Otros desplazados, contrarios a Juventina, la acusan de la violencia y que pertenecía al ERPI

Israel Flores

Ciudad Altamirano

El 11 de noviembre llegaron a Coyuca de Catalán 78 personas de la comunidad serrana de Hacienda de Dolores, de los cuales 56 tienen menos de 12 años. Dicen que huyeron de las amenazas que provienen del grupo que dirigía la señora Juventina Villa Mojica, de la comunidad de La Laguna, a quien acusaron de ser la causante de las muertes recientes, y de tener vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Por primera vez, los desplazados de Hacienda de Dolores hablan a un medio de comunicación de su sentir porque dicen que al grupo de La Laguna lo protege el gobierno del estado y se quejan del abandono en que ellos están en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
Son un grupo opositor a los desplazados a los que pertenecía la señora Juventina Villa pero aseguran que no son los únicos contrarios a ella, sino que en otros pueblos como Los Ciruelos, donde hay más de 300 personas, también se han inconformado por las amenazas y las muertes en su contra.
Juventina Villa encabezó desde 2011 a familias desplazadas de La Laguna y Hacienda de Dolores, que huyeron de la violencia que les causó decenas de asesinatos, de la que acusan a hombres de Los Ciruelos que están al servicio de la familia Montúfar. Juventina fue asesinada el 28 de noviembre junto con su hijo Reynaldo Santana Villa de 14 años, cuando esperaban la protección de la Policía del Estado para salir nuevamente de su comunidad, ante las amenazas de muerte que habían recibido.
Ayer, en entrevista grabada, solicitaron el anonimato. Cuatro mujeres con sus familias permitieron la conversación en una de las casas que ocupan desde que llegaron hace un mes, en una colonia popular de la cabecera municipal, sin agua y sin drenaje, donde se refugian al menos cinco familias.
Aun cuando pidieron anonimato para la publicación de la entrevista, ellas aseguran que pueden declarar ante el gobernador y cualquier autoridad acerca de sus señalamientos directos de homicidios y extorsiones e incluso exigen una audiencia con Ángel Aguirre Rivero para hablar del tema.
El pueblo de Hacienda de Dolores quedó desolado. Salieron todos un día después de la muerte del señor Andrés Díaz Ayala y su hijo Andrés Díaz Zarco. El primero fue presidente de casilla en las pasadas elecciones. Su esposa, quien fue una de las que expresó su sentir, asegura que el conflicto con su marido fue producto del proceso electoral.

Tres asesinatos, una mujer embarazada entre ellos

El asesinato de una mujer embarazada el 8 de noviembre y un hombre con su hijo dos días después marcaron la salida de la gente de Hacienda de Dolores. La esposa agraviada por la muerte de su marido, inició el diálogo, interferida por las demás que van sumando datos a la historia.
“El 11 de noviembre salimos. A mi esposo  Andrés Díaz Ayala y mi hijo Jorge Díaz Zarco los mataron en su trabajo mientras cosechaba. Los mataron delante de mí y de mi hija. Vi a los hombres y los conocí. Fueron como ocho personas, traen puro cuerno de chivo. Mi esposo estaba lejos andaba trabajando y se acercó cuando le dispararon a mi hijo y lo mataron”.
La señora agregó que “lo mataron porque fue presidente de casilla y su yerno fue secretario. Ese fue el principio porque hablaron con los del IFE y acordaron en un principio que se moviera la casilla fuera del pueblo de Hacienda de Dolores por el conflicto con la señora Juventina pero llegó la gente de Juventina a las 6 de la mañana y obligaron con armas a que se abrieran las votaciones y ellos votaron y se fueron, pero como mi esposo no se quiso humillar, quedó la rencilla”.
“La intención de mover las casillas era evitar un conflicto. Todos ellos apoyaban al PRD, entonces Gildardo Díaz Pérez llegó a amenazarlos. Ellos no querían que se quedara una persona que se llama Abel Montúfar (el candidato del PRI a presidente municipal de Coyuca de Catalán que perdió la elección frente al candidato del PRD, Rey Hilario Serrano). No lo conocemos pero ellos iban en su contra. Allá la gente no quiso apoyar al PRI por miedo a que los relacionaran con los Montúfar porque se traen en pleitos con los de La Laguna. La señora Juventina los acusaba de atacarlos y además ellos le mataron a uno de los Montúfar”.

Piden cuotas  en Hacienda de Dolores, denuncian

Se han contado más de 30 muertes en la sierra de Coyuca de Catalán en lo que va del año en las comunidades de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna. Las mujeres platican que no sólo es la venta de la droga sino las cuotas por trabajar en cualquier oficio.
“Los que manejaba Juventina eran como 20 armados. Recientemente fueron los de La Laguna por dinero a Hacienda de Dolores, a mi nuera le pidieron un becerro y se los dio. Pidieron gallinas y se las llevaron. Luego pidieron 8 mil pesos y los dieron, a cambio solamente de dejarlos vivos”.
“Es algo que no soportamos. Si ellos van a cuidar guerrilleros pues que nos dejen hacer lo mismo. Mataron a una señora embarazada el 6 de noviembre y aun cuando iban con el rostro tapado los pudieron identificar bien. La señora era de Piedra Colorada, la señora se llamaba Argelia Villa Pérez”.
“El conflicto es por pelear el derecho a trabajar. Ellos quieren tener el control, que le paguemos a ellos por trabajar, por vivir en la sierra”.

Dicen que el comandante Ramiro formó al grupo de La Laguna

La historia de la violencia en la sierra de Coyuca de Catalán no es reciente. Incluso la remontan a la formación del ERPI y señalan al comandante Ramiro (que fue asesinado en octubre de 2009) de ser formador de la historia del grupo de la Laguna.
Las mujeres indican que además de enseñarles el método del secuestro y la extorsión, también les enseñó cómo hacer política con las armas y hacer que el gobierno los apoye.
“Gildardo Díaz Pérez, el que sigue al mando, después de Juventina, él se quedó a cargo. Llegó con cuernos de chivo, junto con Native y Pedro, hermanos de Gildado, y Natividad Santana Alonso y Gildardo es comisariado ejidal. Se dicen ecologistas pero no lo son. No defienden nada”.
“Desde 1996, cuando el señor comandante Ramiro del ERPI entró con el señor Rubén Santana, ahí en la zona tenían su trabajo de yerba (en referencia al cultivo de mariguana, pero es pública la posición del ERPI y del comandante Ramiro en contra de la siembra de enervantes) . De lo último que hizo Rubén Santana fue que se bajó a dos madereros y les sacó 400 mil pesos”.
“Juventina no es ecologista, ella no cuida nada. Les pedimos que investiguen, no tienen bosques. Ella tiene mucho apoyo. Su negocio es extorsionar, el narcotráfico. Esa herencia les dejó el comandante Ramiro y la tomó Rubén Santana y siguió Juventina. Ellos fueron los que emboscaron a la policía estatal cuando iban a buscar a Homero Montúfar. Si quieren testigos nosotros los aportamos. El carro donde llevaban al secuestrado lo dejaron cerca de la casa de un hijo de Rubén Santana”.
“Se llevaron a uno de Tarétaro. No los conocemos a todos por nombre pero ellos han sido los que secuestran a la gente por acá y se la llevan a la sierra”.
Recuerdan el caso del médico Rodrigo Borja García, de Ciudad Altamirano, secuestrado por Omar Guerrero Solís, por quien cobraron una suma fuerte de dinero.

Sobre las agresiones del Ejército en la sierra y los policías estatales

Desde hace más de un año, el gobierno del estado instaló un grupo de la Policía Estatal para resguardar a los vecinos de La Laguna y de manera alterna el Ejército mantiene presencia en las cercanías de las comunidades. Recientemente mandó al 13 batallón con sede en Chiapas, que vino a reforzar las acciones de Guerrero Seguro y fue enviado a la sierra. Ellos tienen una denuncia en derechos humanos por el grupo de La Laguna por agresiones.
Los desplazados de Hacienda de Dolores se dicen inconformes porque el gobierno protege a la gente de La Laguna.
“Queremos hablar con el gobernador. Le vamos a platicar todo. Le queremos preguntar el por qué les están dando protección a ellos cuando son los que han ocasionado el conflicto”.
“Al Ejército no los quieren porque destruyen sus siembras de mariguana. Nunca los han golpeado. Ella metió la demanda en contra del Ejército. Recientemente no quieren a los chiapanecos, que son unos soldados que apenas llegaron. No los quieren porque destruyeron una siembra”.
“De los policías estatales que están en la sierra queremos hablar con el gobernador. Nosotros queríamos decirle que se está coludiendo la policía con ellos. La señora Juventina tenía varias hectáreas sembradas de mariguana, es visible. Los policías le ayudaban hasta a regar. Escuchamos apenas en el radio, antes de venirnos como uno de los policías pedía que fueran a cambiar la manguera”.
“Cuando el Ejército subía los policías estatales les avisaban que iban en camino. Uno de los policías murió en una riña de amores pues otro de los policías iba a matar a Gildardo por una mujer y se metió otro y a ese mataron. El que quedó vivo lo bajaron los mismos de La Laguna por órdenes de Juventina para esconderlo”.
A pregunta expresa dijeron que ella  no sabe “quien mató a Juventina, tenía muchos enemigos. Pero a Rubén Santana lo mató un comprador de droga de aquí de abajo. Eso se supo porque le echaban la culpa al gobierno pero abiertamente dijo una persona que andaba con él y que le compraba lo mató”.
“El problema es un tal Bertoldo Martínez Cruz, uno que viene desde Chilpancingo y según los defiende. Pero yo le quisiera preguntar si realmente sabe a qué se dedicaba Juventina porque una de dos, o no sabe o está coludido. Queremos verlo porque según defiende a la gente y con nosotros no ha venido“.

Viven sin empleo y sin servicios básicos, se quejan

Con problemas económicos, sin empleo, en casas en colonias populares con escasos servicios, vive la gente de Hacienda de Dolores, en su mayoría menores de 12 años. Viven en casas de familiares, que no tienen drenaje. No tienen agua. Gastan hasta 100 pesos cada cinco días en pipas de agua.
“Vivimos de sembrar de todo. Bajamos costales de maíz que es con lo que estamos sobreviviendo. Lo poco que pudimos sacar, con eso estamos sobreviviendo. Nuestras casas quedaron cerradas pero las abrieron y las saquearon. Se llevaron gallinas, se llevaron todo”.
“Trabajamos aquí, vendiendo fruta, buñuelos, y los demás aquí estamos sin empleo, sin hacer nada, más que vender lo poco que alcanzamos a sacar. El gobierno nos dio un apoyo por familia de 2 mil pesos y el gobernador nos dio despensas cuando vino el día 4 de diciembre”.
“Ninguno de los niños ha ido a la escuela. Había en Hacienda de Dolores una escuela, una telesecundaria y se cerraron. Estamos regados en Coyuca de Catalán, en Altamirano y en Riva Palacio Michoacán con familiares que ya estaban aquí y nos fuimos con los parientes. Nos dieron un espacio en su casa”.
De todo lo que dijeron en la entrevista, el grupo de Hacienda de Dolores pide hablar con el gobernador para denunciarlo y exigen justicia.
“Queríamos que el gobernador nos atendiera ahora que vino. Lo esperamos en el DIF de Coyuca (de Catalán) por varias horas pero no llegó. Nosotros queríamos darle las gracias por un apoyo económico que nos mandó y las despensas. Queríamos verlo, pero también queríamos denunciar todo lo que sabemos, lo que pedimos es paz”.
“Lo último de lo que nos dijeron fue que el 15 de enero nos responden si nos recibe el gobernador”, agregó.
“Yo digo por qué no nos apoya el gobierno, si estamos desplazados. Allá caen helicópteros, baja la ayuda, baja todo, aquí nosotros no tenemos nada. Ella usó un discurso atacando al gobernador y así le sacó los apoyos. Les llevaron despensas, les llevaron médicos. Aquí tenemos los niños enfermos por el cambio de clima y así seguimos”.
Los desplazados de Hacienda de Dolores no pierden la esperanza de volver a su tierra, pero no tienen fecha, toda vez que no cuentan con garantías de seguridad para regresar a su lugar de origen, y seguirán sobreviviendo con sus familiares en tanto logran una respuesta del gobierno del estado.