Aún no cumple el Estado la sentencia de la Coidh en el caso de Inés Fernández, denuncia la OPIM

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM) denunció que el gobierno del estado y federal no han cumplido con la sentencia que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), por el caso de Inés Fernández Ortega, a pesar de que se ha comprometido en dos ocasiones.

En un documento enviado ayer denominado Los gobiernos no tienen palabra, la dirigencia de esa organización reclama a los dos órdenes de gobierno que concretamente no han cumplido con la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa “por el asunto de nuestra compañera Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por soldados del Ejército mexicano hace 10 años”. Recuerdan que en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una sentencia condenando al Estado mexicano a la reparación del daño.

Sin embargo, denuncian que a 2 años de que la Coidh sentenció al Estado mexicano, a la fecha no se ha cumplido cabalmente la sentencia, a pesar de que Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación Federal, firmaron un compromiso el 6 de marzo para llevar a cabo un plan de desarrollo de mediano plazo para las zonas indígenas del municipio de Ayutla.

Pero la organización denunció ayer a través de un comunicado que “a como se han dado las cosas, estamos seguros que no cumplirán su palabra”.

El documento agrega que “no solo eso, el 20 de marzo de este año en casa Guerrero, Ángel Aguirre Rivero empeñó su palabra escrita y firmó su compromiso en el sentido de que en la comunidad de Barranca de Guadalupe, que no tiene maestros desde hace dos años, su gobierno daría tres plazas, por lo que una maestra fue propuesta por la OPIM, y a ocho meses de que empeñó su palabra no ha cumplido”.

La dirigencia de la agrupación también denuncia en su documento que el 11 de septiembre, “nuevamente los gobernantes empeñaron su palabra y firmaron un plan de acciones y compromisos para las zonas indígenas de Ayutla, consistente en diversas obras y proyectos productivos que ascendieron en papel a cerca de 40 millones de pesos”.

Y en se sentido la OPIM reconoce que “aparentemente logramos un avance con este compromiso, pero en realidad, ahora nos enfrentamos con la corrupción imperante en dependencias públicas y empresas privadas encargadas de hacer las obras”.

Denuncian que en la comunidad del Camalote, por ejemplo, se aprobó la obra de drenaje y alcantarillado con un monto de 6.5 millones de pesos, “y pedimos el presupuesto de la obra, y ni CAPASEG, mucho menos la empresa nos ha entregado el presupuesto con el fin de que el pueblo no conozca cómo se gasta el dinero que es del pueblo”.

También denuncian que la SCT, en la obra de empleo temporal para rehabilitar el camino a Barranca Tecoani, (el pueblo de Inés), tampoco ha entregado el presupuesto desglosado de la obra, “y quiere engañar al pueblo diciendo que 450 mil pesos son para pagar su  viáticos y gasolina.

La OPIM, también denuncia en su escrito que en el caso del programa de pisos firmes de Sedesol federal, “son una muestra clara del robo del recurso del pueblo, la empresa, en lugar de poner 8 centímetros de grosor de pavimento puso 3 o 4, y el resto de cemento se lo robó”.

El documento que es firmado por la presidenta de la organización Obtilia Eugenio Manuel, el secretario Cuauhtémoc Ramírez y el comisario de El Camalote, Remigio Guzmán Silverio denuncian por otra parte que los jefes de las brigadas de salud se comprometieron por escrito a tener su sede en Barranca de Guadalupe 20 días por mes pero que no lo han cumplido.

Además dicen que los 2 millones de pesos que la CDI se comprometió para proyectos productivos de mujeres y hombres no lo van a cumplir, “y lo peor es que sus promotoras indígenas han pedido dinero a las mujeres de la organización para comprar sus teléfonos celulares y aprobar los proyectos, de lo contrario no serán aprobados, como las compañeras no les dieron un peso, no salieron sus proyectos que el gobernador y el secretario de Gobernación han comprometido con su firma de por medio”, denuncian en su escrito.

También denunciaron que el Ayuntamiento de Ayutla se comprometió a poner 4 millones de pesos para el plan de desarrollo “y no ha puesto ni un peso y el presidente municipal, Severo Castro Godínez, ya dicho que tampoco va a cumplir con poner 200 mil pesos para la construcción del centro comunitario de atención a la mujer, producto de la sentencia de la Corte”.

La dirigencia denuncia que: “una prueba más que los gobernantes no tienen palabra, ha sido la falta de cumplimiento de las medidas de protección que la Corte Interamericana le ordenó al Estado mexicano de darnos garantías de seguridad en nuestro trabajo de defensa de derechos de los pueblos indígenas; tiene tres años este mandato y no le interesa cumplirlo, el actual subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos del estado de Guerrero, ni siquiera se presentó a la reunión que acordamos para revisar este asunto, como una muestra de desprecio al mandato de la Corte Interamericana y a los indígenas”.

Y en ese sentido agrega que eso implica que el castigo a los criminales de nuestros compañeros desaparecidos, torturados y asesinados, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas y Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, “pues simplemente que no tienen palabra ni creemos en su palabra y los asesinos seguirán libres”.