La disculpa, sin familiares; primero justicia: normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Deudos de los estudiantes asesinados por policías estatales el 12 de diciembre del año pasado, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, rechazaron el acto de disculpa pública que realizó el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Acapulco, y aseguraron que sus funcionarios los convocaron como para ir a una fiesta, sin consultarlos ni tomar en cuenta su opinión.
Ayer, Aguirre Rivero realizó un acto de desagravio con la Comisión Nacional de Defensa de Derechos Humanos (CNDH) para dar cumplimiento a una de los 30 puntos de la recomendación para su gobierno por las graves violaciones que se cometieron en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.
En el comedor de la escuela normal de Ayotzinapa, momentos antes del acto oficial en un auditorio del Centro de Convenciones de Acapulco, Gabriel Echeverría Huerta, padre de Gabriel, indicó que un día antes, a las cinco de la tarde, una licenciada llegó a su domicilio a entregarle la invitación del gobierno estatal, e incluso le ofreció transporte, que no aceptó porque su hijo no ha tenido justicia.
Asimismo, Jorge Herrera Suárez, padre de Alexis, declaró que no entiende la disculpa pública del gobernador, cuando no ha cumplido en lo fundamental la recomendación de la CNDH, que es justicia.
También señaló que fue invitado de forma imprevista y de botepronto, sin preguntarle si tenían tiempo de asistir a ese encuentro.
En conferencia de prensa con integrantes del Comité de Alumnos Ricardo Flores Magón y el representante de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, Herrera Suárez reiteró que para los padres lo principal es que se haga justicia, “porque una disculpa pública no le devuelve la vida a nuestros hijos”.
El dirigente estudiantil Diego Castro Domínguez consideró que le faltó congruencia al gobierno estatal al ofrecer una disculpa pública en estos momentos, cuando no hay responsables materiales e intelectuales consignados por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis y Gabriel, y reiteró que los alumnos desconocen este acto como un cumplimiento de las recomendaciones del organismo nacional.
Además, denunció que mientras el gobernador declara ante la sociedad que cumple con la recomendación de la CNDH, también reprime a los estudiantes, y recordó que a menos de un año del desalojo policiaco, los normalistas han sufrido dos agresiones más por grupos armados, pero añadió que aún así no van a claudicar en su demanda de justicia para sus compañeros.
A menos de un mes de que se cumpla un año del desalojo a balazos de estudiantes en la Autopista del Sol, el 10 de noviembre, los estudiantes fueron desalojados y detenidos por 15 patrullas de la Policía Federal, y el jueves 15 un grupo armado de desconocidos los abordó cerca de la Autopista del Sol. En ambos casos fueron amenazados de muerte por sus acciones de lucha.
El coordinador de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, consideró que el acto oficial fue de trámite para cumplir el último punto de la recomendación de la CNDH, “para nosotros sí representa una afrenta para los familiares de las víctimas, porque la justicia no ha sido plena para los dos muchachos que fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Recordó que los juicios políticos que se abrieron en el Congreso local contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, no son garantía de justicia, porque los diputados podrían terminar por exonerarlos, no necesariamente los van a señalar como responsables.
Asimismo, los dos policías en prisión por la ejecución extrajudicial de los estudiantes están amparados y un juez federal ordenó al juez de primera instancia que emita un nuevo dictamen, es decir, que ratifique el auto de formal prisión o los ponga en libertad, dijo.
Coincidió con los normalistas en que el último punto de la recomendación de la CNDH, no puede ser antes de que se concluyan las demás recomendaciones, “que a medio camino hagan actos de disculpa”, y demandó al gobernador que sea más responsable para este tipo de actividades, “tal parece que los trivializa, y pone de manifiesto cierto desprecio a los eventos del año pasado”.
Recordó que el acto de disculpa pública del gobierno federal para Inés Fernández y Valentina Rosendo, por instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue abierto y pudo asistir toda la población de la región, y éste fue un acto muy anticipado y cerrado.
En este sentido, dijo que espera que el gobernador sea sensible y ofrezca una disculpa a los agraviados en otro momento, porque en esta circunstancia no es válida.
Sin embargo aceptó que aun sin las víctimas y los deudos, por trámite, el gobernador cumplió con este punto de la recomendación, pero “si en realidad existiera sensibilidad y compromiso verdadero éste sería el último punto del proceso de justicia integral”, pero la recomendación no dice en qué orden se tienen que hacer las cosas.
Añadió que por lógica y sensibilidad humana, el gobernador tendría que estar empujando para que los autores materiales e intelectuales sean efectivamente castigados, con sentencias firmes y ejemplares, para inhibir estas agresiones.
También señaló que para la Red es inadmisible que el gobernador pida al presidente electo Enrique Peña Nieto una nueva investigación por el desalojo policiaco de Ayotzinapa, “más bien parece que pretende desviar la atención de las investigaciones que realizó la CNDH para que el caso quede en la impunidad”.
Mediante un boletín, los estudiantes ratificaron que ante los tres ataques armados a Ayotzinapa en menos de un año, la única consigna es castigo a los asesinos, y no sólo el discurso donde repitan que ya todo está solucionado”.
Ratificaron que no aceptan la disculpa pública, exigieron el cumplimiento cabal de las recomendaciones, castigo a los autores materiales de Jorge Alexis y Gabriel, y no más ataques a los normalistas de Ayotzinapa.