Una semana después, el Congreso condena el asesinato de Juventina Villa y su hijo

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Una semana después de los hechos, los diputados del Congreso del Estado condenaron ayer en sesión el “artero asesinato” de la dirigente de los desplazados de La Laguna en la sierra de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, y de su hijo, Reynaldo Santana Villa, ocurrido el pasado 28 de noviembre, así  como el del presidente del Consejo Estatal del Café, Francisco Piedragil Ayala.
Por tal motivo, los diputados exhortaron al gobernador Angel Aguirre Rivero que instruya a la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) “el pleno esclarecimiento de los hechos, hasta llevar a los presuntos culpables ante la justicia y sean procesados con todo el rigor de la ley”.
También le piden al gobernador “que reconozca las necesidades de protección de las víctimas y establecer iniciativas de prevención y de atención de riesgos en la zona de la sierra guerrerense”.
Asimismo, le hacen un llamado a los tres niveles de gobierno “para que fortalezcan la presencia institucional en la región de la Sierra Madre del Sur, mejoren el tejido social comunitario, y contrarresten los impactos producidos por el desplazamiento de las familias afectadas.
El exhorto al gobernador fue leído este martes en tribuna por el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, a nombre de la Comisión de Gobierno, de la cual es secretario.
Apreza Patrón, sin precisar y fuera de la lectura del punto de acuerdo, pidió a título personal que termine la “criminalización del movimiento social, se esclarezca y se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
Luego añadió que su llamado al gobierno del estado es que “junto a la sociedad y poderes públicos, revise su sistema de seguridad y genere un ambiente de tranquilidad y paz en el estado de Guerrero; que los tres órdenes de gobierno mejoren su presencia en la región y generen acciones de desarrollo”.
La Comisión de Gobierno la integran como presidente el coordinador parlamentario del PRD, Bernardo Ortega Jiménez; como secretario Héctor Apreza Patrón y como vocales, Mario Ramos del Carmen del MC, Delfina Concepción Oliva del PAN, Arturo Alvarez Angli del PVEM, Jorge  Salazar Marchán del PT y Emiliano Díaz Román del Panal.
Ya en la lectura del punto de acuerdo, el priista Héctor Apreza dijo que “los lamentables incidentes de violencia ocurridos en la región de la Sierra de la entidad en las últimas semanas, no son hechos aislados, corresponden a una dinámica de eventos que son del dominio de la opinión pública”.
Enumeró unos: “La tala indiscriminada de los recursos forestales y tráfico de drogas, presiones y amenazas de grupos de la delincuencia que operan en total impunidad contra la comunidad, asesinatos que no han sido esclarecidos por la autoridad competente, comunidades abandonadas por la violencia y el desplazamiento forzado de familias de distintas comunidades de la sierra”.
A nombre de las diputados de la Comisión de Gobierno, consideró que “el derecho constitucional a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, no ha sido atendido; y las necesidades de vivienda, salud y alimentación, se han recrudecido en la sierra guerrerense, lo que afecta principalmente a ancianos, niños y mujeres embarazadas”.
Dio a conocer que la región de la Sierra guerrerense “está siendo devastada en sus recursos ambientales y forestales, lo que ha desencadenado que los habitantes se encuentren en un estado grave de vulnerabilidad y de ausencia de oportunidades para su desarrollo social y económico”.
Indicó que la problemática de la Sierra de Guerrero, “empeorada por las circunstancias de violencia e impunidad, hacen impostergable el fortalecimiento de la presencia institucional en la región, tanto del gobierno de la República, el gobierno del estado y los ayuntamientos de la región, para disminuir el grado de vulnerabilidad de la población, con acciones conjuntas de coordinación, para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus autoridades y se sienta segura para organizarse y colaborar con las autoridades locales en el establecimiento de la paz y la seguridad ciudadana”.
Explicó que en este “escenario de violencia” se circunscriben los homicidios cometidos contra Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, ocurrido el pasado 28 de noviembre, y la más reciente la del presidente del Consejo Estata del Café, Francisco Piedragil Ayala.
Luego de la lectura del punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad y sin discusión el exhorto al gobierno del estado.