Ordena juez detener a 19 policías federales implicados en la represión contra normalistas

Redacción

A casi un año del violento desalojo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol en el que dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 19 agentes de la Policía Federal por delitos cometidos durante el polémico suceso.

De acuerdo con la información publicada en la página web de El Universal, los agentes negaron haber disparado sus armas, pero los peritajes demostraron que sí lo hicieron, por lo que enfrentan acusaciones por falsedad en declaraciones, además de cargos por ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad.

Sobre los hechos se abrió la averiguación previa PGR/DGCAP/ZCB-v/ 016A12012, en donde el Ministerio Público de la Federación encontró elementos para ejercitar la acción penal contra los policías federales, y el Juzgado Primero de Distrito en Guerrero libró las órdenes de aprehensión en su contra el pasado 23 de noviembre.

Según el sitio web, los delitos que se les imputan a los policías federales se derivan de su intervención durante el bloqueo a la Autopista del Sol que realizaron los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, en el que perdieron la vida los estudiantes Jorge Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como Gonzalo Rivas Cámara, empleado de una gasolinera.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), que investigara también los posibles delitos cometidos por los elementos de la PF y con base en ello se había procedido penalmente sólo contra funcionarios y policías locales.

Al respecto, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, reveló en su oprtunidad que de los 168 policías que participaron en el operativo, 91 portaban armas de fuego, de los cuales 59 pertenecían a la División de Fuerzas Federales.

Fue la propia PGR la que determinó tras los peritajes que 22 armas del tipo G-3, Bushmaster, Panther y nueve no identificadas fueron disparadas el día de los hechos y pertenecían a los agentes adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.

Así, a unos días de cumplirse un año del incidente la PGR recabó las evidencias suficientes para consignar y obtener las órdenes de aprehensión contra los 19 policías federales.

En el caso de 15 de los agentes –explica el documento judicial–, se les imputa el delito de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial, ya que en su primera declaración aseguraron que ninguno de ellos disparó sus armas de cargo en el operativo.

En su momento, los ahora acusados afirmaron que “se mantuvieron replegados y a una distancia lejana al lugar donde sucedieron los hechos, y no haber tenido participación alguna en los mismos”.

No obstante, con base en los dictámenes periciales realizados por los expertos de la PGR, “se estableció que sí habían disparado sus armas de fuego”, por lo que cometieron un delito al desvirtuar los hechos, subraya El Universal on line.

En consecuencia, los 19 federales también son acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que se determinó que “se presentaron al lugar de los hechos portando las armas de fuego a su cargo, y las accionaron contra los manifestantes; además, tampoco preservaron el lugar de los hechos y omitieron en todo momento lo establecido en los protocolos de la policía que se deben aplicar en caso de manifestaciones multitudinarias”, concluye el oficio.

Uno de los agentes también fue señalado por la PGR como presunto responsable del delito de lesiones, al disparar al aire su arma, con lo cual hirió a un elemento de seguridad de la casa de gobierno del estado.

Finalmente, a otros tres federales se les acusó también de abuso de autoridad, ya que “en el lugar de los hechos al detener a algunos de los manifestantes, ejercieron violencia contra los mismos, no obstante que ya estaban sometidos”.