Castigo a responsables o el caso Ayotzinapa irá a tribunales internacionales, advierten

Rosalba Ramírez

Ayotzinapa

Durante el segundo día de actividades en el primer aniversario del desalojo en el que elementos policiacos mataron a dos normalistas, los ponentes Manuel Olivares Hernández y Arturo Miranda Ramírez demandaron el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, de lo contrario, advirtieron que el caso irá a tribunales internacionales, que demostrarán que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “no estuvo ausente de la decisión de acribillar a los estudiantes”.
Como representante de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández hizo una reseña de las acciones políticas y jurídicas a partir del desalojo armado en el que fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre, las actividades se realizaron en el auditorio de la normal frente a más de 100 alumnos, dirigido principalmente a estudiantes de nuevo ingreso.
Recordó las marchas pacíficas que los normalistas realizaron el 13 y 16 de diciembre, también la renuncia del ex procurador Alberto López Rosas y el ex Secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, así como la exigencia de juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre, que no prosperó por la falta de respaldo de legisladores locales y federales.
También recordaron la instalación de la comisión de interlocución entre los estudiantes normalistas y el gobernador Ángel Aguirre el 9 de febrero, gracias a la que se reiniciaron las clases en la normal, suspendidas desde noviembre de 2011.
El académico e integrante de la comisión de interlocución, Arturo Miranda, comentó que a unos días de que se cumpla un año del doble homicidio de los normalistas, las organizaciones que han respaldado a la normal y los estudiantes están contemplando llevar el caso a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que en casos como el de Rosendo Radilla Pacheco responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición forzada del luchador social.
Dijo que si las autoridades estatales y federales no cumplen con su trabajo y castigan a los responsables intelectuales y materiales del doble homicidio, entonces las organizaciones internacionales investigaran y harán público que “Ángel Aguirre no estuvo ausente de la decisión de acribillar a los estudiantes”.
Por parte del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), acudió a la Normal Rural Raymundo Díaz Taboada con la ponencia La tortura como método para inhibir la lucha social, ahí recordó las últimas violaciones a los derechos humanos como el arraigo de seis estudiantes universitarios acusados de narcotráfico, portación de armas y droga; así como el asesinato de 16 personas en Coyuca de Catalán; también el caso de los desplazados de La Laguna a Puerto Las Ollas, atosigados por un grupo delincuencial.
Díaz Taboada afirmó que la tortura y la criminalización, asesinatos y las desapariciones forzadas de integrantes de organizaciones sociales, son las prácticas más recurrentes del Estado para inhibir la lucha social.
Comentó que el gobierno, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también inhiben la organización de la sociedad, muestra de ello, dijo que son las órdenes de aprehensión en contra de líderes campesinos, obreros, estudiantiles, magisteriales y defensores de los derechos humanos.
Sobre la nueva ley contra la tortura que el Congreso local, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y Tlachinollan están elaborando, dijo que están trabajando de manera coordinada como organización, recordó que la tortura aún no está incluida como delito en el Código Penal y ese es el primer paso que los legisladores deben hacer antes de crear la ley.
Se le preguntó su opinión sobre la propuesta de los diputados locales, en el sentido de incluir a los particulares como responsables de tortura, y consideró que ese delito y las desapariciones forzadas son violaciones los derechos humanos que sólo el “Estado o el gobierno” puede realizar.
Dijo que se puede responsabilizar a particulares, siempre y cuando éstos estén coludidos o cometan el delito bajo la orden de un integrante del gobierno, pero en ese caso, dijo que se debe especificar en la ley que los autores intelectuales y materiales deben ser sancionados de la misma manera.
De lo contrario, la ley se podría prestar a que el Estado cree chivos expiatorios, culpando de sus acciones a particulares.
Después de las ponencias en la explanada de la normal, el grupo musical integrado por ex alumnos normalistas, Voces de libertad, interpretaron canciones de protesta.