Marcha la APPG en la capital; demandan castigo a los responsables del asesinato de los normalistas

 
Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) marcharon ayer y demandaron al gobierno del estado que se agilicen las investigaciones para conocer quiénes son los responsables del asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa durante el desalojo del 12 de diciembre.
Durante el mitin afuera del Palacio de Gobierno, el veterano luchador social Pablo Sandoval Cruz insistió en que el desalojo pudo haber sido orquestado por el gobierno federal, y en ese contexto exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que se den a conocer quiénes son los responsables, tanto materiales como intelectuales.
La marcha de aproximadamente mil personas partió de la Alameda Granados Maldonado al medio día, y llegó hasta el Palacio de Gobierno, donde demandaron una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien pidieron la firma de un compromiso de que su gobierno no va a cerrar la Normal de Ayotzinapa.
Una comisión de dirigentes de la APPG fue recibida por el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien les informó que el gobernador los va a recibir el próximo miércoles a la una de la tarde en la Casa Guerrero.
El objetivo central de la marcha fue demandar que se haga justicia y se aplique la ley a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como del trabajador de la gasolinera Eva-II, Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Sin embargo, en la protesta no participaron los normalistas de Ayotzinapa, como en las protestas anteriores que ha organizado la APPG, luego de que la dirigencia de los estudiantes rompió relaciones con la agrupación, debido a que los dirigentes Nicolás Chávez Adame y Pablo Sandoval Cruz declararon que hay infiltrados en el movimiento, que están siendo mal asesorados por otras organizaciones sociales y que la protesta del 12 de diciembre no tenía razón de ser, pues era día de asueto.
Ayer, en su pronunciamiento, la dirigencia de la APPG exigió al gobierno de Ángel Aguirre que se agilice la investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer el asesinato no sólo de los normalistas de Ayotzinapa, sino también la muerte de Rivas Cámara.
También demandaron que el gobernador emita un decreto en el que se comprometa a que no es su intención cerrar esa normal.
En su discurso, Sandoval Cruz insistió en que el desalojo violento del 12 de diciembre fue orquestado por el gobierno federal para inculpar al gobierno de Ángel Aguirre, “desde el mismo 12 de diciembre vi que esa represión tenía cara del gobierno federal”, manifestó, pues dijo que se le hizo sospechoso que hubiera tantos policías federales, militares, agentes del ministerio público federal y policías vestidos de civil, “que fueron los que cometieron los asesinatos a sangre fría”.
Sandoval Cruz exigió en este contexto al gobernador Ángel Aguirre que se diga claramente quiénes son los responsables materiales e intelectuales y que se les aplique la ley.
También le pidió que ya resuelva este “grave problema” que se cometió por una mala táctica y estrategia, dijo.
Sandoval Cruz volvió a proponer la refundación de esa normal, no sólo desde el punto de vista político y académico, sino ideológico, “para que se formen ahí verdaderamente a hijos de campesinos”.
También pidió  un cambio en los programas de estudio y una planta de catedráticos mejor preparados, pues dijo que los actuales les enseñan pornografía a los estudiantes.
Otra de sus propuestas es que la normal de Ayotzinapa se convierta en una escuela mixta para que tengan acceso a jóvenes mujeres y, en general, que se reforme para que vuelva a tener la brillantez de hace 80 años cuando fue creada.
En la marcha participaron contingentes como estudiantes y maestros de las escuelas preparatorias, que demandan  su regularización; los mineros de Taxco que ya cumplieron 4 años y 7 meses en huelga, y que piden la intervención del gobernador Ángel Aguirre ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como ante la empresa Minera México, para que se resuelva su movimiento, se restablezcan las fuentes de empleo y se les paguen los salarios caídos.
Asimismo, marchó un grupo de transportistas que demandan la revisión de los procedimientos que está realizando la Dirección de Transportes para la entrega de concesiones de servicio público en todas sus modalidades, pues denunciaron que se han detectado diversas irregularidades y avasallamiento de los grandes “pulpos” del transporte, “que sólo buscan el beneficio de algunos, pisoteando los derechos de quienes han dejado toda una vida tras el volante”, decía una de las pancartas.
Otro contingente fue el de trabajadores del Cendi Aída Herrera, quienes pidieron la construcción de la etapa dos del edificio, mismo que fue reubicado porque en el terreno que ocupaban se construye el llamado puente del “Capricho”, a la altura de la colonia del PRI. También demandaron la entrega de créditos Cebe y la liberación de plazas.
La dirigencia de la APPG incluyó, asimismo, demandas de infraestructura social en las comunidades rurales, como la rehabilitación y apertura de caminos, casas y centros de salud, escuelas, introducción de energía eléctrica, drenaje y agua.
Todas sus demandas fueron entregadas en un documento para ser llevadas al gobernador Ángel Aguirre Rivero, sin embargo solamente pudieron entregar una copia al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien les ofreció que el gobernador los recibirá hasta el miércoles a la una de la tarde en Casa Guerrero.