Marchan en Tixtla y Atoyac en memoria de los normalistas asesinados por policías

Lourdes Chávez y Francisco Magaña

Chilpancingo / Atoyac

Los más de 500 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, marcharon de la escuela a la casa de del alumno Gabriel Echeverría de Jesús, asesinado a balazos en el desalojo policiaco del 12 de diciembre del año pasado, dirigidos por la banda guerra y seguidos por las miradas de los vecinos de Tixtla, que con respeto acompañaron el movimiento durante su trayecto.
No hubo gritos de consignas, sólo el sonido de tambores y trompetas que llamaba la atención de personas de todas las edades que salían de sus casas o se detenían a observar el contingente que en la vanguardia llevaba una ofrenda floral y una fotografía de Gabriel, para honrar al joven caído en el desalojo violento en la Autopista del Sol.
No hubo expresiones de rechazo a los estudiantes o frases degradantes por la manifestación que caracteriza su forma de lucha, más bien familiaridad, porque sacaron a los niños a aplaudir al compás de las marchas.
Doña María Amadea de Jesús recibió de los estudiantes una ofrenda floral y la cubrió de copal antes de colocarla en el altar de cabo de año, que se levanta para recordar a los muertos; ahí volvió a demandar castigo para los asesinos y cuestionó que aún no digan quién ordenó disparar contra los estudiantes y por qué.
La pequeña mujer señaló como responsable a la cabeza del gobierno, “es el gobierno el que administra y ordena todo. Si no hay una orden, la policía no hace nada, él (en referencia al gobernador) sabe de dónde vino eso”.
Reclamó de nueva cuenta el asesinato de su hijo, “mejor lo hubieran metido a prisión, yo habría visto la manera de sacarlo”, reiteró que no era mala persona, sino un joven bien educado en una familia humilde.
Recriminó también que desde el gobierno se criminalice a los estudiantes, “para mi, son buenos muchachos, los calumnian cuando dicen que son delincuentes”.
En referencia a la manifestación del 12, la madre de Gabriel dijo que el gobernador tenía la obligación de recibirlos, “no merecían lo que les hicieron, como madre es muy espantoso como los atacaron”.
En el lugar, los dirigentes de la organización reiteraron que el gobernador no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para resarcir en parte los daños a los estudiantes.
Por ejemplo, señalaron el caso de Edgar Espíritu, herido de bala en el pulmón durante el desalojo policiaco, a quien la policía federal negó el auxilio, y que tendrá secuelas permanentes y requiere constante atención médica.
El dirigente, Diego Castro Domínguez denunció que el gobierno estatal no lo quiere indemnizar ni cubrir sus gastos médicos. Añadió que Edgar continúa sus estudios pero su situación es delicada. “Exigimos que se cumplan las recomendaciones de la CNDH”.
Asimismo, recordó que la rehabilitación de la infraestructura educativa es una farsa, porque la inversión que anunció de 40 millones durante un acto oficial de disculpa pública a los agraviados, dijo que ya se aplicó.
Sin embargo, a punto de concluir el año, los trabajos son mínimos. Indicó que demolieron un edificio que era ocupado como dormitorios, pero a la fecha no han colocado ni los cimientos y las obras están detenidas.
Aseguró que los normalistas van a exigir con mayor fuerza justicia, porque les preocupa que el desalojo policiaco, donde policías estatales y federales cometieron graves actos de violencia y asesinaron a dos estudiantes, se quede en el olvido.
Esta actividad marcó el comienzo de la jornada de lucha de Ayotzinapa, para rememorar el desalojo a balazos donde fueron ejecutados Gabriel y Jorge Alexis Herrera Pino, en la carretera federal México- Acapulco, al sur de Chilpancingo, a unos metros del acceso al último tramo de la Autopista del Sol.
El 12 de diciembre, habrá una gran marcha a donde están convocando también a organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil.

Exigen juicio político para al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez

En Atoyac, alumnos y padres de familia de la escuela normal recordaron, con una marcha por la avenida Juan N. Álvarez, la muerte del estudiante Alexis Herrera Pino originario de la comunidad de la Y Griega.
La marcha se realizó ayer por la mañana después de que los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos arribaron en dos autobuses que decomisaron de líneas pasajeras, al domicilio de la familia del joven abatido por policías cuando se manifestaban en Chilpancingo.
En el domicilio, la comisión de estudiantes estuvieron unos minutos para después partir al arco de la entrada de la ciudad en una marcha hacia al zócalo.
El contingente de setentas personas con veladoras, flores y pancartas donde señalaban que una disculpa pública no hace justicia, marcharon en silencio al centro de la ciudad donde hicieron un mitin exigiendo justicia por la muerte de sus dos compañeros.
El reclamo de los estudiantes y el padre de Alexis Herrera, Jorge Herrera Suárez, fue que las instancias de justicia del estado y federal castiguen a los autores materiales e intelectuales del doble homicidio, y acusan al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, de ser el responsable por el desalojo violento donde murieron los dos alumnos.
Urgieron la destitución del funcionario estatal pues denunciaron que a un año de la represión no se ha hecho justicia.
El padre de Alexis Herrera Pino, Jorge Herrera Suárez, señaló que la disculpa pública que hizo el gobernador en el puerto de Acapulco “no es suficiente para nosotros, ni resuelve nada, es para quedar bien con la sociedad, a nosotros no nos interesa la disculpa pública, nos interesa la justicia, pido que se castigue a Humberto Salgado como el principal autor material y no se le ha hecho nada, está siendo protegido por el gobernador”.
Dijo que reclama justicia y exige un juicio político para el secretario de Gobierno del estado “porque fue el que dio la orden para desalojar a los estudiantes que estaban exigiendo plazas y mejores prestaciones al plantel”.
Abundó que el que hayan comparecido algunos funcionarios estatales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no resuelve el reclamo de justicia.
Aclaró que la familia no se ha vendido ni ha recibido dinero por parte del gobierno del estado por la muerte de su hijo.
Reconoció que les ofrecieron más de un millón de pesos como indemnización y que rechazó “porque aceptarlo sería vender la muerte de mi hijo”.
Calificó que el actual gobierno de filiación perredista se ha caracterizado de ser prepotente, corrupto y represor.
Informó que por parte de la familia el viernes habrá una misa por el aniversario de la muerte de su hijo en la capilla de la comunidad.