No hay certeza pública de que el gobierno haya cumplido recomendaciones de la CNDH

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un año después del desalojo violento que sufrieron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías estatales y federales, los gobiernos estatal y federal sólo han cumplido a medias las 30 recomendaciones que emitió el 27 de marzo de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mediante el expediente 1 VG/2012, la CNDH asentó que se cometieron violaciones “graves” a los derechos humanos en contra de los estudiantes, dos de los cuales fueron asesinados.
De las 30 recomendaciones, 13 fueron de manera conjunta para el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna; cuatro solamente para el secretario federal, 11 para el gobernador y dos  para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
Sin embargo, de la mayoría de ellas no existe certeza pública de que hayan sido cumplidas, a pesar de que el gobierno estatal, mediante comunicados de prensa, ha informado que les “ha dado seguimiento” y las ha “cumplido”.
Por ejemplo, el gobierno estatal informó que como una de las primeras acciones creó el Comité de Atención Integral a Víctimas, derivado del Plan Integral de Reparación del Daño, “formalizado a través del acuerdo publicado el día 6 de marzo de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.
El objetivo de dicho plan sería establecer medidas de reparación integral en materia de salud, rehabilitación médica y psicológica a quienes sufrieron algún daño con motivo del desalojo, pero nada se sabe de la aplicación de estas medidas.
Ese plan también incluye la indemnización económica a las víctimas y aquí el gobierno ha informado que ha entregado un total de 33 indemnizaciones a igual número de víctimas directas o indirectas, “cumpliendo criterios de confidencialidad”, sin embargo la tarde de ayer en una conferencia de prensa la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Beatriz Mojica Morga, se negó a dar mayores detalles.
Mediante un comunicado que leyó, la funcionaria sólo confirmó el pago de la indemnización a la familia del estudiante asesinado, Jorge Alexis Herrera Pino, misma que según dijo se entregó el 26 de marzo pasado en las instalaciones de la casa “Emaus” de Chilpancingo, ante el notario público 3, Emilio Ortiz.
La CNDH, en su primera recomendación al gobernador y al secretario de Seguridad Pública federal, les pide que instruyan a quienes corresponda a fin de que de manera coordinada se implementen las acciones necesarias para indemnizar a las víctimas y a sus familiares por los daños causados, “elaborando para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se les otorgará, así como los tiempos y condiciones a fin de que la misma se encuentre debidamente solventada, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.
El gobierno estatal también ha asegurado en su informe a la CNDH que se iniciaron tres procedimientos administrativos en la Contraloría General del Estado, seis en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia, uno en la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en contra de más de cien servidores públicos que tuvieron responsabilidad por acción u omisión en los hechos, sin embargo de ello no existe información detallada.
Las autoridades estatales destacan, también, el acto de disculpas públicas realizado en Aca-pulco el 21 de noviembre, pero en la recomendación sexta  enviada a García Luna y a Aguirre, se pide que éste sea en un acto público y “ante la presencia de las víctimas y sus familiares”, lo cual no ocurrió pues los estudiantes y los familiares de los dos jóvenes asesinados no asistieron a dicho acto.
En este punto la CNDH también manifiesta que el acto de disculpas públicas institucionales debe implicar “el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencias a su cargo, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta investigación, informando a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.
Asimismo, en la segunda recomendación a Aguirre y a García Luna, el organismo nacional pide que “instruyan a quienes corresponda, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomen las medidas pertinentes a fin de que a las víctimas y sus familiares se les reconozca el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones, así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la protección y salvaguarda de sus derechos”.
Pero ha sido pública la inconformidad tanto de los dirigentes estudiantiles y los familiares de los dos asesinados, así como del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que funge como su asesor, por la falta de información en cuanto a los avances del caso.
La tercera recomendación para el gobernador y el secretario federal pide que instruyan a quien corresponda “para que se diseñe e imparta un Programa Integral de Capacitación y Formación en materia de Derechos Humanos, dirigido a los servidores públicos de sus instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente, poniendo especial énfasis en el uso de la fuerza utilizada en manifestaciones públicas, y sobre todo que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública se promueva una ley general sobre el uso de la fuerza y tácticas policiales”.
El gobierno estatal ha asegurado que ya cumplió la petición, pero se desconocen las acciones efectuadas y los resultados.
En la recomendación se les solicita que instruyan a quienes corresponda “a implementar acciones eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, con especial atención en sus características, a fin de diferenciar si su naturaleza es pacífica o violenta, y en función de ello determinar qué tipo de operativo, personal, equipo y otros elementos a utilizar para afrontarla, privilegiando en todo momento el diálogo, minimizando los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza”: Se desconoce su cumplimiento.
También se desconocen las acciones para cumplir con la recomendación octava, que dice: “instruyan a quien corresponda para que el desarrollo profesional de las corporaciones policiales se base en técnicas modernas y en la formación de valores cívicos, el conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, la vocación de servicio y de comportamiento ético, con la finalidad de que se transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación y la profesionalización policial; así como el régimen disciplinario, los sistemas de información, el respeto a los derechos humanos y los mecanismos de control, de evaluación, de medición de resultados y de mejora continua para elevar la calidad del servicio de seguridad pública”.
Otra de las recomendaciones incumplidas es la número 12, que establece la instrucción a los dos ámbitos de gobierno para que a las víctimas del delito y del abuso del poder, “de manera coordinada y sin excepción alguna, se les brinde a todos y cada uno de ellos, o en su caso, a sus familiares, como medida de rehabilitación, la atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas; debiendo asegurar que los profesionales de esas instituciones que sean asignados para el tratamiento de las víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y físicas de cada una de ellas y tengan la experiencia y formación suficiente para tratar tanto los problemas de salud física y emocional que padezcan los familiares ocasionados como resultado de la violencia a la que fueron sometidos”.
En este punto se recomienda que el tratamiento debe prestarse por el tiempo que sea necesario, “e incluir el suministro de todos los medicamentos que eventualmente requieran”.
En cuanto a la primera recomendación emitida sólo para el gobernador, la CNDH solicita que “dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay diversas expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la ley, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos, privilegiando el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y se remita a este organismo nacional las pruebas de cumplimiento respectivas”.
En el informe que envió el gobierno estatal a la CNDH no se informa de las acciones que ha realizado al respecto, y lo nuevo es que en el aniversario de la represión Aguirre anunció mano dura contra manifestaciones.
También se desconoce qué se ha hecho en cuando a la segunda recomendación, que dice: “instruya a quien corresponda para que se revisen las políticas públicas que en materia educativa existen en dicha entidad federativa, con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se instrumente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
Igualmente no existen antecedentes del cumplimiento de la quinta recomendación, que pide “gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados, remitiéndose a este organismo

nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias con las que acredite su cumplimiento”.
Otra recomendación más de la que no se dice nada en el informe del gobierno estatal es la sexta que se refiere a los actos de tortura y en la que la CNDH solicita que gire sus instrucciones “a fin de que la institución del Ministerio Público a la que corresponda investigar el caso, sea oportunamente proveída de la información necesaria, que permita en su momento encausar al o los probables responsables, hasta lograr obtener de parte del órgano jurisdiccional una sanción”.
En la novena recomendación se pide la formación de un equipo interdisciplinario integrado por un agente del Ministerio Público y del personal necesario en las diversas materias de servicios periciales, “para que conjuntamente con elementos de la Policía Ministerial a su mando, y en su caso, con la colaboración que previamente se solicite a la Procuraduría General de la República, agilicen las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio de V48, empleado de la gasolinera 4033” (Gonzalo Rivas Cámara). Al respecto la PGR declinó su competencia y turnó el caso a la Procuraduría de Justicia del estado, en donde no se ha informado de los avances de las investigaciones.
En cuanto a las recomendaciones enviadas al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local en turno, en la primera la CNDH le pide que “se tomen las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, petición de la que se desconoce su cumplimiento.
La segunda es que “colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia (Alberto López Rosas) y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Ramón Almonte Borja), con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011”.
Al respecto el proceso está en curso, pues apenas comenzaron las comparecencias de las partes interesadas en el caso.