Inconforma a padres los métodos de investigación de la SEG en el caso del Cendi 5 en Tlapa

Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 5 ubicado en Tlapa, que piden la destitución de seis educadoras por presuntos maltratos físicos y psicológicos a infantes, se inconformaron con funcionarios de la SEG al leer éstos parte de las declaraciones de los quejosos a las demandadas, sin que les tomarán declaración lo que “rompe el respeto a la formalidad de la investigación”, criticaron.
Por la tarde, mientras padres de familia firmaban el acta que incluía sus declaraciones, el comisionado de la SEG leyó a las educadoras las declaraciones, lo que fue cuestionado por los padres, argumentando que la investigación perdía validez al dar pauta para que las trabajadoras armaran sus declaraciones, sin tomárselas en ese momento, al dar a conocer los funcionarios la interrupción de las investigaciones y su reanudación el próximo miércoles.
Las denunciantes entraron a la oficina donde se leía a las educadoras, en colectivo, el expediente y se mostraron en descuerdo; al tomar fotografías del hecho una persona que acompañó a las educadoras, sujetó por unos instantes la cámara del reportero, señalando que no era justo que no tomara fotografías.
“las maestras están escribiendo lo que declaramos y no habrá espontaneidad en sus declaraciones”, espetaron los padres de familia, ya que se había anunciado que los trabajos se suspenderían, “si no hubieran suspendido no hay problema, es legal que sepa la parte de que se le acusa pero así no se realizó”, ratificaron.
En las instalaciones de SEG ubicadas junto al Cendi 5, en la colonia el Tepeyac, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos encabezados por David Monroy Adame, coordinador de investigación y dictamen de la SEG, tomó declaración a seis testigos y a la presidenta, una vocal y el vicepresidente del Comité de Padres de Familia, respecto a las acusaciones en contra de seis trabajadoras.
En breve entrevista, Monroy Adame indicó que la investigación laboral inició con la toma de declaración de la parte acusadora, pero no dio tiempo de tomar declaración a las acusadas, “en este caso tiene el derecho de saber de qué se les acusa, estaríamos violando la garantía de audiencia si no, es necesario que tengan oportunidad de defenderse y puedan conocer las acusaciones para defenderse de manera individual”, explicó.
Monroy Adame detalló que las educadoras podrán ser acompañadas de su representante sindical, quien podrá auxiliarlas y asesorarlas cuando se les tome declaración. El oficio de notificación se remitió a la sección 14 del SNTE.
Padres de familia denunciaron ante la SEG y ante la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, maltratos psicológicos y físicos cometidos en contra de niños en educación inicial, cuyas edades abarcan entre los 45 días de nacidos hasta los seis años.
Mientras esperaban, madres de familia y padres, platicaron entre ellos sobre afectaciones en niñas y niños, algunos cosas hicieron referencia a daños en las lenguas de varios niños por cortaduras que pudieron haber sido provocadas, además de saber que a varios los metían al cuarto oscuro –especie de ropero ubicado en una de las salas del Cendi– cuando se portaban mal. Una constancia médica de un médico especialista en siquiatría, solicita internar a uno de los niños para diagnóstico y tratamiento.
A las dos partes no se les entregó copia del expediente, que consta de 38 páginas y se les citó para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Nelida de Marcos Prudente, presidenta del Comité de Padres, criticó que la SEG a pesar de comprometerse a regularizar las clases en su totalidad, no lo ha cumplido enviando incluso a personal de intendencia en lugar de educadoras. En otro señalamiento destacó el incumplimiento de los acuerdos, en el que se solicitó que las educadoras abandonen el lugar de trabajo porque “siguen checando y comiendo en el Cendi, tomando una actitud de reto o provocación hacia los padres”.
De Marcos Prudente exigió a las instancias de la SEG revisar la validez de documentos de las educadoras. Madres de familia aseguraron que no se trata de agresión personal contra alguna educadora, sino contra los hechos registrados porque no se puede permitir que haya violencia contra las niñas y los niños, “no es chisme, son situaciones que se han presentado y que deben de ser frenadas”, finalizaron.
Un abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan se mantuvo como observador del proceso de investigación, que continuará la siguiente semana. (Sergio Ferrer / Tlapa).