Se violan los derechos humanos de las reclusas en Guerrero, afirma especialista

Karla Galarce Sosa

Las mujeres encarceladas en Guerrero sufren de violaciones a los derechos humanos, como son derechos reproductivos y de atención médica, y que a la mitad de ellas, la mayoría indígenas, aún no se les dicta una sentencia, declaró el coordinador de investigación y análisis de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Luis Jorge de la Peña Rodríguez.
“Es un problema interinstitucional y de intereses políticos, como lo fue para la administración del gobierno del estado de aquel momento (cuando era gobernador Zeferino Torreblanca Galindo)”, dijo.
Indicó que las autoridades de los espacios penitenciarios de entonces se molestaron con la publicación del estudio que reflejaba la grave situación en las cárceles de la entidad.
Comentó que aunque las cárceles no son un espacio público, son una institución pública que debería estar abierta al escrutinio público de las organizaciones ciudadanas pero pretextando la seguridad, las autoridades ocultaron el resultado de lo que arrojó el estudio y lo que allí ocurría y sigue ocurriendo.
En entrevista al concluir el taller para periodistas sobre el sistema penal acusatorio, que fue convocado por el Poder Judicial de Guerrero, De la Peña Rodríguez abundó que en un diagnóstico integrado en 2008, relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, reveló que las cárceles de la entidad carecen de espacios adecuados para mujeres y que las separen de los hombres.
“El diagnóstico que hicimos en Guerrero en 2008 que es de las mujeres privadas de su libertad, donde incluimos el tema indígena, prácticamente visitamos todos los sistemas penitenciarios del estado y entrevistamos a las mujeres. Existe una vulneración muy amplia en las mujeres privadas de la libertad, sobre todo en la mujer indígenas en relación al vínculo comunitario, en relación al idioma porque no tienen, generalmente acceso a un traductor, tanto en la etapa del proceso judicial, como en la privación de la libertad, la prisión preventiva y la sentencia”, indicó.
Señaló que cualquier acción legal para quien está acusada, debe ir acompañada de un traductor para que le explique en su lengua lo que está ocurriendo.
Comentó que un primer problema es que las mujeres de origen indígena, no están en sus regiones, tienen que adaptarse al sistema de vida que está impuesto en la cárcel y que deben aprender a hablar español, no siempre en las mejores condiciones, ni con todas las garantías.
Habló de que en los centros penitenciarios, deben sujetarse a medidas disciplinarias laxas, donde no se respeta la situación jurídica por la que están en la cárcel.
“Quienes están en prisión preventiva, no se les deberían restringir la misma cantidad de derechos que las que están sentenciadas, y se encuentran en una especie de prisión adelantada, previa, donde están siendo privadas de su libertad sin una sentencia. Las mujeres indígenas sufren de un abandono social muy amplio porque en los centros penitenciarios, durante los días de visitas, sólo un diez por ciento de las mujeres son visitadas”, dijo el integrante de la organización.
“En el contexto penitenciario, éstas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema porque las personas viven de lo que las visitas les llevan y quienes no tienen visitas es quien está más vulnerado dentro de la cárcel”, comentó.
Se le preguntó sobre la cifra de las mujeres recluidas y respondió que la población penitenciaria es muy fluctuante, aunque calculó que “el 48 por ciento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en Guerrero, están en prisión preventiva. En relación con la proporción indígena, de ese porcentaje, la mitad son indígenas”, de ese 50 por ciento, estimó que un diez por ciento son mujeres indígenas y de éstas, la mitad.
Abundó que el estudio busca reflejar la población indígena y, de manera particular las mujeres que están en una situación irregular en las cárceles “por la excesiva carga de los tribunales, aparejada a una ineficiencia institucional por la estructura del sistema inquisitivo y por la falta de una defensa adecuada, sobre todo de las personas indígenas que carecen de una defensa de oficio ni un traductor que les diga qué ocurre, como tener la información necesaria para defenderse”. Al concluir el estudio, acotó, había cien mujeres en la entidad.
Ahondó que para la integración del diagnóstico contaron con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Mujer.
Otro estudio integrado en 2010 sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de su libertad, detalló, que trata de dilucidar la situación de los derechos reproductivos de las mujeres privadas de su libertad, entre ellos Guerrero, con derecho a la maternidad, la decisión sobre su propio cuerpo, los derechos sexuales, la aplicación de métodos anticonceptivos, a tener una pareja, entre otros.
“Constatamos las graves condiciones de vida que llevan las mujeres en los centros penitenciarios, pero que, como son una minoría, no se les aseguran los derechos igual que a los hombres. En Guerrero, las condiciones para ejercer su maternidad, son peculiares y el primer problema es que no hay centros penitenciarios femeniles en Guerrero, de hecho sólo hay 13 centros penitenciarios para mujeres. Todas las mujeres tienen que convivir en los espacios para los hombres, como en Ayutla que sólo había una mujer que tenía que compartir todo con los hombres, no había un espacio para ella”.
En el caso de la maternidad y la salud sexual, señaló que no existe un servicio ginecobstétrico para la atención de la maternidad, del embarazo y éste debe transcurrir en una desprotección y no hay chequeos en el transcurso del mismo.
“En los chequeos son tratadas igual que si fueran un criminal, son esposadas, sometidas a maltratos, son trasladadas en patrullas. Las personas no van al hospital hasta que están en trabajo de parto, no hay una programación ni un seguimiento, sino hasta que están en labor de parto, es cuando se les traslada y se les mantiene esposadas hasta que regresan al centro penitenciario”.
A quienes ya tienen hijos y viven en el penal con ellos, carecen de los espacios para que haya mobiliario adecuado para los niños.