Reclaman a Aguirre negligencia del gobierno en el caso de los desplazados de La Laguna

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

De última hora, el gobernador Ángel Aguirre Rivero canceló la reunión que tendría ayer domingo en Taxco con dirigentes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, con quienes acordarían el destino final que se les dará a las familias que fueron desplazadas por la violencia de la comunidad de La Laguna y que provisionalmente se encuentran en Puerto Las Ollas.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, informó ayer que la reunión con el gobernador Ángel Aguirre se había acordado para las 13 horas en el hotel La Misión de Taxco, pero que a las 21: 46 horas del sábado recibió una llamada telefónica de la secretaría particular del gobernador y le avisaron que la audiencia se cancelaba porque acudiría al encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto a la firma del Pacto por México.
Ante la cancelación de la audiencia, dirigentes de organizaciones y defensores de derechos humanos ofrecieron ayer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Redgroac en la que reclamaron al gobierno estatal que siga tratando con “negligencia” asuntos tan importantes y delicados y en los que está en riesgo la vida de varias familias, como en el caso de los desplazados de La Laguna.
A la audiencia con el gobernador Aguirre Rivero asistirían el propio secretario técnico de la Redgroac, Olivares Hernández; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada; el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Minervino Morán Hernández; el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Organización Popular Vicente Guerrero de Tixtla, de la Organización La Esperezara de Iguala y del Consejo de Autoridades de Tecoanapa.
Olivares Hernández explicó que en esa reunión plantearían las necesidades de las familias que desde la noche del viernes se encuentran refugiadas en Puerto Las Ollas, puesto que si bien ya salieron de La Laguna en donde estaban siendo amenazados y sus vidas corrían peligro, siguen en la incertidumbre de qué va a pasar con ellos en el futuro, y necesitan de un lugar seguro donde puedan establecerse definitivamente. Dijo que también requieren de ayuda para vivienda, alimentación, servicios de salud y educación.
Por ello lamentó que el gobernador Aguirre Rivero les haya cancelado de última hora la reunión, “sobre todo porque todas las muertes que han ocurrido en esa zona son consecuencia de que el gobierno ha minimizado el problema que se vive allá, por su falta de interés y compromiso con esas familias. Eso fue lo que provocó el asesinato de Juventina Villa”, dijo el defensor de derechos humanos.
Reconoció, sin embargo, que de la secretaría particular les preguntaron si querían que la reunión se realizara con otros funcionarios, pero que la respuesta fue que no, “porque todos han sido rebasados a estas alturas por el problema y a nosotros nos urgen una reunión directa con el gobernador, como el titular del Poder Ejecutivo en el estado, pues no podemos permitir que la gente siga corriendo peligro, que siga en una zona de alto riesgo, mientras que el gobernador y los funcionarios prefieren atender otro tipo de asuntos que lo relacionado a preservar la vida y la integridad física de las personas”.
Por su parte, Díaz Taboada del CCTI, recordó que fue precisamente por negarse a los pobladores de la Laguna el acceso a la justicia lo que provocó los asesinatos que se intensificaron a partir de septiembre, cuando comenzó la segunda fase de agresiones en esa localidad.
“Estos nuevos asesinatos que culminaron con el asesinato de doña Juventina Villa y su hijo Reynaldo, marcan la falta de una respuesta integral e interinstitucional de parte del gobierno del estado y de las autoridades federales y ello tiene que ver con la falta de voluntad política del gobierno para ofrecerles el acceso a la justicia”, dijo.
Dijo que las organizaciones entienden la necesidad del gobernador de relacionarse con el gobierno federal y asistir a la firma del Pacto Político motivo por el cual se trasladó a la ciudad de México, “pero a nosotros también nos preocupa que se siga negando el derecho a la petición, el acceso a la justicia, pues esto se traduce no en un retraso de audiencias, sino en un aumento del costo social, del dolor de las personas, puesto que se trata de gente que ha sido desplazada de sus comunidades que han perdido sus propiedades, sus casas, su ganado y sus terrenos de trabajo y eso habla de un grave problema social y de un alto costo social, y eso es lo que parece ser que los funcionarios del gobierno del estado no han entendido”.
Recordó que hace 15 días cuando pidieron al gobierno estatal que se aplicaran protocolos de protección civil para sacar a la gente de manera urgente de La Laguna, “dijeron que no, que no querían echarse a la gente encima al haberlos sacado a un lugar que ellos no quisieran, ahora por no aplicar ese protocolo de protección civil, tenemos dos muertos más; entre ellos una mujer que estuvo denunciando desde el 2007 agresiones en contra de su comunidad y su familia y que desde el 2011 dio los nombres de los agresores y hasta la fecha nadie de ellos está detenido”.
Agregó que es la misma negligencia que sigue demostrando el gobierno con el resto de los desplazados en La Laguna, “porque el hecho de que estén desplazados con medidas cautelares, con resguardo de la Policía Estatal Preventiva o del Ejército, no garantiza su seguridad mientras no haya castigo para los responsables, seguirá habiendo impunidad, es lo que está haciendo el gobierno al sacar a la gente sin hacer investigaciones”.
Añadió que en este caso se está tapando el hoyo después del niño ahogado, “pero por otro lado se está dejando un hoyo muy grande que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad del grupo armado, que era sacar a la gente que no se ponía de su lado, para tener el control del territorio, un territorio con riquezas naturales, probablemente con prospectos de minería importantes, lo cual también es preocupante porque si esa es la intención de las grandes industrias e intereses económicos para despoblar el área y después no tener gente organizada que pueda defender su territorio y que se resistan a sus proyectos, es doblemente preocupante”, dijo.
A su vez, Minervino Morán Hernández de la CETEG reclamó al gobernador el hecho de haber cancelado la reunión de ayer, “eso demuestra que representa un gobierno de la simulación; que dice sí y en los hechos no cumple, que firma acuerdos, pero que, igual, no los cumple. Un gobierno que no garantiza los derechos humanos, los derechos constitucionales en el estado”.
Añadió que un gobierno así, que no se pone del lado de la justicia, se pone automáticamente del lado de los agresores, “se convierte, en todo caso, en protector de los delincuentes, es el caso de los habitantes de La Laguna y de la compañera asesinada”, acusó el dirigente magisterial.
Y agregó que eso demuestra que hay fuertes intereses económicos y políticos que quieren controlar la zona, “y el asesinato de la compañera Juventina obedece a eso”, dijo.
Consideró que ante un gobierno que ofrece y firma pero no cumple; que no está del lado de la justicia y los derechos humanos pero sí de los intereses de grupos criminales, de los empresarios y de los grandes intereses económicos valdría la pena consultar en los pueblos su viabilidad, “habría que irlo consultando en el marco del artículo 39 de la Constitución; si este gobierno no cumple con los intereses del pueblo, las comunidades tienen todo el derecho de ejercer la forma de gobierno que necesiten”.
Y citó que los casos más recientes de Huamuxtitlán y Olinalá son pruebas de que cuando el gobierno no actúa y no brinda seguridad, son los pueblos los que tienen que tomar en sus manos su forma de gobernarse”.
Finalmente, Manuel Olivares dijo que esperan que en las próximas horas el gobierno estatal les agende una nueva audiencia para  que se realice esta reunión, que, insistió, consideran importante para definir el destino y el futuro de las familias desplazadas.