Responsabilizan al gobierno estatal de los asesinatos en la comunidad de La Laguna

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de ocho organizaciones y organismos civiles de derechos humanos, condenaron ayer el asesinato de la dirigente de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica y de su hijo Reynaldo Santana Villa.
Asimismo, responsabilizaron al gobierno del estado a quien durante los últimos meses estuvo demandando garantías de seguridad y en los últimos días solicitó resguardo para que abandonara la comunidad donde estaba recibiendo amenazas constantes por parte de integrantes de un grupo armado de Los Ciruelos, municipio de Coyuca de Catalán.
En comunicado conjunto, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa; el Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa; el Consejo de Autoridades de Pueblos de Tecoanapa y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, denuncian que el asesinato de Juventina se suma a los más de 15 asesinatos que han sucedido en la región del 2011 a la fecha.
Y recuerdan que el 16 de febrero de 2011 fue asesinado en ese mismo lugar Rubén Santana Alonso líder ecologista “perseguido por el gobierno y acusado de pertenecer al EPR. Todas las víctimas de la violencia pertenecen a la familia Santana Alonso”.
En ese sentido los organismos que firman el documento condenan, ahora, “el artero asesinato de la ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo, ocurrido este día 28 de noviembre en la comunidad de La Laguna municipio de Coyuca de Catalán”.
Recuerdan que desde el 2007 en esta comunidad se han dado varias incursiones del Ejército y de la Policía Ministerial contra los pobladores de La Laguna. “A pesar de las denuncias que han interpuesto sus familiares persiste un patrón de criminalización contra los campesinos que han denunciado todos los atropellos de que han sido víctimas tanto por agentes del estado como por grupos de la delincuencia organizada”.
Recuerdan que el pasado 18 de noviembre la señora Juventina Villa pidió la intervención de las autoridades del estado ante la amenaza inminente de ser privada de la vida.
“Como Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos planteamos desde el mes de septiembre al secretario de Gobierno del estado de Guerrero Humberto Salgado, nuestra preocupación por la situación de riesgo que enfrentaban varias familias de la comunidad de La Laguna”.
También manifiestan que el 18 de noviembre solicitaron al secretario de Gobierno su urgente intervención ante los riesgos que estaba enfrentando Juventina Villa.
“Se planteó como una medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro. Lamentablemente el secretario minimizó los hechos y argumentó que no sería posible porque no había un lugar para su reubicación. Se le propuso como una salida intermedia la instalación de campamentos en algunas escuelas pero la respuesta fue la misma”, dicen en su escrito.
Agregan que el lunes 26 se llegó al acuerdo de que las familias de La Laguna serían reubicadas este miércoles 28 de noviembre a la comunidad de Puerto de las Ollas. “A pesar del acuerdo no existió ningún operativo policiaco que se encargara de subir a la comunidad para trasladar a las familias en riesgo”, denuncian.
Y cuestionan que “hoy en lugar de atender a las familias desplazadas tenemos que hacer frente a la fatalidad por el artero asesinato de la señora Juventina Villa Mojica y su hijo de 17 años. Ella junto con su hijo fueron interceptados y agredidos a balazos por personas desconocidas cuando se desplazaban en una cuatrimoto a las orillas de la comunidad de La Laguna”.
Dicen que los asesinatos de Juventina y su hijo pudieron evitarse si la intervención de las autoridades del estado hubiese escuchado el clamor de las víctimas de esta violencia que está cegando la vida de familias pobres e indefensas. “La inacción de las autoridades y la impunidad que impera en la región son causa de esta violencia imparable donde los grupos de la delincuencia organizada han impuesto su ley con el terror de las armas”, denuncian.
Y concluyen que ante estos crímenes “manifestamos nuestra enérgica condena y exigimos al gobierno estatal y federal que pare este patrón de aniquilamiento en contra de los defensores del bosque, que se garantice la seguridad de las familias amenazadas, que se investiguen todos los crímenes que se han cometido en la región y que se detengan y castiguen de manera ejemplar a los responsables.
Por su parte, en un comunicado por separado, el director del Tadeco, Javier Monroy Hernández, expresa que es lamentable el asesinato de doña Juventina Villa porque “había venido manifestando su temor a ser asesinada por un grupo criminal de la comunidad de Los Ciruelos y de manera reiterada expresaba a las autoridades su demanda de seguridad y justicia”.
Sin embargo, añade que su clamor “nunca encontró eco” y que ni el gobierno estatal ni el federal “con su fastuoso programa Guerrero Seguro intervinieron de manera justa y oportuna para erradicar a los grupos de poder económico que se han apropiado no solo de territorio, sino de la vida de la gente en la sierra”.
Manifiesta que el asesinato de la señora Juventina “es una terrible señal para los habitantes de la sierra que aspiran a recomponer el tejido social y lograr una vida digna, es un mensaje macabro que se suma a la criminalización, la indolencia y el contubernio de algunas autoridades con los grupos radicales de la llamada delincuencia organizada”.
Añade que, por lo visto, “proteger a la gente de los pueblos, los recursos naturales y dar seguridad y justicia no está en los planes de los malos gobernantes pues al parecer están más comprometidos con la delincuencia, por lo que su función real es protegerla y encubrirla”.
Dice que tras estos hechos, ahora queda pendiente también el destino de las mujeres y niños de las demás familias que deberán ser desplazadas, que se suman a la gran cantidad de víctimas de la violencia social en la misma sierra y en el resto de la entidad”.
El director del Tadeco demanda, finalmente que el Estado mexicano “intervenga de manera justa en la Sierra para erradicar a los grupos radicales de la delincuencia, romper sus nexos con las autoridades corruptas, pacificar la región y reintegrar a los pueblos la seguridad para que puedan recomponer su tejido social”.