Jorge G. Castañeda

Demandas en Estados Unidos

Seguramente no surgió el “caso Zedillo” en la conversación entre Peña Nieto y Obama el martes. Tenían cosas mucho más importantes que discutir. Pero en alguna reunión venidera probablemente surgirá si no el caso, sí su sustancia, a saber el otorgamiento de Inmunidad Diplomática por el Poder Judicial de Estados Unidos a ex mandatarios latinoamericanos, africanos, asiáticos o mexicanos que deciden pasar parte o todo su tiempo en Estados Unidos. Y resurgirá porque por desgracia el caso Zedillo no se ha resuelto en el Tribunal de  Connecticut (donde fue demandado en 2011 por 50 mill. de usd por familiares de víctimas de Acteal en dic. de 1997).
El gobierno de México, vía la SRE y la embajada en Washington, solicitó desde el 4 de noviembre del año pasado al gobierno estadunidense que éste sugiriera al juez encargado del caso en Connecticut que extendiera inmunidad  a Zedillo, invocando la ley de 1976 sobre Inmunidad Soberana. El juez pidió a la Casa Blanca que emitiera su opinión; hace varias semanas lo hizo: sugirió que efectivamente el juez concediera la Inmunidad Soberana a Zedillo. Pero en lugar de que ahí terminara el asunto, los abogados de los quejosos, tanto en México como en Estados Unidos reviraron con dos recursos jurídicos diferentes. El de menor interés es el que se presentó ante el Tribunal estadunidense el 9 de octubre de 2012, consistiendo en una solicitud de no sobreseimiento del caso, argumentando que no correspondía la Inmunidad Soberana tratándose de una demanda civil. El recurso constaba de 213 páginas, muchas de ellas en castellano, e incluyen una revisión del proceso del sistema judicial mexicano.
Pero el recurso más interesante es el que se presentó en México: un amparo presentado el 3 de octubre de 2012 en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del DF, por los quejosos Mariano Luna Ruíz y coagraviados reclamando varios actos al Poder Ejecutivo (entre ellos divulgar la identidad de los quejosos), pero uno en particular. Se reclama al Presidente la República haber ordenado a la SRE buscar Inmunidad Diplomática a Zedillo; se reclama a la SRE haber girado instrucciones a la embajada de México en Estados Unidos para solicitar dicha inmunidad; se le reclama al embajador de México haber solicitado dicha inmunidad, y se le reclama a la Subsecretaria para América del Norte de la SRE la ampliación del documento enviado por la embajada a Washington solicitando dicha inmunidad.
La demanda de amparo fue admitida, y se concedió la suspensión provisional el 8 de octubre. La suspensión definitiva fue concedida el 18 de octubre, y el 7 de noviembre las autoridades mexicanas interpusieron un recurso para que esto fuera resuelto por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa.
Según me cuentan abogados enterados del caso, éste amparo tiene como propósito “tumbar” la solicitud del gobierno de México al gobierno estadunidense sobre la Inmunidad Soberana a Zedillo, en tanto ex presidente. Si la carta del gobierno de México al de Estados Unidos, dejara de existir jurídicamente –al resolverse en México que el Ejecutivo no posee la facultad de solicitar Inmunidad Soberana para nadie– la sugerencia de Washington al juez perdería mucha fuerza. Pero sobre todo el juez norteamericano no podría tomar en cuenta la postura de su gobierno. En ese caso –remoto pero que es lo que les queda a los quejosos– el juez difícilmente podría otorgarle la Inmunidad Soberana a Zedillo y rechazar la demanda sin un juicio previo.
Obviamente los abogados de los familiares de las víctimas, tanto aquí como allá, han ido improvisando sobre la marcha. Es obvio que quienes pudieran tener alguna malévola intención de demandar por la vía civil a otro ex presidente mexicano que dictara cátedra en una Universidad de la IVY League –por cierto cercana a donde está radicada la demanda contra Zedillo– ya saben todo esto. Y obviamente el gobierno de Peña sabe que esto es una moneda en el aire. Y por último, todo el mundo conoce la postura del gobierno de Obama al respecto.