Presentan queja parientes de la Miss de Sinaloa muerta en contra de la PGR y el Ejército por dañar su honor

Edgar Sánchez / Agencia Reforma

Culiacán

Familiares de María Susana Flores Gámez, ganadora del certamen Miss Mujer Sinaloa 2012 y quien murió en una serie de enfrentamientos entre presuntos sicarios y soldados del Ejército, aseguraron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y milicia atentaron contra el honor de la modelo al dar a conocer información clasificada como reservada.
“De manera general, vienen aduciendo que se ha atentado contra la circunstancias de honor, particularmente de Susana. Se han hecho señalamientos públicos sobre imputaciones a acciones u omisiones de Susana, sin que todavía sean definidas por un juez”, explicó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH.
“No se deben afectar derechos de terceros cuando no ha sido un juez el que ha definido las circunstancias jurídicas para limitar o exigir responsabilidades. Sustentados en principios como el del debido proceso legal o el de presunción de inocencia, estas personas (familiares) consideran que se está vulnerando los derechos tanto a Susana como a sus propios familiares”.
El ombudsman indicó ayer que los parientes de la Miss Turismo Oriental Internacional acudieron el miércoles ante la CEDH para presentar una queja en contra de autoridades de la PGR y Ejército mexicano.
El defensor de los derechos humanos destacó que los familiares indicaron durante las declaraciones de la queja que Flores Gámez no pudo haber disparado durante el enfrentamiento a balazos.
“Ellos infieren que no pudo haber generado disparos, pero eso lo tiene que deslindar un juez”, argumentó el presidente.
La queja se originó a raíz de que el delegado de la PGR en Sinaloa, Enrique Feregrino Taboada, confirmó el martes ante la opinión pública que la ex Mujer Sinaloa 2012 había dado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, que se aplica para averiguar si una persona ha disparado un arma de fuego.
Ríos Estavillo señaló que, por tratarse de funcionarios federales, la queja fue turnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien será la encargada de llevar a cabo las investigaciones en coordinación con la CEDH.
“Estaremos trabajando coordinadamente, pero será la nacional quien lleve todas las diligencias”, destacó.