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Rechazan desplazados de La Laguna reunirse con Aguirre sin la asesoría de organismos

Representantes de las familias desplazadas por la violencia, de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, que se encuentran refugiadas en Puerto de las Ollas, rechazaron ayer una propuesta que les hizo el sábado la subsecretaria de Gobierno, Rossana Mora Patiño, para que se reúnan con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero sin los dirigentes de las organizaciones sociales y de organismos civiles de derechos humanos.
Vía telefónica, la señora Martha Santana Villa, hija de Juventina Villa Mojica, asesinada junto con su hijo Reynaldo Santana, de 14 años de edad, el 28 de noviembre, informó que el sábado le llamó la subsecretaria Mora Patiño y le propuso la reunión con el gobernador pero a solas.
Explicó que la funcionaria quedó de volverle a llamar para informarle el día y el lugar de la reunión, “pero ya lo pensamos bien, si no va Bertoldo (Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero) y Manuel (Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos) no vamos”.
Explicó que la razón de que se nieguen a ir a solas a la reunión, es porque “eso sería como dejarlos fuera de nuestra causa y ellos han sido solidarios con nosotros”.
La subsecretaria de Gobierno para Asuntos Políticos, tras el asesinato de doña Juventina y el desplazamiento de las familias de La Laguna y Hacienda de Dolores a Puerto de las Ollas, a donde llegaron el 30 de noviembre, ha demostrado un particular interés por el caso, y en ocho días ha viajado tres veces en helicóptero a ese lugar.
Su primera visita fue el sábado 1º de diciembre, un día después de que llegaron las familias a Puerto de las Ollas. Ese mismo día se reunió con las familias y logró que cuatro de ellas, integradas por 11 personas, abandonaran esa comunidad el 2 de diciembre y se trasladaran a Petatlán en donde fueron ubicadas en las casas de sus parientes que radican allí.
También acordó con los familiares directos de doña Juventina Villa y Rubén Santana que después que se terminara el novenario de la primera serían trasladados a donde ellos le indicaran. Mientras que con las familias de un tercer grupo quedaron en que esperarían una opinión de los dirigentes sociales y representantes de organismos de derechos humanos, puesto que éstos estaban gestionando un terreno y la construcción de sus viviendas ante el gobierno estatal.
La segunda visita de la funcionaria a Puerto de las Ollas fue el miércoles 5 de diciembre. En esta ocasión, Mora Patiño esperaba ya una definición de los dos grupos.
Sin embargo, al lugar llegaron también representantes de organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales, quienes platicaron primero con las familias y concluyeron en que la intención del gobierno estatal era dividirlos para evitar que siguieran demandando justicia por los asesinatos cometidos en contra de sus familiares por parte del grupo de la comunidad de Los Ciruelos.
Esa vez, la funcionaria sufrió el primer revés, puesto que los representantes de las familias le dijeron que seguirían temporalmente en Puerto de las Ollas y que lo que pedían era justicia, investigación y la detención de los integrantes del grupo que los ha venido atacando.
La tercera visita de la funcionaria fue el viernes 7 de diciembre y esta vez se hizo acompañar por el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, así como de la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga y ambas funcionarias ofrecieron los beneficios del programa Guerrero Cumple.
También volvió a llevarles víveres, láminas para sus casas y una brigada de doctores que dieron consultas.
Al día siguiente, el sábado 8 de diciembre, Mora Patiño se comunicó vía telefónica con Marta Santana y le ofreció, igual que a la señora Leonor Ochoa Segura, la reunión con el gobernador, pero a solas, sin la presencia del dirigente de Bertoldo Martínez Cruz y de Manuel Olivares Hernández, quienes han venido dando seguimiento al caso.
Pero la respuesta de ambas mujeres es que sin el acompañamiento de los defensores, no van a la reunión. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

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