Los policías federales sí dispararon contra los normalistas, asegura Juan Alarcón

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno actuó con oportunidad en el caso de La Laguna, pero había resistencia en los pobladores para dejar el lugar, dijo el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández.
Por ejemplo, señaló que Juventina Villa Mojica, asesinada el miércoles con su hijo a pesar de que contaba con resguardo policiaco, quería vender su ganado antes de trasladarse a Puerto Las Ollas.
Por otra parte, calificó como tardío el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de que giró órdenes de aprehensión contra 19 policías federales por falsedad de declaraciones y ejercicio indebido del servicio público, a casi un año del desalojo a balazos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Incluso, cuestionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desestimara la versión del testigo protegido, Jaime Galván Rodríguez, de que fueron los policías federales y no los ministeriales y estatales los que dispararon en contra de los estudiantes.
En consulta telefónica, Alarcón Hernández informó que ayer un observador de la Codehum iba a trasladarse en helicóptero a la zona para conocer la situación de los desplazados, “se dicen que unas familias se oponen a irse de La Laguna y otras que por el contrario, están ansiosas de salir, y el estado va a proporcionar ante todo los medios de seguridad y protección para llevarlos a otro lado”.
Señaló que algunos serían llevados Petatlán, otros a Puerto las Ollas, pero hay familias que se oponen y la presencia de la Codehum es para hacer la observación correspondiente, y para convencerlos de su salida por la peligrosidad del lugar.
De acuerdo con versiones periodísticas, las denuncias de amenazas contra los pobladores y sus principales dirigentes comenzaron en 2011, con la intención de expulsarlos de la región y para que un grupo armado pudiera talar libremente los montes y posteriormente sembrar droga.
En este caso, Alarcón Hernández descartó que el gobierno actuara con dilación, a pesar de que se han cobrado muchas vidas, que casi termina con una familia entera. Antes del asesinato de Juventina Villa, fueron ultimados su esposo con otros de sus hijos.
Juan Alarcón subrayó que se deben evitar más atentados, “pero había resistencias, por ejemplo, doña Juventina quería vender su ganado y sus bienes y mientras eso sucedía, ocurrió el desenlace fatal, que quisiéramos que no ocurriera”.
Luego indicó que la problemática de inseguridad que afecta al estado es nacional y se hace muy compleja la aplicación de algunos programas, de políticas de atención y de protección ciudadana en virtud de que luego se dan controversias y polémicas, “por ejemplo, unas quieren desplazarse y otras no”.

Confusión de la CNDH en el caso Ayotzinapa

En otro tema, calificó de tardío el anuncio de la PGR sobre las ordenes de aprehensión contra 19 policías federales que intervinieron en el desalojo policiaco de normalistas de Ayotzinapa el año pasado.
Recordó que la Codehum desde un principio dijo que hubo disparos de la Policía Federal (PF), que no dispararon al aire, y consideró que en el resultados de las investigación especial que por primera vez realizó el organismo nacional “puede hacer una situación de confusión, que también haya responsabilidad de la PF”.
Indicó que el testigo protegido manejó desde un principio que la PF disparó a los estudiantes y que impactó a dos de ellos, pero desgraciadamente también lo privaron de la vida.
Recordó que Galván Rodríguez declaró que estaba dispuesto a declarar bajo polígrafo para que se tomara en cuenta su declaración.
Añadió que si no se hubiera distorsionado la información antes de que llegara a la CNDH, habría cambiado la orientación de sus resultados, que al final determinaron que los balazos que mataron a los normalistas provenían del poniente, donde estaban los policías estatales y ministeriales, que desalojaron a los normalistas de la carretera federal. Los policías de la PF se encontraban en el norte.
Desestimó que la visión del testigo fuera parcial, “y no se tomó en cuenta como testigo singular, (al contrario) se le persiguió para evitar su testimonio”.
No obstante los peritajes que se formularon, criminalístico, balístico, de todo tipo, insistió en que las declaraciones de la PF fueron muy tomadas en cuanta, al contrario al testimonio de Galván, “y la CNDH se ajustó a esa información, que siento que era una información sesgada”.