Acusan al juez civil de Tecpan de lentitud y al actuario de corrupción; piden su destitución

Abogados de tres municipios de Costa Grande solicitaron la remoción del juez civil y familiar, Adalberto Martínez Valenzo acusado de lentitud en su trabajo, y el actuario Víctor Javier Torres Mejía, por lucrar pidiendo dinero a los ciudadanos.
Vía telefónica, el abogado Domingo Martínez Altamirano explicó que desde su llegada en junio, el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, en Tecpan entró en parálisis por la lentitud del juez.
Comentó que han realizado solicitudes escritas y verbales al juez para que agilice su trabajo, pero la lentitud continúa y existe una molestia generalizada de los abogados porque hay casos que “llevan meses atorados y no podemos hacer nada y todo radica en el tortuguismo del juez”, comentó.
Dijo que además de Técpan son afectados Atoyac y Benito Juárez, entre los cuales suman más de 100 abogados inconformes que han solicitado su remoción, de la misma manera que la del actuario Víctor Javier Torres Mejía.
Comentó que ya se dirigieron por medio de un oficio al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jesús Martínez Garnelo, a quien le pidieron una revisión del trabajo de los funcionarios, tras la solicitud el Poder Judicial envió a un visitador para corroborar las denuncias y tras presentar el informe no se ha liberado ninguna acción.
Sobre el actuario comentó que hay quejas de ciudadanos y abogados que lo señalan de corrupto, pues pide dinero a cambio de realizar su trabajo, “el juez es un individuo noble pero el actuario es un mafioso”, dijo Martínez Altamirano.
Los abogados inconformes estarían de acuerdo a que el juez se mantenga en su cargo bajo el compromiso de agilizar su trabajo, pero advirtió que no están de acuerdo en que el actuario continúe en el juzgado porque sus actos de corrupción son constantes.
De no ser removido y el juez no se compromete, comentó que los abogados están planteando integrar una averiguación previa por desempeño irregular de la función pública en contra de los funcionarios. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo)