Tlachinollan

Guerrero: la orografía de la muerte

Cada semana que fenece, las autoridades en lugar de informar con claridad sobre las muertes violentas que acontecen en el estado, se enredan, trastabillan y mienten a la sociedad. Ya nos acostumbramos a escuchar verdades a medias, y obviamente a no confiar en la palabra de los gobernantes. Nos estamos curtiendo para ser simples espectadores de las malas noticias y a tolerar las pésimas actuaciones de quienes tienen la responsabilidad de velar por la vida y la seguridad de las y los guerrerenses.
Diariamente en Acapulco, lo único que varía es el número de personas que pierden la vida y los lugares donde suceden las ejecuciones. Hemos llegado al límite de la indolencia. Casi a nadie conmueven las tragedias de las ejecuciones que nos arrastran al despeñadero de la deshumanización. Las autoridades están fuera de órbita, sumidas en su mundo mezquino y mediocre. Ensimismadas en su megalomanía. La población les ha perdido la confianza desde hace tiempo y las ve como comparsas de esta desgracia colectiva.
El drama de la gente pobre no los interpela ni les interesa, porque no es nada redituable, por el contrario, les resta popularidad y les genera malos dividendos a sus arcas públicas y privadas. La dimensión ética y el sentido humanitario son una realidad demolida, o que más bien no conocen ni han experimentado los políticos de nuestra entidad. Por su falta de compromiso con su pueblo han dejado caer al estado a los índices más bajos de pobreza, violencia, inseguridad e impunidad. Campea la corrupción, las violaciones graves de derechos humanos, los feminicidios y las muertes maternas. Es una entidad donde se han documentado centenas de desapariciones forzadas (del pasado y recientes), ejecuciones y casos de tortura (que ni siquiera está tipificada como delito). Es alto el número de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. No hay resultados en las investigaciones sobre los asesinatos de políticos. Preocupa la impunidad del Ejército y la Marina, que actúan sin ningún límite legal ni control civil, siendo ellos los principales violadores de derechos humanos. Es común que las autoridades del estado no den cumplimiento a las recomendaciones de derechos humanos, ni cumplan a cabalidad con las sentencias de la Corte Interamericana, tampoco con las medidas provisionales. Los  desplazamientos forzados de la población serrana han sido desatendidos, por ello, el alto número de muertes por estos motivos no forman parte de las estadísticas de la ignominia.
Ante este estado en llamas, ni siquiera como apagafuegos están sirviendo las autoridades. Están rebasadas por la capacidad de penetración del crimen organizado en los diferentes espacios de la vida económica, social y política. Han perdido el rumbo y el pulso de lo que pasa en el estado. No procesan ni toman en serio lo que sus mismos informantes les envían de todas las regiones. No hacen una valoración adecuada de los conflictos que ponen en riesgo la vida de las personas que están totalmente indefensas. La atención de los conflictos está supeditada a los costos políticos que puedan representar. No importa la vida, ni la seguridad de las personas. Lo fundamental radica en mantener ocultos los problemas y aparentar que la situación en el estado está bajo control.
Los ciudadanos y ciudadanas que padecemos los estragos de las acciones delincuenciales sabemos que en las siete regiones ninguna familia vive tranquila. Guerrero es un polvorín, porque en todos los municipios se han acumulado conflictos que no se han atendido y que amenazan con estallar. Si a esto le agregamos la pólvora y el acopio de armas que tienen en su poder las organizaciones delincuenciales, el detonante de la muerte hará añicos nuestros sueños y expectativas como ciudadanos y ciudadanas que nos aferramos a la vida y que luchamos por la seguridad, la justicia, la igualdad, la democracia y la paz.
Para las y los guerrerense es claro que Acapulco es el centro medular de la disputa que libran los grupos de la delincuencia organizada para controlar la plaza más importante del Pacífico. En esta perspectiva geoestratégica está el corredor de la Costa Grande, que es la narco ruta que se extiende hasta Michoacán. El mar, la costa y la  sierra son enclaves predilectos para el asentamiento de grupos muy poderosos que han logrado crear una compleja red de vías de comunicación, de negocios lícitos e ilícitos y de alianzas con grupos políticos que les permiten ostentarse como un poder fáctico.
Las colindancias con los estados de Michoacán y México, representan ahora líneas calientes y peligrosas por las disputas territoriales que libran las organizaciones criminales. En la Zona Norte las principales ciudades como Iguala y Taxco están bajo el flagelo de la delincuencia. Estos grupos tienen amplia cobertura en todos los municipios de la región y muestran su poderío cuando otros grupos intentan disputarles el control territorial.
Los municipios de la Costa Chica están constatando cómo va a la alza la delincuencia, por la expansión vertiginosa que han logrado en la mayoría de municipios. Esta situación no sólo es privativa de las cabeceras municipales sino que es una calamidad para las mismas comunidades que empiezan a padecer los estragos de la violencia y la inseguridad.
En la Zona Centro de nada ha valido que en esta circunscripción se encuentren los tres poderes del Estado. Al crimen organizado parece tenerle sin cuidado la presencia de la clase política que se muestra débil ante sus embates y poco hace para desmantelar el entramado de la economía criminal. Para los poderes fácticos todo es prosperidad, saben que cuentan con sus propios espacios para trabajar y que la misma autoridad es cuidadosa para que su accionar violento no genere tanto impacto en la opinión pública. Lo importante es mantener en el sótano de la impunidad toda la maraña de acciones delincuenciales para que no se ensucie la maltrecha imagen de la autoridades locales.
Solo en el corredor de la Costa-Montaña donde tiene presencia la Policía Comunitaria podemos decir que existen territorios libres de la delincuencia organizada. El esfuerzo de los pueblos por trabajar y organizarse en asambleas es una demostración clara de que es posible abatir la delincuencia con la decidida participación de la población. En la misma región de la Montaña y la Cañada la población se ha tenido que organizar para hacerle frente a estos grupos. Se han visto forzados a diseñar estrategias de autodefensa para asumir el control de sus municipios, como el recurso más seguro y confiable que les puede garantizar una relativa tranquilidad.
Lo que ha pasado en el municipio de Coyuca de Catalán es una historia trágica que muchas familias vienen arrastrando por el gran número de muertes, persecuciones, amenazas y expulsiones, sin que las autoridades del estado se sientan obligadas a contener esta espiral de violencia.
En este municipio, de no más de 50 mil habitantes, ubicado en la región de la Tierra Caliente, el número de muertes violentas es muy alto comparado con la población que ahí habita. En la comunidad de La Laguna, la violencia y la pobreza es lo que han marcado el destino de estas familias desde el 2005. En la memoria de esta infamia están presentes las desapariciones de Nicomedes Villa Santana, Orlando Rebolledo Téllez y Gabriel Cabrera Peñaloza, familiares de Rubén Santana Alonso, que los desparecieron el 14 de febrero de 2005. Casi al mes siguiente, el 17 de marzo del mismo año mataron a José de Jesús Santana Villa hijo de Juventina Villa y Rubén Santana.
Los días 22 y 23 de junio de ese mismo año policías preventivos del estado y policías ministeriales acompañados de civiles armados, entraron a las comunidades de La Laguna, Los Órganos, Los Gachupines, Hacienda de Dolores y Los Huajes de Ayala, de Coyuca de Catalán donde detuvieron y torturaron a varias personas. En diciembre de 2008, a raíz de la publicación de una recomendación de la Codehum contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), el general Heriberto Salinas Altés (en ese entonces titular de esa Secretaría), declaró a los medios  que Rubén Santana Alonso pertenecía a los grupos guerrilleros EPR y ERPI.
Este señalamiento dio pie para que en el 2009 las irrupciones militares fueran continuas en la comunidad de La Laguna, con el fin de detener a Rubén Santana. Ante la consigna de apresarlo, alrededor de 60 policías del estado subieron a las comunidades de la Laguna y Hacienda de Morelos en octubre en 2010.
El 6 de octubre de 2010 fueron emboscados policías estatales preventivos que acompañaban a policías ministeriales en la comunidad de Barranca de las Truchas, a dos horas de la Laguna. El saldo fue de dos policías muertos y seis heridos. Este hecho dio pie para que las autoridades le declararan la guerra a Rubén Santana, a quien catalogaron como el principal autor de esta emboscada. Cuatro meses después, el 18 de febrero de 2011 fue asesinado Rubén Santana Alonso, líder campesino de la Laguna. Su esposa Juventina Villa declaró que lo mataron por defender los bosques. Posteriormente el 17 de abril de 2011 fue asesinado su hijo Sergio Santana Villa.
Ante esta persecución encarnizada más de 50 familias se vieron obligadas a desplazarse a Puerto las Ollas. Salieron el 22 de abril de 2011 y su exilio sólo duró cinco meses, retornando el 1 de octubre. Mientras tanto, las muertes siguieron: el Ejército detuvo a Joel Santana Villa, otro hijo de Rubén, acusado de portar armas y droga. Fue recluido en la cárcel de Iguala pero al poco tiempo, en diciembre de 2011 fue encontrado muerto (supuestamente por envenenamiento). El 31 de diciembre de 2011 fue asesinado Ascensión Villa Santana. El 1 de septiembre de 2012 hubo otro asesinato y otros dos más el 11 de noviembre de 2012. Finalmente Juventina Villa Mojica fue asesinada junto con su hijo Reynaldo de 10 años, este 28 de noviembre, minutos antes de salir de su comunidad, ante el riesgo  inminente de ser asesinada.
Para el gobierno, ella fue la culpable de su muerte. Por  esto mismo, los perpetradores pueden dormir tranquilos, porque ya fueron exonerados. La cauda de la impunidad que persiste en favor de los que han matado a más de 20 personas de la familia Santana Villa, seguirá brillando en la sierra de Coyuca, porque allá ellos son gobierno, y acá en la capital, las  autoridades los protegen, porque no los investigan ni castigan.