Desechó Aguirre la Constitución de Muñoz Ledo porque era vanguardista, revela Jaime Cárdenas

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

Jaime Cárdenas Gracia lamentó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero desechara el proyecto de la nueva Constitución que le presentó Porfirio Muñoz Ledo y que en su lugar entregara al Congreso local una incompleta y limitada, “a la que los poderes Legislativo y Judicial le metieron mano antes de hacerla pública”.
Así lo informó el ex diputado federal durante el foro de análisis y discusión de la iniciativa de reforma de la Constitución Política del estado, convocado por el Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El foro se realizó en el auditorio José Inocente Lugo del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), al que asistieron militantes de la organización lopezobradorista, académicos, abogados y políticos.
Ahí, Jaime Cárdenas dijo que el gobernador prefirió desechar la propuesta que le presentó Muñoz Ledo porque “le pareció un proyecto muy vanguardista o muy progresista”, y de esa manera prefirió contratar a investigadores y académicos de Guerrero y la ciudad de México para que le hicieran un nuevo proyecto.
“Tengo la impresión de que en el estado funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como algunos diputados, le han recortado las potencialidades a lo que posiblemente fue una buena propuesta”, pues tras “meterle mano” la dejaron limitada en su alcance, dijo.
Recordó que el estado ha tenido cinco Constituciones, la última, que es la vigente, es de 1917, a la cual se le han hecho más de 130 reformas.
Dijo que el gobernador no ha explicado de fondo cuáles son las razones políticas que lo llevaron a querer una nueva Constitución, y exhortó a Aguirre Rivero a que “de viva voz y en un acto público exponga y fundamente las principales razones que motivan este proyecto”.
En el presídium, Cárdenas Gracia estuvo acompañado por el presidente, el secretario general y el tesorero de Morena en Guerrero, César Núñez Ramos, Rubén Cayetano García e Iván Hernández; por el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Marcial Rodríguez Saldaña, y por el abogado Román Ibarra Flores.
Cárdenas Gracia explicó que en el apartado de derechos humanos, en la propuesta del gobernador incluyó la justicia social, como es el derecho de comunidades indígenas, al agua, al trabajo, a educación, a la conservación del medio ambiente, que dijo es una adición muy novedosa, pero no se establecen los mecanismos por los cuales se pueden hacer exigibles esas garantías, y todo lo descarga en las leyes secundarias.
Consideró que es necesario que todos los mecanismos para que la ciudadanía pueda exigir el cumplimiento de los llamados derechos humanos de justicia social, se deben establecer en la Constitución, como máxima ley, y no estar sujetos a interpretaciones legales.
Dijo que en el artículo 16 se establece que el gobierno debe ser republicano, democrático, laico, representativo, “popular y participativo”, pero tampoco especifica cómo, sólo establece que serán las leyes secundarias las que regularán cómo participará la ciudadanía.
Indicó que no se establece deliberación de los asuntos públicos dentro de los poderes, y todos están controlados por las cabezas de cada uno de ellos.
En la cuestión electoral dijo que sigue el esquema federal, con “algunas trampillas”, pues “hablan de candidaturas independientes, pero no dicen con qué requisitos, con qué condiciones, a diferencia de la federación, señala que para que en Guerrero un partido pueda participar en las elecciones locales debe obtener el 3 por ciento de la votación emitida y participar en por lo menos 15 distritos, mientras que a nivel federal sólo se pide el 2 por ciento”.
Dijo que la modificación limita la aparición de nuevos partidos, “el gobernador no quiere partidos locales”, y en el financiamiento público y publicidad gubernamental se repite el esquema federal, “no quisieron ser vanguardistas, pudieron haber otorgado legitimación procesal a los ciudadanos que reclaman nulidades electorales, pero esa sigue siendo facultad de los partidos y candidatos”.
Reconoció que en la propuesta del gobernador se incluyen algunas aportaciones interesantes en la organización de poderes, pues “agrega que en el estado habrá órganos constitucionales autónomos, como la comisión de derechos humanos, el instituto de transparencia y protección de datos personales, el instituto electoral y participación ciudadana, el tribunal electoral, el tribunal de justicia fiscal y administrativa y la fiscalía general (procuraduría), es importante porque pudieron establecer otra de las trampas de este proyecto y clasificar a estos órganos como de autonomía técnica, pero fueron declarados completamente autónomos”, explicó.
Continuó con su exposición mientras los aproximadamente 70 asistentes en el pequeño auditorio tomaban nota de las observaciones al proyecto de reforma que Aguirre Rivero entregó al Congreso local para su revisión.

El Congreso, limitado para sancionar por endeudamiento

Dijo que la nueva propuesta plantea un Poder Legislativo limitado en sus funciones, principalmente con el control a otros poderes, y puntualizó el ejemplo de la adquisición de la deuda pública del estado y los municipios, de las que el Congreso tiene la facultad de aprobar las deudas sus bases y condiciones.
Sin embargo las deudas son institucionales y se van heredando a las futuras administraciones, y a los diputados no se le dan las atribuciones para limitar al Poder Ejecutivo o los alcaldes en el sentido de exigir que sus deudas sean liquidadas en su periodo de gobierno, además de darles seguimiento puntual para evitar que el recurso sea destinado a otros fines.
Otra de las trampas dijo es que establece que “el Congreso sólo puede fiscalizar las cuentas públicas a través de la Auditoría General del Estado (AGE), además de que tampoco se establecen las consecuencias jurídicas a la que serán acreedores quienes no se les acepten sus cuentas”.
Dijo que de esa manera el Congreso sólo se queda como un órgano administrativo incapaz de especificar las sanciones aplicables.
En lo referente al Poder Ejecutivo, consideró que “el gobernador se despachó con la cuchara grande”, pues dijo que son 49 atribuciones las que el gobernador determinó, entre las que se establece que podrá otorgar subsidios, dinero a discreción del Ejecutivo, explicó.
Indicó que las atribuciones que se otorga el gobernador no serían negativas si “se estableciera contrapeso con los otros poderes”, sobre todo las que implican el ejercicio de recursos públicos, pero eso no se plantea en la nueva Constitución.
Después habló del tercer poder, y “aquí sólo puedo decir sin temor a equivocarme que el Poder Judicial le metió mano a la propuesta, como les dio la gana, hicieron lo que quisieron, a pesar de que es el poder que más democratización necesita en el país”.
Comentó que en la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo se proponía un Tribunal Constitucio-nal para el Estado, y en la segunda propuesta que mandó a hacer el gobernador también se incluía una sala constitucional, “pero seguramente aquí el presidente del tribunal (Jesús Martínez Garnelo) se negó a la propuesta, también debió negarse a que el Consejo de la Judicatura tuviera más independencia”.
También recordó que en el primer proyecto los titulares de los órganos autónomos debían ser designados por las dos terceras partes de los diputados, pero en los nombramientos de los magistrados (integrantes de un poder del Estado) se establece en la nueva versión que serán nombrados con “el voto de la mayoría de los diputados presentes”.
También establece que el periodo de ejercicio de los magistrados debe ser de 6 años, lo que “viola la inamovilidad judicial, lo pusieron para que cada gobernador llegue con sus cuates y en contubernio con el Congreso”.

Las propuestas

El presidente de Morena en Guerrero, César Núñez, propuso que en materia electoral se debe establecer que quienes desempeñen un cargo de elección popular no puedan postularse para otro cargo sin haber concluido su mandato, tampoco antes de rendir cuentas ante los órganos fiscalizadores de cómo ejercieron los recursos públicos, porque dijo que hay muchos casos en los que los políticos ocupan sus cargos para financiar sus campañas.
Rubén Cayetano propuso  crear una Corte Constitucional local que no está contemplada en la iniciativa enviada por el gobernador, y argumentó que el verdadero constitucionalismo implica tener una institución que garantice la salvaguarda, aplicación y vigencia de la Carta Magna.
La propuesta contiene tres opciones, la creación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, elevado al rango de Tribunal Constitucio-nal, la creación de una Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero y la creación de un Tribunal Constitucional autónomo, no dependiente del Poder Judicial y creado ex profeso, para la salvaguarda del régimen constitucional local.
El ex rector hizo una serie de planteamientos dirigidos los derechos indígenas, de la naturaleza y humanos, sobre la relación entre los poderes y el fortalecimiento municipal, e invitó a los legisladores a aprovechar la oportunidad que se les presenta con todas las  condiciones políticas en el estado para aprobar una buena Constitución.
“La expectativa y el desafió de los actuales legisladores de nuestra entidad constituye también de una enorme responsabilidad, ya que no siempre se tiene la oportunidad de aprobar un nuevo texto constitucional, por ello esperamos que los diputados actúen a la altura de las circunstancias históricas que hoy reclama el pueblo de Guerrero”, dijo el ex rector de la UAG Marcial Rodríguez.