Pregunta Bernardo Ortega porqué a los federales no se les acusa de homicidio

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, consideró que la decisión de un juez federal de liberar 19 órdenes de aprehensión en contra de agentes de la Policía Federal que participaron en el desalojo violento donde fueron asesinados dos estudiantes de la normal Ayotzinapa, le da la razón al ex procurador Alberto López Rosas en el sentido de que los federales también dispararon y deben ser investigados.
El 23 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito en Guerrero libró órdenes de aprehensión en contra de los elementos federales que participaron y dispararon sus armas durante el desalojo armado del 12 de diciembre pasado, en la entrada de la Autopista del Sol.
El diputado perredista recordó que desde el hecho, López Rosas “señaló a la corporación federal de haber disparado”, sin embargo en sus declaraciones los uniformados negaron la acusación, pero el Ministerio Público de la Federación abrió la averiguación previa PGR/DGCAP/ZCB-V/016A12012 y finalmente el 23 de noviembre un juez federal liberó las órdenes de aprensión.
Consideró que será necesario que la federación proporcione al Congreso local, directamente a la comisión Instructora que lleva el proceso de juicio político en contra de López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, copia del expediente que guarda la investigación.
Dijo que es importante conocer los detalles de la investigación para entender “porqué los policías federales no son acusados de homicidio y los policías ministeriales sí”, a los elementos de la Policía Federal sólo se les imputa falsedad en declaraciones y enfrentan cargos por el ejercicio indebido del servicio público.
Ortega Jiménez consideró que “ahora no hay nada claro en la investigación, todo está en duda”, dijo por la acusación en contra de los elementos federales, puesto que durante casi un año la investigación giró en torno a la acción de los policías ministeriales, a quienes se les responsabiliza directamente de disparar contra los estudiantes.
Consideró que todas las corporaciones, y sus elementos, que participaron en el desalojo del 12 de diciembre y que accionaron sus armas, deben ser investigados bajo los mismos cargos.
Las órdenes de aprehensión liberadas “dan un vuelco a la investigación”, porque muestra que hay más presuntos responsables de las muertes aunque no se les esté averiguando por el delito de homicidio.
De la tardanza en la investigación y las órdenes de aprehensión contra los elementos federales, consideró que el gobierno federal “no quiso quedarse con el estigma de proteger a los involucrados en el asesinato de estudiantes”.
Dijo que ahora dependerá de los enjuiciados (López Rosas y Almonte Borja) si presentan o no como elemento a su favor la participación de la Policía Federal, ahora que oficialmente son acusados de accionar sus armas en el desalojo de estudiantes, donde murieron Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Pero el plazo se venció el domingo 3 de diciembre y según informó el presidente de la Comisión Instructora, los involucrados serán llamados a comparecer antes del 12 de este mes, cuando se cumple un año del desalojo.