Desechar el juicio político que solicitó la CNDH en su contra, pide López Rosas

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es un ente moral que no tiene facultades para solicitar juicio político en su contra, afirmó ayer en su comparecencia ante la Comisión Instructora del Congreso, el ex procurador Alberto López Rosas, y por tal motivo solicitó a los diputados el sobreseimiento del proceso que le siguen porque no se ha agotado la investigación.
Y a petición de los diputados, Germán Farías Silvestre, del PRD, y de Javier Taja del PRI, los diputados de la Comisión Instructora valorarán en los próximos días si citan a comparecer al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para que informe el porqué dio la orden al entonces procurador general de Justicia, Alberto López Rosas, de mandar a policías ministeriales intervenir en el desalojo y hacer detenciones, prometió el presidente de esa comisión, el priista Omar Jalil Flores Jalul.
López Rosas reiteró que se separó de la realidad a la opinión pública mediante una estrategia mediática, jurídica y política, para presentar una culpabilidad temprana y previa contra las autoridades de Guerrero de parte de la PGR y de la CNDH.
El ex funcionario enfrenta un proceso de juicio político en Congreso local, solicitado por la CNDH, acusado de incurrir en omisiones durante y después del desalojo policiaco del 12 de diciembre del año pasado en que murieron los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y por ser uno de los altos funcionarios que convalidaron, consintieron o toleraron diversas violaciones graves a los derechos humanos como tortura y tratos crueles cometidas ese día.
Ante las presiones de los normalistas, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que se le finquen responsabilidades, López Rosas advirtió a los diputados que deben cerciorarse que la investigación en torno al desalojo termine, porque si dictaminan sin que eso ocurra, lo dejan en un estado de indefensión.
La comparecencia ante la Comisión Instructora sirve para que sus integrantes se alleguen información y pruebas para definir una resolución que deben presentar al pleno, que se convierte en jurado de sentencia y allí votar si lo sancionan o lo exoneran.
Por lo anterior, el ex procurador reiteró su postura de deslindar a los agentes de la Policía Inves-tigadora Ministerial (PIM) de los hechos en que murieron los dos normalistas y un trabajador de la gasolinera, aseverando que no intervinieron en el desalojo, y por lo tanto no dispararon contra los normalistas.
Reiteró que la orden de intervenir y hacer detenciones la recibió del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pero que eso ocurrió sólo una vez que ya había flagrancia, tras escucharse los disparos.
Igualmente mostró en un video imágenes de  agentes de la Policía Federal (PF) disparando, porque ellos fueron quienes llegaron y operaron primero en el desalojo, pues el tramo carretero en que ocurrieron los hechos es federal.
Integran la Comisión Instruc-tora, su presidente el diputado del PRI, Omar Jalil Flores Majul, Luisa Ayala Mondragón del PRD, Alicia Zamora Villalva del PRI, Emilio Ortega Antonio del MC y Arturo Alvarez Angli del PVEM, aunque llegó tarde.
Asistieron como invitados Ve-rónica Muñoz Parra y Héctor Astudillo del PRI –quien se fue antes de terminar la comparecencia–, el presidente de la Comi-sión de Gobierno, Bernardo Or-tega del PRD, Germán Farías del PRD, y Javier Taja del PRI.

La PIM no es responsable del asesinato, reitera

A las diez y media de la mañana, reunidos en la Sala José Francisco Ruiz Massieu, López Rosas recordó que en abril de 2011 fue investido como procurador general de Justicia del estado y designado por el Congreso local, comprometiéndose a ceñirse a la Constitución Política del Estado y que no se ha apartado de eso.
Aseveró que fue por el empeño del centralismo político federal, que se separo del cargo con el ánimo de esclarecer los hechos, un día después, para no estropear la justicia.
Recordó que entregó el pasado lunes un escrito en el que da su versión y que a ella se acoge y que la comparecencia fuera un agregado a ello.
Luego presentó un resumen del video del desalojo violento del 12 de diciembre de 2011, mismo que le hizo llegar a la CNDH y que ésta presuntamente desatendió, y que no fue tomado en cuenta por la PGR, donde se demuestra que quienes intervinieron y operaron primero en el desalojo y dispararon contra los normalistas fueron los agentes de la PF.
Aunque precisó, mostrando el video, que su versión es una presunción que corresponde a las autoridades federales investigar. Y mostró a un policía federal que disparó y que presuntamente mató a uno de los estudiantes.
“Guerrero puso los muertos y la federación la impunidad”, aseveró.

Tlachinollan no ha dicho nada contra la Policía Federal, dice

Luego indicó que no entiende por qué el Centro Tlachinollan no ha expresado su desaprobación por la actuación de la Policía Federal, pues sólo se ha dirigido en contra de la PGJE.
Recordó en ese sentido, que un juez le concedió un amparo a uno de los agentes ministeriales acusado, porque no pudieron relacionar a la víctima con el victimario, pues las acusaciones sólo eran porque lo vieron apuntando y ese criterio no lo aplicaron en el caso de los policías federales, que en el video se ve que apuntan hacia los normalistas. Y mostró una foto para ilustrar su afirmación.
Como conclusión al mostrar el video, dijo que el espacio del desalojo era “una zona de guerra” y cuestionó: “Cómo es posible que no se haya investigado, fue una guerra desigual”.
Igual mostró en el video que los policías federales, al retirarse, levantaron casquillos, que son las evidencias de que sí dispararon, sobre todo “de donde se presume salió el primer balazo que mató al primer estudiante”, mostrando a un agente federal que disparó.
Igual explicación dio en el caso del disparo que mató al segundo estudiante.
Por ello, lamentó que la CNDH haya presentado a través de apoderados la petición de juicio político y no lo hiciera el propio presidente del organismo.
Explicando que los hechos no son vinculatorios y se obliga a convalidar los documentales para poder hacer los señalamientos.
Además de que explicó a los diputados que la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que se actualiza con el de la federación, no da motivo de juicio político, porque este procedimiento sólo es de estricta responsabilidad de los ciudadanos, no para las personas morales como la CNDH.
En ese sentido anunció que desafortunadamente el presidente de la CNDH está blindado y no podría presentar una demanda de juicio político en su contra “por la investigación sesgada que realizó”, lo cual lo deja en estado de indefensión.
Dijo que estará pendiente del proceso de juicio político que le siguen en el Congreso local.
Precisó además que la investigación de la CNDH “es inacabada, no pueden juzgarme sin que las autoridades competentes hayan deslindado responsabilidades. Al no entrar de fondo al asunto, sería violar mis garantías, porque no se ha llegado al fondo de la verdad”.

Pide el sobreseimiento del juicio político

Por tal motivo, López Rosas pidió a los diputados el sobreseimiento de su juicio político, “no porque se hayan desvanecido los datos, sino porque ni siquiera se han dado. No hay elementos, porque una investigación inacabada no puede arrojar elementos y por lo mismo procede la causal de sobreseimiento”.
Añadió que hay cuatro detenidos por los hechos del 12 de diciembre, dos de ellos un subprocurador de justicia y una fiscal, “que llevan cinco meses privados de su libertad y con esta evidencia (su video), puede resarcir esta soberanía el atentado a sus garantías individuales”.
Señaló que los dos agentes ministeriales detenidos ya encontraron amparo, porque no hay relación entre la víctima y el victimario, hay una relación subjetiva.
Concluyó diciendo que hizo llegar sus pruebas y su libro, que es un esfuerzo tratando de conjuntar todos los elementos a su alcance para dejar algo escrito, porque cuando no funcionan las instituciones, se da la imposición de la federación sobre un estado. “Guerrero no es una aldea”, concluyó.

Preguntas y respuestas

En la etapa de preguntas y respuestas, Germán Farías Silvestre del PRD y Javier Taja del PRI, solicitaron a los diputados de la Comisión Instructora que citen a comparecer al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, por haber dado la orden al procurador de acudir al desalojo y detener a normalistas.
Los diputados en general mostraron poca atención a la explicación de López Rosas, lo que provocó que repitieran preguntas y se alargara hasta dos horas la comparecencia, pues terminó faltando quince minutos para la una de la tarde.
Como fue evidente además que no leyeron el expediente que les turnó la CNDH con la petición de juicio político en contra de López Rosas, las preguntas de los diputados de la comisión más los diputados invitados, se centraron más en precisar el orden de la llegada de la Policía Federal y la Policía Ministerial al lugar de los hechos.
También quisieron saber a qué hora el secretario general de Gobierno le dio la orden de intervenir y detener estudiantes. Si la PIM tiene facultades de intervenir en los desalojos. Si los estudiantes iban armados. Cómo se enteró que la Policía Federal disparó contra estudiantes. Y si cuenta la PGJE con un protocolo para intervenir en estos casos.

Autoridades de Guerrero, sin responsabilidad

López Rosas tuvo a modo las respuestas para repetir lo que ya había expuesto antes.
Precisó que primero llegó la Policía Federal y luego la estatal, y posteriormente la PIM, primero con 40 elementos desarmados y luego armados, por disposición de la comandancia regional, sólo después de que sucedieron los disparos, y lo hicieron de manera natural para responder a la flagrancia.
Además enfatizó una y otra vez que no participaron en el desalojo, sólo cuando hubo la presunción del delito, es decir, cuando

pasaron los disparos, porque hubiera sido “irresponsable” no acudir, justificó. Aunque aceptó que la ley reglamentaria de la PGJE no los faculta para asistir a los desalojos.
“No formamos parte en el operativo del desalojo, fuimos llamados cuando había evidencia de presuntos delitos y los detenidos fueron entregados por la corporación  federal a los ministeriales”, recalcó.
Negó que las autoridades de Guerrero tengan que ver con el desalojo, porque quienes intervinieron fueron los agentes de la Policía Federal, pero dijo no saber quién les dio la orden a ellos.
“Las autoridades federales nos han absuelto de todas las acusaciones, pero deliberadamente y de manera tendenciosa, para que nuestra situación no se resolviera en el gobierno (de Felipe Calde-rón) que acaba de concluir, los familiares de las víctimas fueron convencidos para que interpusieran el recurso de revisión para demorar el asunto”, acusó.
“El juez federal me revocó la orden de aprehensión, pero la PGR interpuso un recurso de revisión y sigue el proceso”, dio a conocer.
López Rosas señaló que con su libro no pretende engañar ni alterar la verdad, “no soy investigador. Les hago llegar los elementos con que cuento. Mi libro no es verdad absoluta. Si alguien la tiene, que la haga llegar para hacer justicia. Yo salí de la PGJE y no tuve acceso a las investigaciones. Legalmente hice acopio de los elementos con que conté”.
Indicó que la PGR no le imputa responsabilidades concretas y la CNDH sólo lo hace en abstracto y subjetivo, porque aseguró que nadie lo acusa de haber dado la orden de disparar contra los estudiantes y si eso fuera, sería lo que estuviera combatiendo para desvanecerlo con una investigación.
Incluso recordó que en el expediente el testigo que recién apareció muerto y uno más que dio su testimonio a la CNDH, señaló que quienes dispararon fueron los de la Policía Federal.
“De la foto de los dos agentes, que fue ampliamente publicada en los medios y que fue lo que utilizaron todos paras acusarnos, la actitud de los ministeriales fue de defensa, no ofensiva, si hubieran disparado, las cámaras y fotógrafos que estaban atrás de ellos los hubieran grabado”, expresó.
También recordó que los 12 policías arraigados no resultaron positivos en la prueba de rodizonato de sodio y que esto lo solicitó a la PGR, que dijeron no tenían todos los químicos, pero la PGJE se los facilitó.
Del estudiante detenido y torturado que luego fue liberado, López Rosas dijo que él se enteró a las seis de la tarde y ordenó que fuera entregado a la PGR para su investigación y así asegurar sus garantías, pero que luego ya no supo nada, porque al otro día renunció a la PGJE y no le tocó hacer la investigación.
Y para finalizar la comparecencia, el presidente de la Comisión Instructora, Omar Jalil Flores, explicó que el interés en darle transparencia al proceso de juicio político es para que “estos lamentables hechos que enlutaron al estado, no se vuelvan a repetir”.
“Haremos que prevalezca la verdad en Guerrero y en el caso de Ayotzinapa”, destacó el diputado priista.