Busca el gobierno disgregar a desplazados de La Laguna, pero deciden quedarse en Las Ollas

Zacarías Cervantes

Puerto de las Ollas / Coyuca de Catalán

Representantes de organismos de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales frenaron la pretensión del gobierno estatal de disgregar al grupo de familias que fueron desplazadas por la violencia de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y que están radicadas en esta localidad.
El miércoles, una comisión de funcionarios estatales, encabezados por la subsecretaría de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño y los diputados federal, Catalino Duarte y el local Elí Camacho, llegaron aquí en dos helicópteros.
La intención, cuando menos de la funcionaria estatal, era sacar a un segundo grupo de familias, (el primero integrado por 11 personas de cuatro familias ya fue trasladado a Petatlán, en donde vivirán provisionalmente en casas de parientes que radican en esa cabecera municipal), sin embargo, los que quedan aquí le manifestaron que, por lo pronto, se quedan temporalmente y le reprocharon que lo que debe hacer el gobierno, antes que ofrecerles otra cosa, es justicia, y que debe detener al grupo agresor que los ha venido matando “porque no hay lugar donde podamos escondernos, a donde nos lleven van a ir a buscarnos para matarnos”, dijo una sobrina de doña Juventina Villa Mojica, en una reunión con los funcionarios y diputados en donde fueron insistentes los señalamientos que atrás del grupo de Los Ciruelos está la familia Montúfar.
Antes de la reunión de las familias con los funcionarios y los diputados, que se realizó después del medio día, por la mañana de este mismo miércoles, los desplazados se reunieron con representantes de una misión civil que, por separado y por tierra, acudió aquí a verificar las condiciones en que están viviendo, la ayuda que reciben del gobierno del estado, y sus propuestas de solución para definir su vida futura.
Allí revelaron que en una visita anterior (el sábado 1 de diciembre), con la misma subsecretaria Mora Patiño, ésta logró persuadir a un grupo de 11 personas de cuatro familias para que salieran de inmediato de esta comunidad y fueron distribuidos en casas de parientes en Petatlán.
También dijeron que otro grupo esperaría hasta este fin de semana para decidir adonde serían llevados por las autoridades estatales, y que un tercer grupo que ha venido teniendo contacto con representantes de organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales, esperaría las gestiones de estos para adquirir un terreno y la ayuda del gobierno para construir en algún lugar del estado.
La misión civil que acudió a reunirse con las familias desplazadas fue integrada por el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; el director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada; el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández; y en representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández. También asistió sólo como observador el delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en la Costa Grande, Adelaido Memije Martínez.
A ellos, las familias desplazadas les dijeron que habían analizado el mecanismo que estaba respaldado la funcionaria para resolver el problema y que habían llegado a la conclusión de que no es el más adecuado porque lo que quería el gobierno era dividirlos sin resolver su demanda principal; justicia, la investigación del grupo agresor y la detención de todos sus integrantes, pues sólo así se sentirían mas seguros en donde quiera que vivan.
“Ya pensamos bien, y lo que queremos del gobierno, antes que otra cosa, es justicia, que detengan a aquellos, no es posible que en este año hayamos denunciado cuatro balaceras que nos fueron a hacer (a La Laguna) y nos sigan matando y no hayan ido a detenerlos, ¿cuántas muertes más quieren para que los metan a la cárcel?”, dijo un hijo de Doña Juventina, que forma parte del grupo de las 105 personas que se encuentran refugiadas aquí y que fueron desplazados de La Laguna y de Hacienda de Dolores.
En tanto que una mujer que se encontraba en la reunión agregó que, además, “a donde pueden llevarnos sin que aquellos no se den cuenta, a donde podemos ir sin que no nos encuentren”, dijo y denunció que el grupo de agresores cuenta con el apoyo de la familia Montúfar, “que tiene contactos en todos lados”.
Y luego la mayoría estuvo de acuerdo en que mejor se quedarían aquí y que su exigencia al gobierno es que antes que les ofrezca otra cosa debe hacerles justicia, “que los detenga y que ya no salgan (de la cárcel) nunca, si no que mejor, de plano, nos dejen libres, ya no queremos más despensas”, propuso la misma mujer.
Añadió que la presencia de la Policía Preventiva Estatal no es suficiente, y que el Ejército debe estar permanentemente en Puerto de las Ollas, “porque sabemos que aquellos tienen infiltrada a la policía estatal”, denunció otro de los desplazados.

Piden que no se siga talando el bosque

En la reunión con la comisión de funcionarios, el dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, les informó que son 105 personas, entre hombres, mujeres y niños, los que están refugiados aquí, luego de que salieron huyendo de la violencia en La Laguna y Hacienda de Dolores desde el 2007.
Recordó que en ese año (el 22 de junio) hubo una de las incursiones más violentas de parte de la Policía Preventiva Estatal y la entonces Policía Judicial, encabezada por el jefe de la segunda corporación, Erit Montúficar, en contra de los habitantes de esa localidad, pero principalmente contra la familia Santana Villa, y que de entonces a la fecha han ocurrido 14 asesinatos de miembros de esa familia, incluida la muerte de Joel Santana, hijo de Rubén Santana y Juventina Villa quien murió el 2 de diciembre en la cárcel de Iguala, y según las autoridades se suicidó, sin embargo los familiares insistieron en que se trató de un homicidio, pero no se investigó, recordó Martínez Cruz.
“Todo eso lo venía denunciando doña Juventina, nunca se cansó de pedir justicia, pero la justicia fue nula”, les reprochó.
Dijo que en los últimos 10 años han ocurrido aproximadamente 30 asesinatos en el ejido de Guajes de Ayala (al que pertenecen la Laguna y Hacienda de Dolores) y que ninguno se ha investigado ni detenido a los responsables.
También les recordó que el mismo grupo al que acusan de cometer los asesinatos, en las elecciones municipales pasadas se robó en Hacienda de Dolores la casilla, “una casilla con votos que eran para ustedes”, les dijo al alcalde Rey Hilario Serrano y al diputado local, Elí Camacho. Pero agregó que a quienes responsabilizaron fueron a la gente de La Laguna.
Por su parte Manuel Olivares agregó que mientras siga habiendo muertes con culpables sin castigo, esta gente no va a sentirse segura en ningún lado, ni satisfecha su demanda de justicia, y a nombre de las familias desplazadas expuso que sus acuerdos fueron, permanecer aquí mientras no haya la aplicación de la justicia, que se les de todas las garantías y facilidades en su carácter de desplazados, que el programa de Oportunidades les pague en esta misma localidad, así como una audiencia urgente con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que responsabilizan al gobierno estatal de la muerte de doña Juventina porque el 18 de noviembre cuando le expusieron al secretario de Gobierno la salida urgente de las familias de la Laguna, éste condicionó a que le firmaran los dirigentes de las organizaciones un documento en el que se hacían responsables de los riesgos que implicaba llevarlas a un lugar en donde no estuvieran de acuerdo.
Y añadió que ahora el mismo gobierno quiere tapar el hoyo ya cuando está ahogado el niño, pero que nuevamente no lo está haciendo bien.
La subsecretaria pidió escuchar a alguien de los desplazados, evidenciando que no quería intermediarios, pero fue peor la andanada de reclamos en su contra, la señora Leonor Ochoa Segura denunció que por culpa del gobierno que no los quiere detener, el grupo agresor ha amenazado incluso que va a ir a Puerto de las Ollas a matarlos allí, “no es justo que el gobierno no haga nada, que esté escuchando, que le estemos diciendo que haga algo por nosotros y no haga nada”.
Preguntó que a dónde se van a ir “si ya nadie nos quiere apoyar, solamente la gente de aquí nos está apoyando, a pesar de que con eso tienen para que los maten también a ellos, pues dicen (los agresores) que pueden venir a caernos, y sí, pueden venir, ellos no amenazan, lo hacen”, expresó.
–¿Entonces por qué quedarse señora?, cuestionó Rossana Mora.
–Porque de todos modos, para donde nos vayamos, allí está Eric Montúfar. Ustedes saben que es del gobierno, tiene dinero y tiene mucha gente. Para donde nos vayamos se van a dar cuenta y va a seguir lo mismo. Por eso tenemos miedo de quedarnos, tenemos miedo de irnos, tenemos miedo de todo. Lo único que les pedimos es que hagan algo, que los agarren.
La subsecretaria, finalmente, accedió a la decisión de las familias, pero pidió que firmaran en una lista que se hacían responsables de la integridad física de ellos, como de la de sus hijos, pero el dirigente del FODEG, Martínez Cruz le dijo que estaba asumiendo la misma actitud que el secretario de Gobierno cuando les dijo que firmaran un documento en el que se habían responsables las organizaciones del riesgo que implicaba sacara a las familias de La Laguna. Y le dijo que el problema es que anotar los nombres era muy peligroso para las familias.
El diferendo se resolvió cuando se medió para que quien se hiciera responsable de la relación de desplazados fuera el delegado Codehum, Memije Martínez.
La funcionaria ofreció que el gobierno estatal los va a seguir apoyando tanto en el caso de la seguridad en este lugar y con asistencia social, y expresó que la relación de los desplazados era precisamente para la ayuda que les dará el gobierno.
Los diputados Catalino Duarte y Elí Camacho también ofrecieron realizar las gestiones necesarias para que fluya la ayuda gubernamental, incluso el primero ofreció gestionar para que los reciba el gobernador y dijo que quedarse aquí fue la mejor decisión.
Concluida la reunión, uno de los ejidatarios demandó a la funcionaria y a los diputados que también intervengan “para que no, porque ya nos salimos, se sigan robando la madera”, pues denunció que se enteraron que ya comenzaron a abrir caminos para la tala de los árboles abiertamente y dijo que hasta octubre ya se habían robado más de 15 mil metros de madera en rollo. Sin embargo, no encontró respuesta de la funcionaria ni de los diputados.
En esta comunidad, a partir de la llegada de los desplazados, se encuentran una treintena de militares y otros tantos policías preventivos estatales para el resguardo de la localidad.

Salieron 3 hombres, bajaron a mi hermano, lo hincaron y lo mataron, y mataron a mi mami, dice una testigo

Zacarías Cervantes

Puerto de las Ollas / Coyuca de Catalán

Doña Juventina Villa salió de su casa a las 10 de la mañana el 28 de noviembre cuando fue asesinada. Su intención era buscar un lugar donde hubiera señal de telefonía celular para informarle al dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz que los camiones que irían por ellos y que debían haber llegado a las 5 de la mañana, a esa hora del día aún no llegaban.
También, de paso, doña Juventina, iría al cementerio para “despedirse” de sus familiares difuntos, pues esta vez la salida de su comunidad, La Laguna, sería definitiva.
Sin embargo, apenas había recorrido cuando mucho un kilómetro a bordo de una cuatrimoto que conducía su hijo Reynaldo Santana Villa, de 14 años de edad, (la información oficial fue que tenía 17 y dirigentes de organizaciones dijeron que 10), cuando los homicidas les salieron al paso y la mataron junto con su hijo.
“A mi hermano lo hincaron y le dijeron que rezara, después escuché los balazos…” narró entre sollozos una niña de 7 años, hija de doña Juventina que también la acompañaba y que presenció el doble asesinato.
Uno de los desplazados cuenta que el cuerpo de doña Juventina tenía cinco balazos en el pecho y en el estómago de calibre AK-47, Cuerno de Chivo mientras que al cuerpo del niño Reynaldo, que quedó a unos 10 metros del de su madre, tenía tres impactos en la espalda, “se supone que en algún momento intentó escapar y le dispararon cuando corría”, dijo la fuente.
“Yo recuerdo que cuando íbamos nos salieron tres hombres y bajaron a mi hermano, lo hincaron lo pusieron a rezar y luego lo mataron, después mataron también a mi mami y yo me bajé de la moto y me vine corriendo y le avisé a los polis y se fueron a ayudarla pero ya no pudieron”, dijo la menor, quien habla mientras algunas mujeres preparan el altar para dar fin con el novenario de rezos la noche de este miércoles.
De a cuerdo a la versión del gobierno, que se dio a conocer a través del secretario de Gobierno, acompañaban a la mujer 10 policías, pero que ella por trasladarse en cuatrimoto se adelantó y dejó atrás a los uniformados, sin embargo los testimonios coinciden en que ella iba sólo con sus dos hijos y que los agentes acudieron al escuchar los disparos.
“Después se fue mi hermano Migue, quería encontrarlos vivos pero ellos ya estaban muertos cuando llegó”.
Según la versión de los desplazados que ahora radican en esta localidad, los agentes policiacos todavía alcanzaron a ver a los agresores con quienes intercambiaron disparos.
De seis hombres varones, hijos de Rubén Santana Alonso y Juventina Villa Mojica solamente sobreviven dos, uno casado y otro de 16 años, tres más han sido abatidos a tiros del 2005 a la fecha, igual que sus padres, ellos son, José, Sergio y ahora Reynaldo. Uno más, Joel, murió en el penal de Iguala en donde estaba detenido por el presunto delito de portación de arma. La versión oficial fue que se suicidó, sin embargo la familia siempre denunció que fue un homicidio, pero el caso nunca se investigó.
Los vecinos de doña Juventina comentaron que los agresores seguramente tenían varios días esperándola cerca del panteón, debido a que sabían que antes de salir de la comunidad iría a “despedirse” de sus hijos y de su esposo Rubén Santana, enterrados allí.
Aseguraron que los agresores de la mujer son parte del mismo grupo de Los Ciruelos que ha venido cometiendo los homicidios en contra de los habitantes de La Laguna.
Los habitantes de La Laguna que esperaban el 28 de noviembre los camiones que les enviaría el gobierno estatal para trasladarse a la Laguna, revelaron que el acuerdo fue que estos llegarían a las 5 de la mañana, para llegar temprano a Puerto de las Ollas, sin embargo las unidades llegaron hasta a las 12 del día, ya cuando la líder había sido asesinada.