Es responsable gobierno estatal del asesinato de la líder de La Laguna, señalan organizaciones sociales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organizaciones sociales y de organismos civiles de derechos humanos, determinaron que por acción u omisión, el gobierno estatal es responsable del asesinato de la líder de la comunidad de la Laguna, de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa de 10 años de edad.
Además, anunciaron que promoverán ante instancias internacionales un juicio legal y político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero. También, demandaron que retome la investigación y el castigo a los responsables el gobierno federal.
En conferencia de prensa, representantes del Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la Organización Popular Vicente Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Comunidad Emperador Cuauhtémoc, denunciaron que el responsable de la muerte de Villa Mojica y su hijo es el gobierno estatal al no atender con oportunidad ni con suficiencia la petición de seguridad de la víctima.
El coordinador del enlace con las organizaciones de la CETEG, Minervino Morán Hernández, dijo que las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos rechazan  “estos asesinatos que se han venido perpetrando por parte del crimen organizado en esa zona de la Sierra”.
Agregó que el responsable de esta situación es el gobierno del estado por no haber brindado la seguridad y la protección que con mucha anterioridad le habían solicitado, “es decir fue un asesinato anunciado que no evitó el gobierno del estado”.
Por su parte, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, añadió que el crimen “es una responsabilidad del gobierno porque son más de 20 las personas que han sido asesinadas, todas de la familia Santana Villa, y doña Juventina venía denunciando esta situación, pidiendo que se investigaran estas muertes y castigo a los responsables, petición que no tuvo respuesta”.
Dijo que el Estado mexicano, por mandato constitucional es responsable de brindar seguridad y garantizar la integridad física de quienes viven en este país y particularmente en el estado de Guerrero, obligación que incumplió en el caso de La Laguna.
Recordó que ya había un compromiso de parte del gobierno de trasladar (el miércoles) a las familias a otro lugar más seguro, “compromiso que no se dio de buena gana puesto que tuvimos que insistir varias veces haciéndoles notar el inminente riesgo en que se encontraban, no solamente la señora Juventina Villa, sino todas las personas que se encuentran en la comunidad de la Laguna y hoy vemos con tristeza que se cumplió lo que le dijimos al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, que esperábamos que no hubiera una muerte más para que por fin se decidieran a sacar a esa gente”.
Dijo que en las reuniones con el funcionario, las organizaciones sociales le plantearon que se instalaran albergues o campamentos en ésta capital o en Iguala, “porque desde la perspectiva de la Cruz Roja Internacional en esa zona hay un desastre humano porque son bandas de la delincuencia organizada los que están aniquilando a la población y era necesario sacarlos de manera urgente”.
Pero agregó que el secretario de Gobierno les contestó que él no podía actuar de manera irresponsable, que no podía sacarlos e instalar albergues porque no estaba autorizado para ello y porque quería buscarles un lugar más seguro, “nosotros le respondimos que esperábamos que no hubiera más muertes para que tuvieran que actuar”.
Olivares Hernández agregó que partiendo de estos antecedentes “consideramos que la responsabilidad recae en el gobierno del estado”.
Dijo que ahora están demandando que no sean omisos cuando menos para que se investigue y se castigue de manera ejemplar a los responsables, “esto, entendemos, no es un problema exclusivo del gobierno del estado, puesto que se estaba hablando de integrantes de bandas de la delincuencia organizada, las instancias federales también debieran haber asumido su responsabilidad para la investigación, la detención y el castigo de los responsables de la violencia”.
El secretario técnico de la Red añadió que también es preocupante que la Secretaría de Gobierno les halla dicho que no había helicópteros para desplazar a más policías hacia la región, “cuando todos fuimos testigos que durante la marcha de los estudiantes de Ayotzinapa el 14 de noviembre andaba un helicóptero sobrevolando y vigilando todo el recorrido de la movilización, y como es posible que ante el asesinato y el accionar de un grupo tan grande de la delincuencia organizada no haya helicópteros para trasladar a la Policía y ni el Ejército pueda llegar oportunamente”.
Añadió que eso les hace suponer que de parte del gobierno se estuvo haciendo tiempo para que pudiera darse el asesinato de la señora antes de que llegara la Policía y los militares.
Agregó que por ello consideran que el gobierno del estado es copartícipe del crimen por acción u omisión puesto que “cuando le informaron de todo el problema que se estaba viviendo y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina por las amenazas directas a ellas, el gobierno del estado fue omiso”.
Matizó que cuando menos las medidas que tomó fueron a medias puesto que cuando le plantearon que era necesario sacarlos no actuaron con oportunidad, “es cierto mandaron a 31 policías pero eso no fue suficiente porque de acuerdo a la información que tenemos la emboscada del miércoles fue ejecutada por un grupo de entre 30 a 40 hombres que portaban armas de alto poder”.
Además agregó que no se entiende como es que teniendo la seguridad de ese grupo de policías, solamente fueran 5 elementos adelante y cinco atrás, “y, además, como fue que no pudieron repeler esta agresión y por el contrario, se escondieron ante las descargas de las armas de fuego se escondieron para preservar sus vidas, mientras que la señora Juventina Villa y su hijo eran acribillados”.
Ante esa situación los dirigentes de las organizaciones y organismos de derechos humanos se pronunciaron por una investigación a fondo de estos hechos. Además de que se detenga y se castigue de manera ejemplar a los responsables. También pidieron que en la investigación intervenga el gobierno federal.
Concluyó que paralelamente las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos elaborarán una estrategia legal y política para llevar el caso a instancias internacionales y se proceda en contra de los funcionarios estatales que fueron omisos desde el gobernador Ángel Aguirre.
“Porque estamos ante un gobierno deshumanizado, que no le interesa la vida de los campesinos e indígenas y por eso no les garantiza la vida”, dijo Olivares Hernández.
En la conferencia de prensa estuvo también el dirigente de la Organización Vicente Guerrero, Gonzalo Molina, el dirigente de la CETEG, Gonzálo Juárez Ocampo, dirigentes de la Comunidad Emperador Cuauhtémoc y colonos de la ciudad de Iguala.