Veta Rousseff redistribución de regalías del petróleo en Brasil y celebran en Río

DPA

Brasilia

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó ayer los artículos del proyecto de ley de redistribución de los royalties del petróleo para contratos vigentes, lo cual fue celebrado por el estado de Río de Janeiro, que corría el riesgo de ver mermados sus ingresos de cara al Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

El gobernador de Río, Sergio Cabral, celebró el anuncio del veto presidencial al proyecto, que prevía un reparto más equitativo de las ganancias derivadas de la exploración del petróleo alterando incluso las ganancias de los campos ya licitados.

La sanción a esos artículos habría significado una considerable reducción en los ingresos del estado carioca, el que más recauda por ese concepto, y que se prepara para recibir el Mundial 2014 y los Juegos en 2016.

“El anuncio del gobierno federal de que fueron vetados todos los dispositivos del proyecto de ley que implicaban cambios de reglas de contratos ya celebrados es la confirmación de que en Brasil rige el estado democrático de derecho”, expresó Cabral mediante un comunicado de prensa.

Ante la incertidumbre de si Rousseff vetaría o no el proyecto, Cabral habría advertido que en caso de que no lo hiciera el estado carioca perdería, sólo en 2013, unos 4.000 millones de reales (cerca de 2.000 millones de dólares), y advirtió que ello pondría en riesgo la realización de los megaeventos deportivos.

“Es absolutamente inviable (la sanción del proyecto de ley)… El estado cierra las puertas. Entonces, no se harán Juegos Olímpicos, no se hará Mundial, no se pagará a los funcionarios públicos, no se les pagará a los jubilados, no se pagará a los pensionistas. El estado sufrirá un golpe y es evidente que eso es inconstitucional”, dijo Cabral días atrás.

Al anunciar ayer el veto presidencial, la ministra jefa del Gabinete Civil de la presidencia, Gleisi Hoffman, y los ministros de Minas y Energía, Edson Lobao, y de Educación, Aloizio Mercadante, dijeron que el Ejecutivo prevé enviar una medida provisoria que contemple una distribución más equitativa de los royalties del petróleo, que incluya ganancias importantes a los estados no productores, y que comience a regir a partir de los contratos que se firmarán a futuro.

Según los ministros, fueron realizados al menos cuatro vetos al proyecto, aprobado por ambas cámaras del Congreso, pero que el veto integral al artículo tercero, el que trata de la fecha a partir de la cual regiría el nuevo reparto, es el principal de todos.

La medida provisoria que presentará el Ejecutivo, y que necesita de aprobación parlamentaria, obliga al gobierno nacional, a los estados y a los municipios a invertir el total de los ingresos provenientes de los royalties en Educación.

Con el veto de la Ley se mantiene la legislación actual en los contratos vigentes, que destina un mayor porcentaje de los royalties de los campos en exploración para los estados y los municipios productores de petróleo.

Según las normas vigentes, los principales Estados productores de petróleo, entre ellos Río de Janeiro, se quedan con el 26,25 por ciento de los royalties, mientras que los no productores obtienen el 1,76 por ciento de las ganancias.

Si el Congreso aprueba la reforma al proyecto original que enviará el Ejecutivo, los estados productores pasarán a quedarse con el 20 por ciento y los municipios con el 15 por ciento de los lucros de la exploración petrolífera en los campos de aguas ultraprofundas, las llamadas capas del pre-sal, que serán licitados en el futuro.

A su turno, los no productores pasarán a recibir, siempre que el Congreso apruebe la propuesta del gobierno referida a los nuevos contratos, un porcentaje cada vez más alto de los beneficios, hasta llegar al 27 por ciento de los mismos en 2019. El gobierno nacional, en tanto, verá reducirse sus lucros por ese concepto del 30 al 20 por ciento en ese lapso.

Asimismo, de aprobarse la medida provisoria tal como la propone el Ejecutivo en lo que refiere a destinar el total de las ganancias a la Educación, el gobierno alcanzará su meta de invertir en ese sector el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.