito, para garantizar que este proyecto no termine en promesas.
Requirió que en el centro se establezca un fondo para el seguimiento de los procesos por parte de los familiares, establecer la coabyuvancia en las investigaciones con la Procuraduría General de Justicia del Estado, “porque sin acuerdos escritos, no puede haber nada”, puntualizó.
Demandó que se establezca una fecha de audiencia para comenzar a materializar los acuerdos, porque aunque el gobernador dio su palabra, no se ha concretado nada, y los familiares de desaparecidos o asesinados van a seguir enfrentando el desgaste físico y económico sin el respaldo institucional.