Hay indolencia y complicidad del gobierno en la ejecución de Juventina Villa, denuncian

Mariana Labastida

Las declaraciones hechas por el gobierno del estado en relación con el asesinato de la dirigente ecologista Juventina Villa Mojica son resultado de la indolencia y complicidad de las autoridades con los grupos radicales de la delincuencia organizada, dijeron diferentes organizaciones ambientales y sociales.
Exigieron justicia y criticaron que no esté dando resultados la Operación Guerrero Seguro, y que se deje a las familias de las víctimas sin atención de ningún tipo.
En el comunicado publicado en la página de RedManglar Internacional y firmado por otras once organizaciones, exigen “justicia aquí y ahora para Juventina Villa, sus familiares y todos los muertos y desaparecidos de esta guerra del Estado mexicano contra el pueblo”.
En el texto se recrimina que el gobierno del estado haya declarado que la activista ecologista causó su propia muerte al salirse del perímetro de protección aun con la presencia de la policía estatal, pues “esta declaración oficial no es fortuita, no es un desvarío y menos un reflejo de ineptitud o incompetencia, es resultado de la indolencia y complicidad de las autoridades con los grupos radicales de la delincuencia organizada que siguen diezmando a la población serrana para ampliar el despojo de recursos naturales, explotar la fuerza de trabajo y consolidar sus empresas de muerte”.
Manifiestan preocupación por las “muertes, secuestros, desapariciones y extorsiones” que hay en la entidad y que no se vean los resultados del “fastuoso” operación Guerrero Seguro, y se incrementen los asesinatos de personas que se organizan y luchan por sus derechos.
En el texto exigieron que el Estado mexicano intervenga en la Sierra de Guerrero “respetando garantías individuales y los derechos humanos de la población para erradicar a los grupos radicales de la delincuencia, romper sus nexos con las autoridades corruptas, pacificar la región y reintegrar a los pueblos a la seguridad para que puedan recomponer su tejido social, recuperar sus libertades democráticas y ejercer sus derechos de vida digna”.
También exponen que preocupa que no haya atención a las familias, a la precaria situación económica en que se debaten, que no tengan acompañamiento legal, médico ni psicológico, y “que se esté formando un ejército de niños, adolescentes, hombres y mujeres frustrados y resentidos con la misma sociedad sin esperanza y perspectiva de futuro”.
Las organizaciones a través de su mensaje llaman a la sociedad a “no conformarse con declaraciones engañosas y humillantes”, que se pida justicia.
Llaman a la solidaridad, a no dejar solas a las víctimas, a no discriminarlas, acompañarlas y recuperar la fuerza, pues “si los malos gobiernos nos ahogan, dividen y nos quieren ver postrados, rescatemos la fraternidad acá abajo entre el pueblo”.
El documento está firmado por la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, el Comité Independiente a Solidaridad con las Víctimas del Movimiento de 1960, Organizaci-ón Campesina de la Sierra del Sur,  Comité de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbios, La Ventana Investigación y Divulga-ción Científica Bios Iguana AC Colima, y Coordinadora Guatemalteca para la defensa de los Manglares y la Vida.
En tanto el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) exigió la intervención del Congreso para que se tomen medidas cautelares a favor de las familias que viven en la Sierra, después del asesinato de la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica.
Recriminó que el silencio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) contribuye a mantener la impunidad ante los crímenes que se han comedido en esa región.
Recordó que los hechos no son claros, como en el caso de la desaparición de los otros dirigentes de la OCESPCC, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
En un comunicado de prensa publicado en su sitió en Internet, el CONOC demanda la intervención urgente del Congreso ante la situación de los dirigentes campesinos, que “son sistemáticamente exterminados ante la indolencia del gobierno estatal”.
“Las muertes de Juventina Villa y de su hijo se suman a la larga lista de asesinatos contra campesinos y dirigentes sociales en una región dominada por bandas de la delincuencia organizada, que aparentemente operan con total libertad a pesar de la presencia policiaca y del Ejército y en circunstancias en las que frecuentemente no queda muy clara la actuación de los cuerpos de seguridad”, dice el comunicado.
También señala los casos de los desaparecidos Eva Alarcón y Marcial Bautista, quienes cumplirán un año de haber sido bajados del autobús en el que viajaran sin volver a saber de ellos.
En el texto se expone que ante la muerte de la dirigente ecologista las familias están viviendo en un “escenario de guerra, donde en los hechos se les priva de sus derechos humanos”.
El CONOC está integrado por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la Asociación Nacional de Empresas Comercia-lizadoras de Productores del Campo (ANEC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Coordina-dora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).