Tlachinollan: se presentaron pruebas irrefutables contra funcionarios, incluido el gobernador

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, al dar cuenta de la comparecencia de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ante la Comisión Instructora, indica que se presentaron nuevamente “pruebas irrefutables sobre la comisión de graves violaciones a derechos humanos el 12 de diciembre de 2011 y sobre la responsabilidad que en los hechos tuvieron, en distintos niveles, el gobernador del estado, Ángel Aguirre     Rivero, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez; y la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Precisa que aunque el juicio político forma parte del cumplimiento de la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la cual el ombudsman nacional estrenó su nueva atribución para indagar mediante un procedimiento especial violaciones graves a derechos humanos, “no hubo presencia de dicho organismo público durante la comparecencia”.
De la comparecencia, el comunicado de Tlachinollan aduce que los estudiantes “precisaron cómo la indolencia del gobernador y de la secretaria de Educación se tradujo en cerrar los canales de diálogo y propició la protesta estudiantil”.
Además de señalar “la forma en la que los elementos de la Policía Federal que se encontraban en la entidad como parte del Operativo Guerrero, desencadenaron un innecesario escalamiento de la violencia, al comenzar la agresión con gases lacrimógenos y posteriormente con armas de fuego, pese a que ante la opinión pública la dependencia a cargo de Genaro García Luna quiso desvirtuar este hecho”.
También recuerda “cómo la Policía Preventiva Estatal era azuzada a violentar a los estudiantes por el propio subsecretario de Seguridad Pública, de extracción castrense”.
Respecto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), reitera que “los testimonios indicaron contundentemente el modo en que elementos de la Policía Ministerial del Estado se presentaron en el lugar de los hechos portando armas largas y explicaron cómo torturaron a varios estudiantes en su infructuoso intento de incriminarlos para generar una versión distorsionada de lo acontecido”.
Y que después de reconstruir los hechos, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos demandaron a la Comisión Instructora “imponer sanciones en el ámbito de su competencia a los dos ex funcionarios que se encuentran sujetos a juicio político”.
Porque, “en el reiterado intento de cuestionar la investigación de la CNDH, los estudiantes recordaron que dicha investigación concluyó científicamente que los disparos que privaron de la vida a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús provinieron de armas portadas por policías ministeriales”.
Que incluso, “el solo hecho —no desvirtuado ni cuestionado— de que se haya comprobado plenamente que la Procuraduría de Justicia del Estado torturó estudiantes para que se incriminaran, llegando al extremo de sembrar entre ellos un “cuerno de chivo”, buscando generar una versión falsa de lo ocurrido, debería bastar para imponer sanciones mediante el juicio político al referido ex funcionario. Torturar a estudiantes y sembrar evidencia para engañar a la sociedad, enfatizaron, debe bastar para que imponga sanciones el juicio político”.
Además, en el comunicado Tlachinollan cuestiona que los diputados realizaron una serie de “preguntas tendenciosas” que se inclinaron a fortalecer la defensa de los funcionarios enjuiciados, pues “intentaron confundir y hacer caer en contradicciones a los estudiantes víctimas de tortura y demás violaciones graves a derechos humanos”.
También considera que “otras preguntas más estuvieron encaminadas a criminalizar a los estudiantes”, y que los diputados no dieron un trato de víctimas a los normalistas, “por el contrario, las preguntas capciosas crearon un ambiente de hostilidad que no favorece los anhelos y búsqueda de justicia”.
Señala que al final de la comparecencia “quedó evidenciado con pruebas irrefutables, que independientemente de los disparos que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el día 12 de diciembre, las corporaciones policíacas cuyos superiores jerárquicos eran Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja incurrieron en uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e imputación de hechos falsos; elementos suficientes para que el Congreso del estado finque las responsabilidades correspondientes”.
Luego advierte que “siendo inminente la conmemoración del primer aniversario de los hechos, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se declararon en alerta ante la posibilidad de que se presenten provocaciones o infiltraciones durante la marcha que realizarán el día 12 de diciembre, así como en las demás actividades programadas, tal y como ocurrió durante las protestas realizadas el día 1 de diciembre en el Distrito Federal”.
En ese sentido, los normalistas se deslindan “de cualquier acto de violencia y apelaron nuevamente a la solidaridad de las organizaciones estatales y nacionales de derechos humanos, a efecto de que supervisen que la conmemoración se conduzca sin alteraciones”. (Redacción).