Jesús Mendoza Zaragoza

2011, un año crítico para Acapulco

Desastroso resultó el año que ha terminado para Acapulco y para el país con los altos índices de violencia que hicieron crisis en nuestra ciudad por los meses de agosto y septiembre. El paro del magisterio en algunas áreas de Acapulco fue una respuesta ciudadana altamente significativa y que obligó a las autoridades a poner una mayor atención a la alarmante situación de inseguridad. Y la puesta en marcha de la Operación Guerrero Seguro fue una medida de emergencia que ha permanecido aún, lo que quiere decir que la emergencia no ha pasado.
Lo que se impone ahora es una valoración de esta crisis que elevó los niveles de sicosis en la población acapulqueña al grado de que tuvimos que cambiar algunos de nuestros hábitos y conductas como medidas de precaución. Desde luego, hay percepciones superficiales de la violencia y la inseguridad que dan por sentado que Acapulco volvió a resplandecer con la avalancha de turismo que llegó durante las pasadas semanas. Es innegable que hubo una disminución muy sensible de los hechos de violencia y que los medios en general no han enfocado el tema de la violencia desde hace unos tres meses. Esta percepción pretende dejarnos la idea de que la violencia es un asunto resuelto y que ya no hay motivos para una mayor preocupación.
Creo que esta posición es extremadamente engañosa y peligrosa. Engañosa porque supone que la violencia es un asunto sencillo que podía resolverse con un mayor concurso de la fuerza pública olvidando los factores estructurales, institucionales y personales que han estado cultivando la violencia en México y en nuestra región. La Operación Guerrero Seguro se enfocó a operativos de vigilancia de las calles y de los puntos críticos, a la captura de narcomenudistas, sicarios y demás personal involucrado con las bandas criminales, a asegurar vehículos robados con violencia. Esta amplia presencia policiaca y militar inhibió la actuación pública de los criminales que han optado por el repliegue.
Pero hay raíces de la violencia que no se han tocado de manera seria y responsable, que persisten como amenazas de que en otro momento vuelva a presentarse otra situación crítica como la que tuvimos este año que ha terminado. Hay que pensar sólo en la alta demanda de drogas que persiste, pues donde hay demanda hay oferta también. Es una ley del mercado. Las adicciones a las drogas han crecido y no ha habido acciones sustanciales que ataquen esta situación que facilita la presencia de las bandas criminales.
Un factor de alto riesgo es la corrupción en las esferas públicas que se ha manifestado en omisiones y complicidades de autoridades civiles y policiacas con el crimen organizado. La corrupción pública sigue siendo una de las mayores amenazas y sigue intacta. Policías, autoridades municipales, estatales y federales, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad pública y en la procuración y la administración de justicia –sin olvidar a presidentes municipales y legisladores– han sido un eficiente apoyo para el crecimiento de la criminalidad. Y siguen en sus puestos sin mayor problema. No sabemos hasta ahora de un solo político sometido a juicio por delincuencia organizada.
Y, ¿qué decir de las raíces económicas de la delincuencia organizada? El desempleo coloca a la gente en un alto riesgo de involucrarse en actividades ilícitas. La pobreza y la desigualdad tan generalizadas generan situaciones críticas que suelen ser aprovechadas por los criminales. Por otra parte, el lavado de dinero sigue siendo un tema tabú que no se ha tocado dejando que crezca el patrimonio de los criminales. Se dice que el setenta por ciento de la economía formal está infiltrada por los criminales mediante el dinero sucio. Y, ¿qué no podemos pensar de la economía no formal, del comercio ambulante y del mercado negro?
A todo esto tenemos que añadir las violencias cotidianas que los ciudadanos producimos en los ámbitos familiares, educativos y laborales. Los mismos ciudadanos estamos sumergidos en dinámicas violentas en las relaciones interpersonales, comunitarias y sociales y, en cierta forma, complicamos más las cosas y contribuimos a la violencia con gestos y lenguajes. Las dinámicas violentas al interior de la sociedad siguen vigentes y presagian más tiempos de inseguridad y de miedo.
La crisis social que los acapulqueños hemos vivido en el año pasado no se ha resuelto, sino que está en un momento de receso. El peligro está en que los ciudadanos nos traguemos la historia de que Acapulco ha vuelto a resplandecer y que se desactiven los esfuerzos para atacar las raíces de la violencia. Lo peligroso está en que los ciudadanos nos dispongamos a llevar nuestra vida cotidiana sin mayor atención a las entrañas mismas de la violencia y despertemos de nuevo a la pesadilla que vuelva a alimentar el miedo.
Debiéramos ver el año 2012 como una oportunidad para ir más a fondo en la construcción de la paz. Es tiempo de que la sociedad civil se rehabilite, que abandone el miedo y la indiferencia para suscitar iniciativas y acciones que conduzcan a soluciones de fondo. Hay que pensar que la restauración de la descomposición social que padecemos es de mediano y largo plazo y que tenemos que hacer el ánimo de mirar lejos y de actuar en consecuencia.
Acapulco no tiene que ser como antes, como hace unos años. Porque Acapulco fue como fue por eso estamos así ahora. Si queremos un Acapulco diferente, tenemos que empezar por soñar, por imaginar lo que puede llegar a ser si nosotros actuamos. Necesitamos despertar una utopía que dinamice nuestras energías para construir la ciudad que queremos y que sí es posible. Es necesaria la movilización permanente de la sociedad civil y no esperar a que vengan los tiempos de crisis para generar movilizaciones meramente reactivas que no conducen a los cambios profundos que necesitamos para contar con una sociedad sana y pacífica.