Nunca existió una orden, mandato o directriz para reprimir a los estudiantes, reitera Humberto Salgado

Daniel Velázquez

El secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dijo que el 80 por ciento de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado al gobierno han sido “debidamente atendidas”.
Adelantó que antes de que la recomendación por el caso Ayotzinapa cumpla un año, el gobierno del estado habrá cumplido al 100 por ciento con los resolutivos, “lo que representa un hecho sin precedente en México y particularmente en Guerrero”, dijo.
La responsabilidad de los hechos fue asumida por el gobierno del estado y la recomendación 1VG/2012 fue aceptada en todos sus términos y se ha atendido para dar cumplimiento a todos sus resolutivos, dijo Salgado Gómez.
Como parte del acto de disculpa pública por la represión y el asesinato de dos estudiantes normalistas, el secretario general de gobierno presentó un informe de las acciones emprendidas por el gobierno del estado en nueve rubros.
Mencionó la indemnización, atención y reparación del daño a los familiares de los ofendidos y de las propias víctimas; procesamiento penal de los responsables; sanciones administrativas a servidores públicos; mejoramiento de las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública; el programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos; inversión económica directa en materia educativa y en la infraestructura de la normal rural Raúl Isidro Burgos; un programa de seguridad de la normal; establecimiento de mecanismos y criterios para la atención de movimientos sociales y manifestaciones políticas, y medidas de no repetición de los hechos.
En lo que se refiere a la indemnización, atención y reparación del daño, dijo que el gobierno del estado creó el Comité de Atención Integral a Víctimas, mediante el cual se identificaron 35 ofendidos, 32 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres por el gobierno del estado, y se estableció contacto con 33 de las víctimas y se integraron de manera completa 23 de ellas; y en el caso de los estudiantes fallecidos, sus familiares “ya fueron indemnizados de conformidad a los estándares internacionales”.

Indicó que en cada caso de las 33 víctimas identificadas, se les ha asignado un monto individualizado “a partir de sus condiciones y situación personal”.
Precisó que “las víctimas contactadas han solicitado al Comité de Atención Integral a Víctimas la confidencialidad de sus casos y la protección de sus datos personales”.
En lo que se refiere al procesamiento penal de los responsables, Salgado Gómez indicó que “dos policías ministeriales se encuentran sujetos a proceso como probables responsables de los delitos de homicidio y lesiones en agravio de estudiantes normalistas”, en referencia a Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, presos desde enero de este año.
“Hasta este momento no se desprende ningún medio de convicción, prueba o indicio que acredite la autoría intelectual en la comisión de estos hechos y de los delitos que se derivaron, por lo tanto me permito ponderar que en esos términos no se tienen bases o datos para considerar la existencia de autores intelectuales de estos hechos, existen autores materiales y partícipes que actuaron bajo su propia responsabilidad y que están siendo y serán penalmente sancionados, pero nunca existió una orden, mandato o directriz de parte de ninguna autoridad para actuar de la forma negligente e irresponsable en la que se actuó”, dijo el secretario general de Gobierno.
En el rubro de sanciones administrativas a servidores públicos, Humberto Salgado dijo que 12 funcionarios de primer nivel han sido separados de sus cargos, sin especificar quiénes son, sólo dijo que se encuentran “sujetos a investigación administrativa y penal”.
También han sido sancionados administrativamente 101 servidores públicos “en función de su autoría y grado de responsabilidad que les fue imputado”, añadió.
En lo que se refiere al mejoramiento de las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario General de Gobierno dijo que ambas dependencias han actualizado su marco regulatorio interno y se han publicado en el Periódico Oficial del Estado diversos acuerdos en materia de derechos de las víctimas, cadena de custodia, uso de la fuerza, detención y puesta a disposición.
Sobre el programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, Salgado Gómez dijo que desde abril se inicio con ese programa dirigido a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Agregó que al Instituto de Capacitación Policial del gobierno del estado se incorporaron módulos especializados en derechos humanos, como uso de la fuerza y las armas en operaciones policiales con especialidad en manifestaciones públicas, protección de derechos humanos durante el control y restablecimiento del orden público, respeto y garantía de los derechos humanos en el procedimiento de arresto y detención, prohibición de la tortura, tratos crueles o degradantes, protección de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y de las mujeres, principios fundamentales para las víctimas de abuso de poder.
Dijo que también se impartió el seminario en derechos humanos y principios humanitarios aplicables a la función de la policía, por parte de la Cruz Roja Internacional, y se ha solicitado a la CNDH que imparta cursos sobre derechos humanos.
Respecto a la inversión económica directa en materia educativa y en la infraestructura de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Salgado Gómez dijo que se han invertido 16 millones de pesos en servicios asistenciales como pago de becas, dotación de material didáctico, mobiliario, instalación y mantenimiento de equipo de cómputo, mantenimiento del área de lavandería y cocina, uniformes escolares y deportivos, calzado y cobertores.
Además de 40 millones de pesos en infraestructura, remodelación de baños, reconstrucción del edificio Genaro Vázquez, techumbre de cancha, y que el gobierno del estado mantiene un diálogo con el comité estudiantil de la normal, el pago oportuno de las prácticas, dotación de material didácticos, cursos, talleres y actividades extracurriculares.
Del programa de seguridad de la normal, Humberto Salgado dijo que está en proceso el diseño del mismo para “armonizar la convivencia institucional y la seguridad de la comunidad desde el programa escuela segura que opera la SEG”.
Sobre el establecimiento de mecanismos y criterios para la atención de movimientos sociales y manifestaciones políticas, dijo que se dispuesto de un “manual de atención ciudadana” en todas las dependencias estatales para estandarizar las políticas públicas de servicio y buen trato que deben corresponder a todo ejercicio de demanda ciudadana, y de “un protocolo de atención” para procesar de manera oportuna las peticiones de los manifestantes, los cuales no fueron presentados durante el acto de disculpa pública.
De las medidas de no repetición, Salgado Gómez adelantó que el gobierno presentará al Congreso local dos iniciativas de ley para el fortalecimiento del Estado de derecho, una para prevenir y sancionar la tortura en la entidad, basada en los principios y estándares internacionales en la materia, y la otra sobre la regulación del uso de la fuerza y el armamento oficial de las instituciones policiales.