Denuncia dirigente de deportistas que el gobierno estatal lo demandó de nuevo

Yee Trujillo

El presidente de la Unión Deportiva Interpoblados, Francisco Javier Hernández Campos, denunció que “por capricho” el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y los directores de Protur e Invisur, Juan Salgado Tenorio y Abel Arredondo Aburto, buscan “pretextos” para encarcelarlos a él y al secretario de la asociación, Abelardo Cortés Baños.
Asimismo pidió la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero porque el lunes fueron demandados nuevamente, ahora por supuestas agresiones contra trabajadores del gobierno del estado en el terreno de Metlapil.
“En el Ministerio Público de El Coloso tenemos una demanda ahora por amenazas que no sabemos de dónde salió; se dice que nosotros amenazamos a la gente de Invisur y a la gente de Capaseg que fueron a hacer obras al lugar pero ahí nadie ha hecho obras, ahí no pueden entrar porque está cerrado y tiene candado la puerta, y yo a esa gente ni la conozco, ni el profesor Abelardo ni yo, nos sorprendimos porque ahora quieren pretextos nada más”, se quejó en entrevista telefónica el ex coordinador de giras del ex gobernador René Juárez Cisneros, y del ex alcalde Manuel Añorve Baños.
Detalló que ayer su abogado les informó que la demanda fue interpuesta por el director del Invisur el pasado lunes, por la supuesta agresión contra trabajadores de las dependencias ocurrida el 19 de noviembre, situación que negó porque recuerda que pasó todo el día en Puerto Marqués haciendo preparativos para el festejo del 20 de noviembre, y que ni él ni Cortés Baños estuvieron en el lugar.
“A fuerza quieren meternos a la cárcel y no saben que metiéndonos a la cárcel la gente se va a alebrestar y va a oponerse, va a tomar la carretera a la Costa Chica y va a haber un problema”, expresó Hernández Campos, y aseguró que hoy mismo presentará un amparo porque esto es “nada más presión” por parte de los funcionarios.
En relación a la última demanda que interpuso el gobierno del estado para la aprehensión de ambos dirigentes, dijo que descubrieron que se encuentra en el Juzgado Octavo pero que no procedió porque no reunía los requisitos; “ya le ganamos por ese lado pero ahora están sacando otra”.
Ante esta persecución política, pidió que el gobernador ordene que estos funcionarios dejen en paz a los deportistas de 38 poblados que hacen uso de las canchas de futbol del predio, porque “nosotros no estamos peleándonos con nadie, menos con los trabajadores, ellos no tienen la culpa, a ellos los mandan”.
El 26 de junio, Invisur entregó este terreno a los desalojados de la colonia Ampliación Puerto Marqués para su reubicación, y días después la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, informó que el gobierno del estado había interpuesto una denuncia por despojo contra los deportistas, quienes reclamaron el predio afirmando que les fue donado en 2005 por Invisur por instrucción del ex gobernador René Juárez Cisneros, y mostraron el título de propiedad del terreno.
Después de que el 11 de agosto los deportistas se presentaron al citatorio en la Agencia Especializada en Despojo de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y su abogado aseguró que la denuncia era improcedente; a finales de octubre Hernández Campos dijo que habían sido demandados por Invisur por segunda ocasión por la supuesta invasión del predio, y los deportistas procedieron a ampararse.
Por el conflicto legal por el terreno, a inicios de noviembre, los desalojados de Ampliación Puerto Marqués marcharon para exigir su reubicación y en una reunión en Protur, Salgado Tenorio les informó que Aguirre Rivero autorizó 5 millones de pesos para la compra de otro predio.
Apenas el 21 de noviembre, Hernández Campos denunció que Salgado Gómez ordenó a la PGJE su detención inmediata por defender la propiedad, y una semana después que su abogado interpuso un segundo amparo contra los 10 juzgados del puerto y los cuerpos policiacos porque continuaban sin saber donde se encontraba la averiguación previa y la orden de aprehensión por la supuesta invasión del predio y no querían ser sorprendidos por el gobierno del estado.