Carlos Pérez Aguirre

Crimen y castigo

El 12 de diciembre de 2012 se cumplirá un año de la brutal represión dirigida de manera deliberada por fuerzas oscuras contra jóvenes estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, por ello y por haberse convertido en el eslabón mas delgado y sacrificable, se entiende, el ex procurador Alberto López Rosas, presento en la Casa Lamm el libro  Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades (una infamia desde el poder) en donde da su versión de esos hechos.

Habrá en principio que darle una categoría testimonial a esa obra, puesto que su autor fue testigo y participante de primera línea, –en su calidad de procurador, cargo que ostentaba en esos días finales del 2011– en esos reprobables acontecimientos.

Una aseveración contundente y grave que se denunció es de que la represión estuvo dirigida desde las oficinas del secretario de Seguridad Pública Federal y que en el ámbito estatal las instrucciones salieron del secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Humberto Salgado Gómez. Si a esas aseveraciones del ex procurador le añadimos la del jefe policiaco que declaró a la prensa que la instrucción de “limpiar” la carretera había sido ordenada por el gobernador. se configura claramente una responsabilidad de los más altos niveles de gobierno, tanto federal como estatal, con la evidente intencionalidad de criminalizar las protestas sociales.

No podemos olvidar el hecho de que también se trató de sembrarle un arma y culpar de los asesinatos a un estudiante de esa escuela normalista –situación que fue descubierta y denunciada en tiempo–, por que de no haber sucedido así, todo estaba preparado para responsabilizar a los propios estudiantes. Pero todo cae por su peso.

Con ese contundente señalamiento la CNDH, el Congreso local y las autoridades de procuración de justicia deben investigar mas a fondo y castigar a los responsables de esos arteros crímenes, más si como lo está denunciando el ex procurador, las ordenes se generaron desde las mas altas autoridades en el estado.

Con esos elementos los juicios políticos que instruirá el Congreso local en contra del ex procurador y del ex secretario de Seguridad Publica estatal, debe necesariamente ampliarse a las altas figuras administrativas que de manera irresponsable ordenaron, incluso de manera directa –sin respetar jerarquías–, unaa represión sin control y ejercida con brutalidad.

La línea represiva, como un huevo de serpiente, ya estaba latente en las maneras y formas de gobernar de ese grupo demagógico, corrupto y neo caciquil. La presentación del libro, redactado por uno de los principales protagonistas de esos acontecimientos, significa una prueba más –no desmentida hasta hoy– de que las autoridades estatales actuaron con alevosía y premeditación.

Por ello la CNDH debe ya generar sus conclusiones finales y los diputados también deberán abandonar su mansedumbre ante el Ejecutivo y llamar a comparecer sobre el caso a los verdaderos responsables, al cumplirse un aniversario mas de este echo.

Las cínicas disculpas ofrecidas en una ceremonia a la que no se invitó a los familiares de los jóvenes masacrados, y el tenaz acoso a que se sometió a los estudiantes normalistas, retrataron de cuerpo entero la culpabilidad soslayada de la autoridad estatal y también su temor a rendir cuentas y esclarecer los hechos.

Pero la denuncia escrita del ex procurador López Rosas abrirá necesariamente la investigación y tendrá que señalar a los responsables que se escondieron entre los telones del poder, ese poder que usan y que corrompen diariamente al ponerlo al servicio de ellos y su familia y no del ciudadano como debe ser su deber por ley.

Titishando. La inseguridad se incrementa en la entidad, casi a la par de la demagogia, el nepotismo y la corrupción, la ciudadanía quiere resultados no fotos ni eventos insustanciales de promoción política.

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