Son policías ministeriales los que mataron a sus compañeros, ratifican normalistas en el Congreso

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ratificaron ante la Comisión Instructora del Congreso del Estado que los responsables de matar a sus compañeros el 12 de diciembre del año pasado fueron los agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) enviados por el ex procurador Alberto López Rosas, y por tal motivo exigieron que sea enjuiciado políticamente y sancionado administrativamente.
Precisaron que quienes llegaron primero al lugar de los hechos, el entronque de la carretera federal con la Autopista del Sol, fue la Policía Federal y que como a las once cuarenta de la mañana iniciaron el desalojo violento arrojándoles bombas de gas lacrimógeno, y como a las doce veinte o doce y media, arribaron armados los elementos de la PIM.
Dijeron que fueron los policías federales quienes dispararon primero, pero que lo hicieron al aire, lo que los obligó a replegarse hacia sus autobuses que utilizaron para bloquear la Autopista del Sol.
Sostuvieron que al momento de repeler con piedras a los federales, por el lado del acceso a la tienda Liverpool, los agentes ministeriales les dispararon y fueron ellos quienes dieron muerte a dos de sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Con lo anterior, los estudiantes desmintieron las aseveraciones del ex procurador Alberto López Rosas en su comparecencia del miércoles de la semana pasada, quién afirmó que quienes dispararon y dieron muerte a los dos normalistas fueron los policías federales.
Además, en su comparecencia, los estudiantes aseguraron que desconocen quiénes son los dos hombres que con camisetas rojas y capuchas en el rostro, prendieron fuego a la bomba de gasolina que dio muerte a uno de los trabajadores de la gasolinera.
Y precisaron que esos dos hombres corrieron hacia donde estaban los policías en el encauzmiento del Huacapa, y que si hubieran sido sus compañeros normalistas, los hubieran detenido. Por eso cuestionaron que esos dos hombres no fueran presentados ante ninguna autoridad y nadie sepa quiénes son.
Luego contaron que luego de la muerte de sus dos compañeros, fueron cercados por la PF y la PIM, además de la Policía Estatal, y eso los obligó a correr hacia los cerros hasta donde fueron perseguidos.
“Pretendían hacer una masacre. Cinco horas permanecimos en los cerros, unos perdidos, otros refugiados en las casas que les abrió la gente” a los jóvenes, explicaron a los diputados.
“Estaban corriendo el rumor de que estábamos armados. Eso no era cierto. Sólo acudimos a ejercer nuestro derecho a manifestarnos”, explicó el joven estudiante de nombre Edgar.
Edgar narró que fue detenido por ministeriales vestidos tipo militar y portando armas largas, y quienes se lo llevaron primero a los “separos” de la PIM, de donde luego fue sacado por hombres vestidos tipo militar y se lo llevaron a un cerro en donde lo golpearon, lo amenazaron y lo obligaron a disparar un cuerno de chivo. Y sólo después fue llevado hasta las instalaciones de la PIM en dónde fue recluido y allí lo siguieron golpeando.
Otro estudiante narró que al detenerlos los policías les decían “los vamos a perder, no se la van acabar. Mejor despídanse de este mundo”.
Y que cuando llegaron a la PGJE los tiraron al piso y los golpearon, y después no los auxiliaron por los golpes ni les permitieron ser atendidos por sus abogados.
También indicaron que los ministeriales les quitaron las camisas y los golpearon hasta que llegaron los peritos. Les preguntaron los domicilios, “eran exigentes, si respondíamos despacio, fuerte o tartamudeábamos nos golpeaban. A unas señoritas les jalaban los cabellos y ellas gritaban”.
“Nos decían ‘no le vayan a decir nada a los de derechos humanos’. Sólo cuando estuvieron más seguros, contamos lo ocurrido a los organismos de derechos humanos. Pedimos medicinas para curarnos las heridas. Pero sólo le dieron el auxilio a uno que pedía la insulina, por la gravedad de su enfermedad”, relataron.
Añadieron que jamás les dijeron que tenían derecho a realizar una llamada y que en cada cambio de turno sonaban los barrotes, cortaban cartucho y no los dejaron dormir.
En su intervención, el abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, explicó a los diputados que el sentido de su demanda de juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, es que incurrieron en el uso excesivo de la fuerza.
Les planteó que hagan justicia para que por primera vez los hechos no queden en la impunidad.
Además les dijo que se adhieren a las pruebas aportadas por la CNDH y les entregó videos que no fueron tomados en cuenta en la resolución de la CNDH.
Instó a los diputados a convertirse en los “reguladores” del poder.
Les especificó que no saben qué corporación policiaca le quitó la vida a los estudiantes, pero que fue evidente el uso excesivo de la fuerza, la tortura y la represión, y que se fabricaron delitos y se alteró el lugar de los hechos.
Vidulfo Rosales añadió que la PGJE quiso acusar a Edgar de ser el causante de todo, como responsable de los hechos, pues todos los agentes ministeriales rindieron su declaración en ese sentido.
Y recordó que Alberto López Rosas, en su misma conferencia de prensa posterior a los hechos, avaló lo dicho por sus agentes.
“Son datos que avalan la responsabilidad de López Rosas y Almonte Borja en la represión a los normalistas”, culminó el abogado Vidulfo Rosales.

La comparecencia

A la comparecencia ante los diputados de la Comisión Instructora, realizada por la mañana en el salón José Francisco Ruiz Massieu, asistieron cinco estudiantes normalistas para dar testimonio del desalojo violento, la muerte de dos de sus compañeros y la detención, la tortura y las amenazas sufridas principalmente a manos de los agentes de la PIM y de la Policía Federal.
Apoyados por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, los normalistas acusaron a la Policía Federal (PF), a la PIM y a la Policía Estatal del uso excesivo de la fuerza, tortura y amenazas de muerte en su contra al momento de ejercer su derecho a la manifestación.
Pero sólo exigieron el juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y contra el ex secretario general de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja.
A las diez de la mañana se complicó la comparecencia de los estudiantes normalistas, porque llegaron acompañados de sus compañeros, que colocaron mantas en los accesos al Congreso local y luego arribaron un centenar de estudiantes de las escuelas preparatorias populares a exigir recursos para poder seguir estudiando.
Lo anterior provocó que el equipo de seguridad del Congreso local cerrara los accesos y no permitiera pasar a nadie; sólo después de que el director de comunicación social, Antonio Jiménez, pidió que abrieran las puertas, se permitió el acceso a la prensa.
Ya en el salón José Francisco Ruiz Massieu, los estudiantes se apoyaban en su narración de los hechos con un croquis del entronque de la carretera federal libre con la Autopista del Sol, pintado en una cartulina blanca y colocada encima de una pantalla para la proyección de audiovisuales.
Los estudiantes que narraron los hechos del 12 de diciembre pasado en que fueron reprimidos por las policías federal y estatal, fueron Carlos Rodríguez Vázquez, José Ortiz Domínguez, Diego Castro Domínguez, Juan José Reyes Aguilar y Humberto Rojas Bautista.
También asistieron Gabriel Echeverría Huerta y María de Jesús Tolentino, padres del estudiante asesinado Gabriel Echeverría de Jesús; y Jorge Herrera Suárez, padre del otro estudiante muerto, Jorge Alexis Herrera Pino.
Allí la señora María de Jesús Tolentino, sollozando pero firme, denunció ante los diputados que el domingo pasado, en el rezo de cabo de año de su hijo Gabriel Echeverría de Jesús, de lejos estuvieron vigilando policías ministeriales que fueron de Tixtla y después de que terminó el rezo preguntaron a sus vecinos el número de su domicilio, sin que haya una explicación de eso.
Doña María de Jesús exigió respeto a las ceremonias religiosas que le dedican a su hijo y que por ello no tiene que informar ni avisar a nadie, pues es un derecho que tienen. Pero pidió a los diputados estar atentos a esta presencia de la PIM por su domicilio.
Escucharon a los normalistas, a los defensores de los derechos humanos y los familiares de los estudiantes asesinados, el presidente de la Comisión Instructora, Omar Jalil Flores Majul, del PRI; la secretaria, Luisa Ayala Mondragón, del PRD; y el vocal Emilio Ortega, del MC. No asistió el vocal de esta comisión y coordinador de la fracción del PVEM, Arturo Alvarez Angli.
Y acudieron como invitados el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador parlamentario del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, quien abandonó la comparecencia para atender a los estudiantes de las preparatorias abiertas.
En la ronda de preguntas y respuestas, los diputados quisieron precisar información que les dio Alberto López Rosas, en su comparecencia del miércoles de la semana pasada.
La hora en que iniciaron los disparos, quiénes mataron a los estudiantes y por qué bloquearon la autopista cuando pudieron bloquear el acceso al Palacio de Gobierno.
De plano el diputado del MC, Emilio Ortega, no quiso preguntar y pidió reservarse sus dudas.
Nada nuevo preguntaron los diputados de la Comisión Instructora, aunque reiterativo, el diputado presidente, Omar Jalil Flores, dijo a los estudiantes que hacerse allegar las versiones de los hechos sólo es con el objetivo de hacer justicia, que no haya impunidad y que no quede en el olvido lo ocurrido.
Dijo que tampoco aceptarán presiones políticas para no llegar a conocer la verdad histórica.