Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Héctor Manuel Popoca Boone*

Democracia y dinero (3)

El dinero es influyente en la política. Más en los países en donde éste se concentra en pocas manos y donde hay una acentuada inequitativa distribución del ingreso, es decir, una acumulación muy desigual de la riqueza socialmente generada.
La concentración del dinero produce incremento del poder de quienes lo poseen. Estos logran, a veces, moldear la expresión de la voluntad popular en los procesos electorales. No obstante, la relación entre dinero y política es inevitable.
Los partidos políticos y sus candidatos requieren de amplias cantidades de dinero para sostenerse y para sus campañas electorales. Son estructuras organizacionales corporativas caras, algunas de tipo familiar, de alcances regionales o nacionales, profesionalizadas en las artes de las artimañas electorales. Están necesitados de promocionarse a través de los medios y eso cuesta. La necesidad de gastar es consustancial a sus funciones y perentoria la avidez de buscar cómo ingresar más dinero a sus arcas.
En un sistema capitalista siempre hay más de un perverso adinerado que quiera ofrecerlo, ilegítimamente, para defender y expandir sus intereses particulares. Mientras los partidos tengan la necesidad de hacerse de dinero habrá la posibilidad que los recursos económicos provengan de algún lado no lícito.
Dinero y política son entes simbióticos. En permanente tensión en las contiendas electorales. Pueden tener efectos perniciosos sobre las mismas. El principio rector es que la democracia concede, teóricamente, un peso igual a todos los ciudadanos para influir en las decisiones públicas y no los discrimina, en este caso, en función de su riqueza patrimonial.
La lógica del dinero no debe ser el fiel de la balanza en la política. En los tiempos actuales hay un vínculo estrecho entre elecciones, dinero y publicidad. Regular esta trilogía es requisito para que haya equidad democrática y no claudicar ante el poder de la plutocracia.
Contando con una contundente normatividad federal y estatal que refuerce las medidas regulatorias que favorezcan la transparencia y la legalidad en el origen de los recursos destinados a la política, garantizaremos la no subordinación de la democracia frente a grupos de poder económico, político o peor aún, de la delincuencia organizada.
Buena parte de las democracias capitalistas derivan en plutocracias, donde la tendencia del mercado electoral es comprar y vender todo al mejor postor. Donde priva la ley del más rico y no de las mayorías, generalmente carentes de lo mínimo.
La lucha por el poder en una democracia la protagonizan, generalmente, actores cargados de intereses que no son seres impolutos y pueden caer en la tentación de allegarse dinero donde haya al costo que sea.
La tirantez entre el dinero y la política es un problema real en la democracia; no así en un régimen dictatorial donde las expresiones políticas que buscan acceder al poder tienen vedado participar en el juego. La plutocracia y las autocracias son en última instancia la corrupción política institucionalizada, y por lo mismo, no es escándalo público.
El abuso del dinero es una de las trabas fundamentales para el sano desarrollo de la democracia electoral en países no desarrollados. Influye notoriamente cuando existe desigualdad y pobreza social a partir de la concentración indignante del dinero en cotos reducidos de carácter privado.
Todo estriba en descubrir cuánta desigualdad y cuánta pobreza resiste la democracia. ¿Hasta dónde es compatible la desigualdad económica con la igualdad política? (Artículo elaborado a partir de una disertación de Lorenzo Córdova).

 
PD1. Parece que el PRI de Peña Nieto iba a recibir la primera ministración de dinero sucio: 26 millones de pesos en efectivo dentro de una maleta. ¡Irredentos!
PD2- ¿Y ahora quién cierra el baúl de los indeseables? “Los ciudadanos ya no quieren políticos rateros, prepotentes, déspotas, soberbios y que pierden los pies de la tierra”, gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
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*El autor es asesor del gobernador del estado

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