De la oficina de García Luna salió la orden de disparar contra normalistas, sostiene López Rosas

Aurelio Peláez

Ciudad de México

El ex procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, presentó este lunes el libro Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades (una infamia desde el poder), en donde los dos presentadores, el ex consejero del IFE y diputado federal por el PT, Jaime Cárdenas Gracia, y el consultor de la ONU en asuntos de seguridad, Samuel González Ruiz, respaldaron la hipótesis y el testimonio del también ex alcalde de Acapulco, de que la decisión de disparar contra normalistas de Ayotzinapa que protestaban en la vía federal de Chilpancingo se tomó desde la ciudad de México, y en concreto desde la oficina del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Cárdenas Gracia y González Ruiz también criticaron la postura que asumió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, dijeron, no realizó una investigación completa, pues no investigó a fondo la responsabilidad que tuvieron ese 12 de diciembre del año pasado los agentes de la Policía Federal, a los que López Rosas involucra como los que dispararon en contra de los estudiantes, que bloqueaban la autopista federal como una parte de sus recurrentes estrategias para demandar recursos y plazas para la normal de Ayotzinapa.
En cambio, se procedió en contra de las autoridades y la policía local, dice.
Ante casi un centenar de asistentes a la Casa Lamm, el lugar de la presentación en la conocida colonia Roma, López Rosas presentó videos, fotografías, gráficas de la logística de los hechos de ese día en el que murieron dos estudiantes y un trabajador de una gasolinería, en donde reitera que quienes estuvieron a cargo inicialmente de la operación policiaca de seguimiento a la protesta fueron los policías federales.
Ante un auditorio diverso, donde estuvieron entre otros el ex diputado por el PT, Félix Castellanos; el jurista Eduardo Betancourt y el animador de televisión Javier Carranza, El Costeño, López Rosas, quien enfrenta una demanda de juicio político promovida entre otros por la CNDH, afirmó que el testimonio que presenta lo mantendrá hasta que el gobierno federal le ofrezca una disculpa pública, pues se dijo una víctima de la manipulación política, mediática y jurídica de los hechos.
Institucional no obstante, a la manera de la disciplina de los regímenes priístas, López Rosas evadió confrontarse al menos en la conferencia y en público, con uno de los personajes que ha librado de diversas maneras su responsabilidad en los hechos, el actual secretario de Gobierno estatal y hombre de las confianzas del gobernador Angel Aguirre, Humberto Salgado Gómez.
Y es que, los trascendidos ubican a Salgado Gómez como el personaje –siniestro dirán algunos- que estuvo acordando con la secretaría de Seguridad de Gobernación de García Luna la respuesta ante los hechos de ese día, y que posteriormente, tras darse la represión y ataque a los estudiantes con el saldo de dos muertos, habría informado a López Rosas, sin asumir responsabilidad alguna en las instituciones: “Quiero detenidos”, se narra en el libro que pidió el secretario de Gobierno al entonces procurador. Sin embargo, es conocido que tras la presión de la PGR, de la misma SSP de García Luna y la CNDH, el gobernador protegió a Salgado Gómez, y en cambio accedió a “renunciar” tanto a su procurador, López Rosas, como a su secretario de Seguridad, Ramón Almonte Borja.

López Rosas, sin responsabilidad: Jaime Cárdenas

Para el ex diputado federal y ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas Gracia, López Rosas fue otra víctima de los hechos en los que murieron los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pinto y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como Gonzalo Rivas Cámara, que laboraba en la empresa gasolinera Eva II.
Afirmó Cárdenas Gracia que el acontecimiento se dio en el contexto del recorte del apoyo a la educación pública por parte de los gobiernos panistas y que ha provocado que al cierre del 2012 haya 9 millones de jóvenes Ninis en el país (que ni estudian ni trabajan).
Destacó otro hecho histórico, que por décadas se haya caracterizado y caricaturizado a Guerrero como una sociedad violenta y con gobernantes proclives a la represión, pero dijo que no se ha tomado en cuenta la violencia de las autoridades federales, como sería el caso de la represión a los estudiantes de Ayotzinapa.
Sostuvo que la represión se dio en el contexto de la toma de control de la seguridad en los estados, que puso en práctica el gobierno de Felipe Calderón, y que dejó poco margen de maniobra a gobiernos estatales y municipios, con el saldo de 60 mil muertos en el sexenio.
El ex consejero del IFE contó que de acuerdo a lo revelado por López Rosas en el libro, éste habría sido enterado ya muy tarde de la operación de la Policía Federal en la autopista, y por lo tanto de acuerdo a esa logística, quedaría eximido de las decisiones que se tomaron.
Insistió que el origen de esas decisiones estuvo en la ciudad de México, en las oficinas de García Luna. En público, Cárdenas Gracia destacó la honorabilidad del ex alcalde de Acapulco, de quien dijo haber recibido cuando era procurador toda la atención para dar seguimiento al caso del asesinato de Armando Chavarría.

Impulsar ley para el uso de la fuerza

El abogado Samuel González Ruiz, profesor de la UNAM y especialista en derecho, dijo que la experiencia del caso Ayotzinapa debe servir para impulsar en los estados un reglamento de uso de la fuerza en los estados, que actualmente sólo tiene la ciudad de México.
Asimismo, comparó la actuación de la Policía Federal en el caso de Ayotzinapa con los hechos de Tres Marías, en Morelos, donde igual se pretendió encubrir el papel de los agentes federales.
González Ruiz contó que en el caso de Tres Marías hubo también una decisión desde una oficina de la ciudad de México para eliminar a agentes de la CIA que realizaban una investigación sobre el narcotráfico en esa entidad.
Igualmente, dijo, hubo una decisión política, desde el gobierno del presidente Felipe Calderón, para encubrir la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como la hubo en el caso de Ayotzinapa.
González Ruiz insistió en que los gobiernos y los congresos deben impulsar un reglamento de uso de la fuerza por parte de la policía, para evitar en el futuro hechos como el de Ayotzinapa, en donde resaltó la falta de colaboración de los gobiernos federal y estatal para enfrentar una protesta de estudiantes, aunque insistió en que –y también exonerando a López Rosas de responsabilidad— el control de la situación antes de la represión la tuvo la Policía Federal.
El ex alcalde de Acapulco insistió en que mantendrá su actividad política –está además libre bajo fianza y eludió ser detenido por agentes federales que cercaron su casa— hasta limpiar su imagen pública, ser exonerado y rehabilitado políticamente.
Adelantó que interpondrá además una demanda de juicio político contra el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, por la investigación sesgada de los hechos del 12 de diciembre, que no tocaron a la Policía Federal, y en contra de García Luna, por manipular los hechos que incluso tuvieron el respaldo informativo de El Noticiero de Televisa.
López Rosas confió que informó de la publicación de este testimonio al gobernador, pero que no se lo había presentado.
De la presentación del libro en la ciudad de México, contó que era en parte una medida de seguridad ante el asedio de la Policía Federal de García Luna, quien quiere quedar impune ante estos hechos.