Alcanza la impunidad niveles récord en el 2011, dice el Consejo Ciudadano

Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

Los niveles de impunidad alcanzaron cifras récord en 2011 al registrarse las tasas más bajas de castigo tanto para los delitos en general como para el homicidio en particular, aseguró José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El año pasado, indicó en conferencia de prensa, por cada 100 delitos denunciados en el país sólo se dictaron sentencias condenatorias en el 5.8 por ciento de los casos, con lo que se obtuvo la tasa más baja desde 1997, año en el que se impuso una condena al 6.1 por ciento de los ilícitos denunciados.
“En diversos delitos específicos la situación es similar, pero la caída más pronunciada en el castigo de los delitos se produjo frente al homicidio doloso. En 1997 se castigó a los responsables de 22 de cada 100 asesinatos, tasa que fue subiendo hasta alcanzar su momento máximo en 2005: 43 de cada 100.
“Pero en los años de máxima violencia, de 2008 a la fecha, la tasa de castigó del homicidio doloso se desplomó. En 2008 se castigó a los responsables de 33 de cada 100 homicidios; en 2009 a 28 de cada 100; en 2010 a 15 de cada 100 y en 2011 a 16 de cada 100. Es la peor tasa de castigo de este delito desde que hay registros (1997)”, detalló.
Ortega aseguró que la impunidad es el verdadero problema que genera la inseguridad en el país y que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales han querido enfrentarlo.
“Parte decisiva del problema de impunidad es, como hemos venido denunciando desde hace años, el incumplimiento de las órdenes de aprehensión. El problema es que la gran mayoría de las órdenes de aprehensión no se ejecutan: se archivan, hasta que pasados los años son canceladas, al prescribir”, apuntó.
El líder ciudadano criticó la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto anunciada el 1 de diciembre y que está contenida en las 13 primeras decisiones de gobierno, que establece que para recuperar la seguridad se buscará dotar de mayores  recursos económicos y de beneficios sociales a las localidades más criminógenas.
“Esta concepción de la prevención del delito basada en subsidios y servicios públicos es profundamente equivocada y en nada contribuirá a cumplir la meta de Enrique Peña de reducir a la mitad la incidencia actual de homicidios, secuestros y extorsiones.
“Además resulta lamentable y alarmante que en los 8 compromisos del Pacto, relativos a seguridad y justicia, ninguno tenga que ver con el factor número uno de la crisis de inseguridad: la impunidad”, aseveró.
La razón porque los gobiernos reparte dinero, aseguró Ortega, es porque quieren comprar votos a través de estas dádivas, pues está demostrado que en ninguna parte del mundo este tipo de estrategia ayuda a reducir la incidencia delictiva.
“La verdadera razón por la cual los políticos siguen insistiendo en esta receta inútil, no es porque con ella de veras quieran prevenir el delito: lo que buscan es comprar votos, expandir sus clientelas político-electorales”, sostuvo.