Ante nuevas amenazas a desplazados en Las Ollas, insisten ONG en que se reubiquen fuera de la sierra

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, informó que las amenazas de grupos paramilitares continúan contra los habitantes de Puerto de las Ollas a raíz de que se solidarizaron y recibieron a los desplazados de La Laguna, mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue ignorando las solicitudes de audiencia de las organizaciones para proponerle un plan emergente para salvaguardar la vida de los desplazados.
En entrevista, dijo que ya habían conseguido una audiencia con el gobernador, pero fue cancelada, comentó que buscaron el encuentro para plantear a Aguirre Rivero que los desplazados de La Laguna sean trasladados a otra región del estado, para evitar represalias del grupo delictivo que los obligó a abandonar su comunidad en la sierra de Coyuca de Catalán.
Sin embargo, a 10 días de que los habitantes se refugiaran en Puerto de las Ollas, ya existen amenazas del grupo armado que el 28 de noviembre asesinó a la dirigente Juventina Villa Mojica y a su hijo Reynaldo Santana Villa de 14 años frente a su hija menor de 7 años.
Comentó que son decenas de hombres los que integran “el grupo paramilitar que se concentra en Los Ciruelos, quienes ya lanzaron la advertencia a los habitantes de Puerto de las Ollas de irrumpir en la comunidad”.
Dijo que durante la visita del 6 de diciembre que realizó el diputado federal Catalino Duarte Ortuño y el legislador local Elí Camacho Goicochea, los representantes de organizaciones sociales les solicitaron su intervención para conseguir una reunión con el gobernador Ángel Aguirre y poder plantearle un plan emergente para garantizar la vida de los desplazados.
Pero hasta la tarde del domingo, “no hemos tenido comunicación con el gobernador, ni por lo menos con el secretario general de Gobierno Humberto Salgado Gómez”, comentó Olivares Hernández.
Dijo que el planteamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero y su representante Bertoldo Martínez Cruz, es que las familias desplazadas por el grupo delincuencial sean reubicadas permanentemente en otra región del estado “para evitar que ese grupo los termine de matar”.
Lamentó que el gobernador siga restándole importancia al problema de los desplazados, “sigue minimizando y menospreciando el problema, aún después del asesinato de Juventina Villa, a pesar de que nosotros lo advertimos”, dijo Manuel Olivares, “o no quisiéramos pensar que el interés del gobierno estatal iba en ese sentido de que a doña Juventina la mataran, porque el hecho de que los policías que la cuidaban no actuaran como se requería, eso genera sospecha”.
Dijo que consultarán con los desplazados las acciones que tomarán, y a más tardar el martes tendrán un plan consensuado con las organizaciones para presentárselo al gobernador, a quien le hizo un llamado para que los reciba y ayude a que no se cometan más asesinatos.
Agregó que los policías estatales que estaban resguardando a los ciudadanos de La Laguna y a la dirigente de los desplazados, Juventina Villa, deben ser investigados.
Comentó que los uniformados y los habitantes de esa comunidad sabían que Villa Mojica acudía continuamente al cerro donde fue asesinada, en busca de señal de celular.
Por eso consideró que el retraso de las camionetas que trasladarían a los desplazados a Puerto de las Ollas fue una trampa para que Juventina Villa saliera de la comunidad, pudo ser una trampa del estado, del grupo delincuencial o de los policías, para alejarla de la localidad, dijo Olivares Hernández.