Sufren jornaleros indígenas dicriminación, injusticia y maltrato, denuncian en Tlapa

Sergio Ferrer

Tlapa

Una serie de testimonios de jornaleras y jornaleros agrícolas fueron presentados este martes en una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) entre los que se encuentran relatos que dan cuenta de maltratos, discriminación e injusticia en contra de migrantes indígenas.
Catarino y Francisca, ñuu savi de Cascada del Zorro en Cochoapa El Grande relataron en su lengua apoyándose para la traducción en intérpretes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, la situación que viven en su comunidad cuando al regresar después de migrar a Morelos el maestro de la escuela del pueblo se negó  aceptar a sus hijos.
Catarino recordó que sufrió en el campo agrícola porque el trabajo era muy pesado, Francisca detalló que su hija se enfermó porque en el campo se tenía que levantar a las tres de la madrugada, los niños no comían a sus horas y les pagaban muy poquito además de que el patrón los criticaba y discriminaba a sus hijos y a los de otros trabajadores, los maltrataba por lo que mejor regresaron a su comunidad aunque no haya trabajo y poca comida.
Pero, al regresar e intentar ingresar a sus cinco hijos a la escuela, el único maestro que cubre la educación primaria en el pueblo no aceptó a los niños y le increpó a los padres que ellos tenían la culpa por haber migrado y no inscribirlos en la escuela. Hasta el momento sólo uno de los infantes logró entrar como oyente a la escuela.
Estas declaraciones de las jornaleros y jornaleros fueron presentadas ante un grupo de especialistas integrado por  Sergio Sarmiento, Beatriz Canabal Cristiani y Antonieta Barrán, investigadoras y especialistas en temas de La Montaña y jornaleros agrícolas.
También estuvo en la mesa Camilo Pérez Bustillo, representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, Juan Molina, misionero del Espíritu Santo y Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y parte del Consejo de Garantes del proceso del TPP en México.
El acto se realizó en la Casa Católica luego de que la Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa destinada a jornaleros y donde se efectuaría la pre audiencia, estaba ocupada por adherentes del programa 70 al ser requeridos por el programa en esas  instalaciones propiedad del gobierno federal.
Otro testimonio rendido, es el de Cristina y Eugenio habitantes na savi de Totohuehuetlán en Copanatoyac cuyo hijo lleva más de un año encarcelado al ser culpado de la muerte de otros jornaleros en un incendio en el lugar de hacinamiento de un campo agrícola en Sonora pudiendo tener una condena de hasta 20 años de prisión.
La pareja señaló que reclaman sus derechos a las autoridades y a los jueces que recogieron el testimonio les contaron que su hijo fue acusado de provocar un incendio en el campo agrícola al que fueron a trabajar y no han sabido cuál ha sido la situación de su hijo, que tiene un defensor de oficio, al no tener dinero para acudir a Hermosillo donde está preso.
Aunque dijeron confiar en las autoridades, acudieron al Centro de Derechos Humanos de La Montaña para recibir orientación para resolver el problema de su hijo Francisco Peláez Cantú quieren justicia.
Se conoció que los cuartos que se quemaron estaban construidos con cartón y lámina no metálica por lo que no facilitó la salida de quienes estaban dentro del lugar destinado como dormitorio para los jornaleros que se quemó.
Si bien hay planteamientos de que fueron jornaleros locales quienes quemaron las construcciones, otros jornaleros se negaron a testificar por temor por lo que la incertidumbre de los padres de Francisco es notoria y contrasta con la firmeza en sus declaraciones al afirmar que las condiciones de vida en los campos agrícolas son injustas.
Pérez Bustillo, encargado del Eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a jornaleras, jornaleros y estudiantes de la UPN que asistieron a la sesión que en Guerrero, México, América Latina y el mundo hay  estructuras que reproducen la injusticia siendo la migración uno de sus productos.
El experto indicó que la migración no es un proceso libremente elegido por quienes migran, porque la decisión de irse es producto de una situación de injusticia ante lo que se requiere entender las causas y conocer a sus responsables.
El TPP buscar articular los procesos ocurridos en Acteal, la Caravana de Madres de Desaparecidos de Centroamérica, la masacre de San Fernando, la situación de los Ex braseros y los migrantes de La Montaña visto como un problema común ante la necesidad de articulación y organización de los pueblos.
“Es un momento propició de hacer balances porque los problemas seguirán profundizándose en la coyuntura del cambio de gobierno por lo que es necesario estar preparados en espacios de reflexión”, matizó Pérez Bustillo.

Hay 100 mil migrantes asesinados, secuestrados o violados en los últimos cinco años: TPP

El TPP tuvo recientemente dos audiencias en Chiapas, una en Tapachula durante la culminación de la caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidas y desaparecidos en su camino por una vida mejor en el norte del continente provenientes de países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o Nicaragua.
En los últimos cinco años mas de 100 mil personas migrantes han sido asesinados, secuestradas, violadas o vulneradas en algún derecho y en su dignidad. También ha ocurrido en procesos de contrainsurgencia o guerra sucia como el caso de Guerrero donde las políticas estatales han producido migración forzada o desplazamiento forzado.
Ante esto, el TPP busca denunciar el terror de Estado perpetrado por autoridades de los tres niveles además de militares y policiales contra las migrantes en tránsito ya que los crímenes tienen la mano del Estado que también actúa a través de actos de terror por lo que se busca someter a juicio a los responsables.
Además de Guerrero, otros pueblos afectados por la guerra sucia son los pueblos indígenas de Los Altos y la selva de Chiapas, en específico los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal que pidieron presentar el caso de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la que murieron 45 personas indígenas masacradas que habían sido desplazados a la fuerza de sus comunidades por políticas de Estado que ahora acosan y maltran a los migrantes.
“La lucha de la Caravana de Madres y Las Abejas es la misma lucha, responde a las mismas condiciones que produce la injusticia en La Montaña por lo cual el compromiso del TPP es procurar que las denuncias y testimonios lleguen a todo el mundo, que se sepa que hay injusticia en la región en el marco de procesos de migración provocado por la injusticia” afirmó Pérez Bustillo.
Otro caso con el que se quiere conectar estas situaciones es el proceso relacionado con migrantes, específicamente con la masacre de San Fernando ejecutada en Tamaulipas en 2010 en la que el Estado decía que eran otros los que estaban asesinados que eran Los Zetas o en Acteal fueron los paramilitares para nunca reconocer la incidencia y responsabilidad de autoridades civiles, militares y policiales.
Es por eso que el TPP busca generar un puente en todos esos testimonios de denuncias y casos para
poner a juicio al Estado mexicano en todos los niveles de poder que contribuyen a crear condiciones de injusticia.
El tribunal no es lo mismo que otros tribunales formales del Estado, éste tiene el compromiso de la construcción de otro derecho y otra justicia, justicia alternativa, popular, comunitaria, colectiva y comprometida con las luchas por la liberación de los pueblos y en contra de todas las formas de explotación, opresión y discriminación, aseguró el especialista.
En el evento hubo más testimonios como el de Celestina, mujer originaria de una comunidad na savi oaxaqueña, quien es madre soltera pues su esposo murió por un accidente durante el recorrido  en el camión de redilas rumbo al campo agrícola donde trabajaba en el norte del país.
Los empresarios contratistas no apoyaron a la mujer con el traslado del cuerpo de su marido a su lugar de origen, “lo querían quemar allí para no gastar” explicó la joven en castellano que agregó que el camión en el que viajaban iban apretados y apenas si cabían incluso sentados en la parte alta.
Hermelinda de la comunidad me´phaa de Francisco I. Madero en Metlatónoc relató las dificultades que sufrió al morir su madre atropellada por uno de los socios del campo agrícola en el que trabaja. Su madre falleció al cruzar una carretera en donde los dejó inadecuadamente el transporte para no pagar 55 pesos en una caseta.
Los dueños de los campos no quisieron hacerse responsables del traslado de su madre por lo que Hermelinda no desistió y buscó la manera de trasladarla a su tierra. Ella es madre soltera ya que su esposo se fue y no regresó aunque ya tenían hijos.
Hubo varios casos más entre los que destaca el de Cecilia y su hijo Antonio  de Joya Real Cochoapa el Grande, que regresaron un 5 de septiembre de San Quintín Baja California porque el explotador los trató mal y les pagaba poco dinero.
Ellos y más de cuarenta pasajeros que viajaban en  el autobús que rentaron para su regreso, por inprudencia del conductor, sufrieron un accidente al volcarse el vehículo.
Luego del accidente ocurrido en Xochihuehuetlán, la Policía Federal al parecer acordó con el chofer dejarlo libre y posteriormente enviar a la gente a descansar a Tlapa quienes al regresar por sus pertenencias al autobús se dieron cuenta que les robaron su dinero juntado en cuatro meses de trabajo de todas las familias mixtecas.
Estos son algunos ejemplos de las situaciones que padecen las y los migrantes de La Montaña de Guerrero, población indígena que se enfrenta a condiciones de trabajo inferiores a las señaladas por las normas internacionales.
En base a información investigada por  Tlachinollan en México 26 por ciento de la población es migrante.