Tlachinollan

Juventina, Eva, Marcial y Ayotzinapa, diciembre fatídico

La brutalidad policiaca que acompañó a la ceremonia de la investidura presidencial de Enrique Peña Nieto contra los jóvenes que se manifestaron en el centro de la ciudad de México el 1 de diciembre, nos remitió a la época sombría de un priismo autoritario que siempre ha utilizado la fuerza policiaca para acallar y reprimir a los movimientos disidentes. La clase política sin arraigo en el pueblo ha cerrado filas en torno a un presidente rechazado. En este espectáculo circense las élites encaramadas en el poder se han prestado para armar el primer montaje nacional con la firma del Pacto por México que recoge las prioridades de los grupos empresariales que lo llevaron al poder.
Con gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta, agua a presión y grupos de choque, el gobierno de Peña Nieto estrenó la nueva tecnología de la represión y mostró su talante autoritario, duro y sin ninguna concesión contra la población que ejerce su derecho a la protesta. En este primero de diciembre, los expertos en disturbios sabían de la infiltración de grupos de choque y dejaron que éstos causaran destrozos y se enfrentaran a los policías para aplicar el operativo que pasó de la contención a la represión de las y los manifestantes. Ahora resulta que son los jóvenes de las universidades y la clase trabajadora los que atentan contra la paz pública y por lo mismo, su destino es la cárcel.
Este engallamiento del priismo que retorna por sus fueros, demuestra que viene con toda la maquinaria represiva para arrasar y desmantelar cualquier movimiento que les estorbe para imponer su hegemonía y su agenda política. Llegan pegando duro para ablandar a los adversarios y para domesticar o someter a las organizaciones sociales y civiles que han dejado de creer en los partidos políticos y en la democracia electorera.
También en este diciembre fatídico, las autoridades de Guerrero han dejado en el desamparo a 43 familias de La Laguna, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, que se vieron obligadas a salir de su comunidad para buscar refugio en otro lugar de la misma sierra que es igual de inseguro. Como siempre, las autoridades desatendieron los reclamos de justicia de quienes alzaron la voz en nombre de su pueblo y que obtuvieron como respuesta balas que atravesaron  sus cuerpos para enterrar sus sueños de ver algún día que en aquella zona impere el respeto a su dignidad.
Juventina Villa Mojica, una mujer que al calor de las luchas y ante la tragedia de sus familiares asesinados se forjó como una defensora ejemplar, que arriesgó todo para defender los bosques y a su misma comunidad. Su casta como mujer sencilla y fiel a la causa de su esposo Rubén Santana la hizo  llegar hasta el Palacio de Gobierno en Chilpancingo con la esperanza de que las autoridades atendieran sus denuncias y procedieran a la investigación de todos los asesinatos acaecidos desde el 2007 en la comunidad de la Laguna. Experimentó el engaño, el despreció y la falta de compromiso de las autoridades encargadas de investigar los delitos y aún en las condiciones más adversas ella nunca claudicó.
Los asesinatos de campesinos y campesinas de la comunidad de la Laguna, fueron actos planeados, al punto en que las mismas autoridades sabían de la inminencia de estas acciones fatídicas. A pesar de ello, las autoridades no hicieron lo conducente para proteger la vida de los pobladores, y más bien permitieron que grupos civiles armados actuaran sin ningún temor, porque en la sierra ellos son gobierno.
Los asesinatos de los familiares de Rubén Santana y Juventina Villa se enmarcan dentro de un patrón de ajusticiamiento que es solapado y consentido por las autoridades del estado, con el argumento de que estas personas (según el dicho de sus agresores) también cometían delitos. Con esta explicación simplista las autoridades se escudan, le endilgan a las mismas víctimas la responsabilidad de su propia muerte y de manera burda justifican su indolencia.
Es muy cuestionable la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado, porque no tiene resultados tangibles sobre los responsables de estos asesinatos y en lugar de contener esta espiral de la violencia, los mismos autores de estos crímenes,  siguen matando a la población indefensa, porque saben que gozan de impunidad.
Juventina y sus familiares agotaron todos los medios a su alcance para que las autoridades intervinieran y pararan la violencia. No bastaron los más de 18 asesinatos perpetrados contra la familia Santana Villa. Acabaron también con la única voz que clamaba en la sierra, con Juventina y su menor hijo Reynaldo.
El relato desgarrador de la niña Mayra, hija de Rubén y de Juventina, nos retrata toda la barbarie con la que actuaron quienes destruyeron la vida de su mamá y de su hermano. Son los niños y las niñas quienes ahora son sacrificados en el campo y la ciudad por culpa de un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo pobre y ha dejado que las organizaciones criminales sienten sus reales en las regiones más olvidadas. El drama de los niños, niñas y mujeres desplazadas es una herida profunda que desangra la vida de las futuras generaciones. El destino de Mayra como el de muchos niños y niñas está marcado por la violencia y la muerte, ha sido atrapado por el dolor y la tragedia. El caos y el sinsentido se apoderan de ellas. Las ráfagas de fuego que resuenan en la sierra son los  ruidos estridentes de la muerte que caminan a su lado.
En este diciembre fatídico seguimos también sin saber del paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos defensores ecologistas que el 7 de diciembre del 2011 fueron bajados del autobús en el que viajaban por personas armadas, apoyadas por más elementos civiles armados y por  elementos de la policía ministerial, del municipio de Tecpan de Galeana y del estado, quienes se los llevaron con rumbo desconocido. Eva y Marcial dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) continuaron con la lucha que iniciaron Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Felipe Arriaga, quienes  encabezaron la defensa de los bosques y denunciaron a los caciques, a los talamontes, a elementos del Ejército, de la Policía Ministerial y de la delincuencia organizada que trabajaban en complicidad para imponer su hegemonía y tener el control del territorio con el fin de implantar sus empresas criminales.
En varios foros realizados en la ciudad de México, al lado de Ja-vier Sicilia, Eva y Marcial denunciaron las múltiples amenazas que sufrían y en todo momento emplazaron a las autoridades para que investigaran a los grupos del crimen organizado y a las autoridades que los solapan. Sus denuncias llegaron a la PGR y de viva voz las conocieron las autoridades de Gobernación federal. En Acapulco, Eva misma denunció las amenazas que sufrían, y con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades militares y civiles que les garantizaran protección y atendieran la delicada situación que enfrentaba su organización y la población de la sierra de Petatlán. Sus denuncias nunca fueron atendidas, todo fue mera simulación y en lugar de reconocer el trabajo legítimo y comprometido de Eva y Marcial, los dejaron en total indefensión, porque desde estos mismos espacios gubernamentales, salió la información que llegó a la sierra, donde se planearon sus desapariciones. Ahora sus hijas, Victoria Bautista y Coral Rojas son las que han abanderado su causa y han encontrado en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Sicilia, la fuerza y el respaldo para continuar en su búsqueda y exigir a las autoridades federales y estatales que asuman su responsabilidad de investigar y de dar con el paradero de sus padres. Son también las jóvenes hijas de los defensores ecologistas quienes han tenido que salir de su tierra por los riesgos que implica continuar la lucha de Eva y Marcial y vivir con temor y en la penumbra, porque mientras impere la impunidad, siempre estará latente el riesgo de luchar por las víctimas de desaparición forzada.
La acción más cruenta perpetrada por los policías federales, ministeriales y preventiva del estado la padecieron los estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 cuando protestaban en la autopista del sol. Nunca imaginaron que las autoridades serían capaces de ordenar la represión que culminaría con el accionar de sus armas de fuego disparando contra los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes provenientes de familias pobres de los municipios de Atoyac y de Tixtla, quienes fueron abatidos por las balas asesinas de los policías. A pesar de esta acción criminal que cuenta con todos los agravantes por el uso desproporcionado de la fuerza y el manejo irresponsable e ilegal de armas de fuego, las autoridades del estado siguen desacreditando las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con sus declaraciones han querido levantar una cortina de humo para encubrir a los autores materiales e intelectuales, han gastado tinta y saliva para desviar la atención y olvidarse de los estudiantes asesinados. El imperio de la impunidad sigue siendo la muralla infranqueable que brinda protección  a los responsables de este crimen. En Guerrero, pueden más las fuerzas de la delincuencia institucionalizada y la organizada que la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la violencia.
En este diciembre fatídico, no veremos a las autoridades solidarizándose y comprometiéndose con las familias desplazadas de Coyuca de Catalán. Las niñas y las mujeres seguirán padeciendo no sólo el frío, el hambre y el exilio, sino la ausencia de sus padres y la falta de un hogar para vivir. Victoria y Coral llevan un año sufriendo en silencio, muriendo en vida y carcomiendo su esperanza  porque saben que las autoridades están muy lejos de buscar la verdad y de castigar a los responsables que desaparecieron a sus padres. Se han desengañado y han tenido que soportar esta simulación de las autoridades estatales que les hicieron creer que muy pronto encontrarían a sus progenitores. Esta impotencia y este dolor lo padecen los padres de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría quienes vieron truncadas sus ilusiones al ver a sus hijos abatidos sobre el pavimento del la autopista del sol. Su compañeros normalistas cargan también con el peso de esta infamia y son víctimas del escarnio. Siguen siendo estigmatizados y las autoridades del estado se han empeñado en impedir que alcancen la justicia y logren una educación que dignifique la memoria de Jorge Alexis y Gabriel.