Salgado Gómez apuesta a la impunidad, aseguran normalistas y el Centro Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que si no existen directrices ni pruebas que acrediten a los autores intelectuales del desalojo a balazos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, es responsabilidad del gobierno del estado y de los organismos de justicia “inoperantes” que realizaron procedimientos judiciales viciados e irregulares de origen.
El abogado del organismo, que también representa a los estudiantes normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que si no hay pruebas para señalar con bases la existencia de autores intelectuales, como lo declaró el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, no significa que no se puedan investigar, pero aceptarlo en un acto público es apostarle a la impunidad.
Asimismo, el dirigente estudiantil Diego Castro Domínguez consideró que el acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas del desalojo policiaco (sin los familiares), se realizó para cumplir con uno de los puntos de la recomendación de la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el desalojo violento de los normalistas, y para que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se deslinde de toda responsabilidad.
Sin embargo, consultados por separado, coincidieron en que van a llevar la demanda de justicia integral para los agraviados ante organismos internacionales.
Rosales Sierra reiteró que miente el gobierno del estado cuando dice que ha cumplido 80 por ciento de los puntos de la recomendación al gobierno de Guerrero por las violaciones graves por tortura, abuso y uso desproporcionado de la fuerza y las dos ejecuciones extrajudiciales de alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Para confirmarlo, indicó que tan sólo en el aspecto de la indemnización de los deudos y a las víctimas, hace tres días se discutía con las autoridades el caso de uno de los estudiantes heridos de bala, porque las autoridades se niegan a resarcir el daño de acuerdo con los estándares internacionales, a pesar de que el joven tendrá secuelas de la lesión durante toda su vida.
En el acto oficial en Acapulco, que se realizó mientras deudos de los dos estudiantes asesinados rechazaban la disculpa pública, Salgado Gómez señaló que existen autores materiales y partícipes que actuaron bajo su propia responsabilidad, y serán penalmente sancionados, “pero nunca existió una orden, mandato o directriz de parte de ninguna autoridad para actuar de forma negligente e irresponsable”.
Vía telefónica, Rosales Sierra señaló que esa aseveración está encaminada a la impunidad, porque si bien el expediente no arroja autores intelectuales, eso no quiere decir que no los haya, “por supuesto que hubo una orden de las altas esferas y a las autoridades les corresponde hacer esas investigaciones”.
Recordó que tras el desalojo del 12 de diciembre se realizó un proceso sumamente viciado, irregular, no se recogieron una serie de probanzas y eso es imputable al Estado, que no se puede escudar en las deficiencias de su propia investigación.
Añadió que el mensaje que está enviando el gobernador a las víctimas es que el caso se va a quedar en la impunidad, en el olvido, “esa es la postura del gobierno, nosotros diferimos diametralmente; el rubro de justicia sigue pendiente”.
Señaló también que el gobernador no se refirió en su mensaje a los ocho casos de tortura, en particular al del estudiante que iba a ser incriminado por la PGJE; en este sentido, denunció que las demandas penales tampoco han tenido seguimiento, a pesar de que la CNDH hizo énfasis en este tema.
Cuestionó “cuántos procesados hay por los casos de tortura, los estudiantes ni siquiera fueron citados a declarar como testigos, las únicas diligencias de la investigación son la presentación y ratificación de la denuncia en febrero”.
A través de un desplegado, el gobierno del estado informó ayer que son 101 servidores públicos los sancionados administrativamente en función de su participación y del grado de responsabilidad que les fue imputado por las autoridades investigadoras.
En este sentido, Rosales señaló que el fiscal para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado Palacios, y el ex director de averiguaciones previas, José Vélez Zapata, ya están de regreso en sus puestos de trabajo, “qué está pasando con eso, sólo hay una simulación”, objetó.
Aclaró que los agraviados no saben a qué funcionarios se refieren el informe oficial, porque no han notificado a las víctimas quiénes son y qué tipo de procedimientos se iniciaron, y añadió que más que claridad, los datos generan dudas e incertidumbre, “no contribuye en el avance de la justicia”.
Del juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, recordó que depende de los acuerdos políticos partidistas que se puedan dar en las fracciones del Congreso para que se aplique o no una sanción.
Reiteró que el Poder Legislativo no representa un contrapeso real al Poder Ejecutivo, ni se observa una preocupación genuina en los diputados por las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes.
Calificó de inaudito que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, estigmatice a los normalistas llamándolos ayotzinapos y justificando una disculpa pública vacía, sin contenido, sin víctimas.
Castro Domínguez también alegó que el diputado Ortega con sus declaraciones defiende al gobierno estatal y deja de manifiesto la parcialidad del Congreso en el juicio político contra los ex funcionarios perredistas.
De los policías estatales procesados por el homicidio de los estudiantes, Rosales Sierra acusó al Ministerio Público de conducir un proceso débil, endeble, pues en cualquier momento los señalados saldrán de prisión porque no habrá elementos para fincar responsabilidad ante la deficiencia procedimental.
En cuanto al rubro del mejoramiento de las actuaciones de la PGJE, donde se destaca la actualización del marco regulatorio, el abogado señaló que no tienen conocimiento de que se esté aplicando ningún protocolo de cadena de custodia, ni atención a las víctimas.
Pero añadió que aun cuando lo hubiera, el problema de Guerrero no son las normas, que sí hacen falta, como la tipificación de tortura, que se adopte el protocolo de Estambul para la documentación eficaz de la tortura, “el tema de la PGJE es de las personas que están ahí incrustadas; tenemos un cuerpo policiaco donde la mayoría no han pasado exámenes de confianza y certificación, una policía y ministerios públicos con historiales de violaciones graves a los derechos humanos, de desapariciones forzadas, acusados de vínculos con el  crimen organizado, corrupta, autoritaria, es evidente que no van a observar los protocolos”.
Asimismo, señaló que la PGJE tiene una contraloría interna de lujo que no sanciona a servidores públicos, y “si esos órganos de control interno y de fiscalización no funcionan, para qué sirven los protocolos”.
Enfatizó que la recomendación de la CNDH implica la reestructuración de la PGJE, una limpieza del personal que responde a un pasado autoritario, y prueba de ello es lo que pasó el 12 de diciembre.
También en consulta telefónica, Castro Domínguez informó que tras el acto de disculpa pública del gobierno estatal están analizando con los deudos y las víctimas un plan de acción, porque es preocupante ver que las acciones del gobierno están orientadas a la impunidad.
Señaló que las autoridades dicen que se indemnizó a los deudos y a las víctimas de desalojo policiaco, pero aseguró que los normalistas no han sido contemplados en el “Plan integral de de reparación del daño para las víctimas afectadas por los acontecimientos del 12 de diciembre del 2011, en la carretera México-Acapulco”.
Sobre el tema del fortalecimiento en materia educativa, donde el gobierno estatal dijo que invirtió 40 millones de pesos, Castro Domínguez aclaró que las reparaciones y rehabilitaciones de algunos espacios son de dudosa calidad, porque en el comedor de la normal ya se observa deterioro, y las obras de un edificio escolar que se usa como dormitorio están detenidas.
También lamentó que desde el Congreso local se criminalice y promueva el estigma contra los normalistas de Ayotzinapa, luego que el diputado Bernardo Ortega aceptó que desalojaron el edificio por la protesta de los normalistas el 14 de noviembre, y señaló que en esa ocasión, antes de llegar al edificio preguntaron si podrían recibir a los estudiantes una comisión de legisladores, pero los policías les dijeron que no había nadie para atenderlos.