Mayor crispación social si Aguirre aplica mano dura a protestas, advierte Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, en el sentido de que hay organizaciones a las que les “conviene” prolongar conflictos como el del desalojo de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa porque han encontrado en ello su “modus vivendi”, son “desafortunadas y lamentables”, respondió ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Agregó que la situación de ingobernabilidad que se vive en Guerrero requiere de un análisis más profundo y sereno, pues explicó que “el problema no son los organismos de derechos humanos ni las organizaciones de derechos humanos, que como Tlachinollan, trabajan y nos debemos a las víctimas y a la sociedad, no a un gobierno”.
El director de Tlachinollan manifestó que también son preocupantes las declaraciones de Aguirre Rivero en el sentido de que va a actuar “con la ley en la mano” en contra de quienes realicen protestas, y explicó que esta postura coincide con la del gobierno federal, de usar la fuerza pública indiscriminadamente para impedir el derecho a la protesta, como se vio en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre.
Dijo que las del gobernador son advertencias desafortunadas, porque la sociedad quiere ver un cambio de actitud de sus gobernantes y que éste tiene que ver con el espeto a sus derechos.
Barrera Hernández añadió que el estado vive momentos críticos y que se requiere de una actuación más sensible de sus gobernantes, “es lo que quisieran ver los familiares de Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, Juventina Villa Mojica (la líder de La Laguna asesinada), Marcial Bautista Valle y de Eva Alarcón”, los ecologistas desaparecidos.
Rechazó que a Tlachinollan le interese la prolongación de los conflictos, “a nosotros nos inspira el compromiso con la sociedad, no de ahora, no somos de un sexenio, no nos inspira el lucro ni respondemos a intereses partidistas, y sería importante que (el gobernador) tuviera un respeto para nuestro trabajo, porque nosotros no nos debemos a un gobierno, sino a la sociedad y a las víctimas”, dijo.
Recordó que Tlachinollan cuenta con reconocimiento internacional y agregó que sería importante que el gobernador conozca que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos y que allí está el sustento de organismos como Tlachinollan, “y nada tenemos que ver con el lucro o con la prolongación de los problemas”.
Dijo que las autoridades están acostumbradas a que les halaguen su trabajo, cuando es su obligación hacerlo, “mientras que para nosotros lo importante es buscar que haya justicia, educación y empleo para los jóvenes”.
Explicó que eso es lo que los anima para brindar la asesoría jurídica a los estudiantes de Ayotzinapa.
Y sentenció: “cuando haya justicia, educación y respeto a sus derechos, no solamente dejaremos de exigir y quedaremos satisfechos, porque ese es nuestro sueño, sino que (el gobierno) tendrá el reconocimiento de la sociedad”.
Barrera Hernández agregó que el informe que ha enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el gobierno del estado, sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del caso Ayotzinapa, no es satisfactorio, pues añadió que no solamente se trata de enviarlo en el papel y por la presión, sino de demostrar ante las víctimas y la sociedad que ha cumplido.
Por otra parte, el director de Tlachinollan agregó que es preocupante que el gobernador advierta que habrá mano dura en contra de los manifestantes, “nos preocupa el endurecimiento, coincide con la postura del gobierno federal de usar la fuerza de manera indiscriminada para impedir el ejercicio del derecho a la protesta”.
Explicó que esto es grave puesto que generará una mayor crispación social “que a nadie conviene”.
Añadió que lo que debería hacer el gobierno es mostrar su capacidad de diálogo, garantizar el Estado de derecho y la libertad a la libre manifestación de las ideas.
También recomendó que, en todo caso, se realice una revisión y un análisis de las causas de la movilización y la protesta, pues pudiera ser por la falta de diálogo, la falta de compromiso, sensibilización y por la falta de solución a la problemática que presentan las diferentes agrupaciones sociales.
Añadió que, asimismo, el gobernador debe revisar la actuación de sus funcionarios, para ver si están cumpliendo con la atención de las demandas sociales, “de lo contrario debe llamarlos a cuentas, a ellos sí, no a quienes piden que se les resuelvan sus problemas”.