Llegaron a Puerto Las Ollas las familias desplazadas de La Laguna

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, informó que el viernes a las 8 de la noche las familias desplazadas de La Laguna llegaron a Puerto Las Ollas, y buscan que se les garanticen condiciones de vida para que no tengan que regresar a su comunidad, como el año pasado.
Recordó que esa era una de las demandas de Juventiva Villa Mojica, asesinada con su hijo Reynaldo Santana Villa el miércoles pasado, que el gobierno se encargara de comprar su ganado y que les garantizara un proyecto de vivienda.
Incluso dijo que no desistía de su demanda de justicia para las personas asesinadas por un grupo paramilitar, que aseguraba, tiene la protección del Ejército en la zona.
El defensor de derechos humanos estimó en 20 las víctimas mortales en la población, la mayoría familiares de Rubén Santana, esposo de Juventina, asesinado con otro de sus hijos en febrero de 2011.
Recordó que el viernes tendrían una reunión con la procuradora Martha Elva Garzón en torno a todos los asesinatos en La Laguna, pero con los activistas Raymundo Díaz Tabuada y Bertoldo Martínez Cruz decidieron no acudir porque la parte interesada directa era Juventina Villa Mojica.
Adelantó que hoy tendrán una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en Taxco, para hablar de la situación de las familias desplazadas.
Sobre el traslado de los habitantes a Puerto las Ollas, Olivares Hernández indicó que les informaron que tres camionetas de policías llegaron con ellos, y al parecer también fueron resguardados por militares, “porque cuando la gente dice que llegó el gobierno, se refieren a los soldados”.
Sin confirmarlo, consideró que todas las familias salieron de La Laguna y piden la continuación del proceso para que el gobierno se encargue de comprar tierras para un proyecto de vivienda, y que también adquieran las cabezas de ganado que aún tenían.
Indicó que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dijo que el gobierno vería cómo bajaban después el ganado, y resolvía dónde las comerciaban, o si lo entregaban a los comedores de las corporaciones policiacas.
Recordó que precisamente eso quería Juventina Villa, y ayer con otros representantes de derechos humanos diseñaban un plan emergente para que se garantice a las familias el derecho a la vivienda, a la salud, al empleo, a la seguridad y el acceso a la justicia, pues “este caso no puede quedar impune”.
Por otro lado, el abogado de derechos humanos, Hegel Mariano Ramírez, que acompañó el proceso de desplazamiento de los habitantes de La Laguna en 2011, opinó que este es un ejemplo de la tolerancia gubernamental a los grupos que dominan en la región, más allá del gobierno.
Señaló que en La Laguna quedó de manifiesto que las autoridades no van a hacer algo contra quienes tienen el control en la zona, cuando la mejor medida cautelar para las víctimas y las familias es la justicia.
“Algo que no se le dio a Juventina Villa fue justicia, de nada sirvió que tuviera policías de resguardo si nunca se investigó de dónde provenía la agresión”, a pesar de que ella proporcionó nombres, apellidos y lugares de los causantes de la violencia.
Consideró que un factor de riesgo para cualquier ciudadano va a disminuir siempre que haya justicia, de lo contrario estas personas que siempre agredieron seguirán libres e impunes porque al gobierno nunca le interesó investigar los datos que les proporcionaron.
Recordó que las familias de La Laguna ya habían sido desplazadas a Puerto Las Ollas el año pasado, pero regresaron a su comunidad en noviembre porque necesitaban preparar la tierra para sembrar y cuidar a sus animales.
Recordó que integrantes de organizaciones de la sociedad civil los acompañaron, porque los pobladores tenían miedo de que en cuanto llegaran, fueran recibidos por la gente que los estaba agrediendo.
Incluso, dijo que en el camino escucharon a través de la radio de los militares que resguardaban la caravana, las pláticas de personas que indicaban que los iban vigilando, y también decían que los iban a recibir a balazos.
“Eso nos dio una idea de que las denuncias no eran cosa de juego, era reales, siguen actuando los grupos que les interesa seguir explotando el bosque, donde incluso se habla de proyectos mineros. Hay muchos intereses”, dijo.