Muestra Aguirre su rostro autoritario, alertan estudiantes y defensores de derechos humanos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Estudiantes y defensores de derechos humanos coincidieron en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero muestra su rostro represor y autoritario cuando advierte que aplicará “la ley” contra marchas y plantones en la entidad.
Repudiaron su actuación y ratificaron que hoy saldrán a manifestarse de forma pacífica a la Autopista del Sol, para demandar justicia por todos los agraviados en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011.
Durante el acto para develar una placa en memoria de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, los estudiantes asesinados hace un año en el desalojo a balazos, el coordinador de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, aseguró que al hecho de “amenazar con todo el peso de la ley a las movilizaciones se le llama criminalización de la conciencia social”.
Asimismo, el dirigente estudiantil Diego Castro Domínguez denunció que a un año del desalojo han sufrido más atentados y amenazas los estudiantes y los deudos de Gabriel y Alexis.
Dijo que ahora tratan de criminalizar a aquellos que buscan defender los derechos humanos, porque el gobernador también señaló a organizaciones independientes de prolongar el conflicto de Ayotzinapa porque es su “modus vivendi”, en alusión al Centro Tlachinollan.
El dirigente normalista recordó que antes del desalojo policiaco, las autoridades les cerraron las puertas, porque decían que no había dinero para atender sus demandas, y ahora aseguran que ya cumplieron con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violencia del 12 de diciembre, lo que indica que el gobierno habría podido atender sus peticiones antes de la represión.
Del Centro Tlachinollan, el abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló que el gobierno tiene una idea equivocada de las luchas sociales, porque desde ahí se cuestiona y se critica a las autoridades, y añadió que las luchas por derechos y por la transparencia en el ejercicio de gobierno contribuye a la democratización, pero esos principios son pisoteados en este gobierno.
En la explanada principal de la Normal Rural se realizó el homenaje a los estudiantes asesinados el 12 de diciembre; se expresaron condolencias a los deudos de los dos jóvenes y se declaró un repudio total al gobernador Ángel Aguirre Rivero a un año de las violaciones a los derechos humanos, que se avivaron por las últimas declaraciones del mandatario en contra de la protesta social y de los defensores de los derechos humanos.
La banda de guerra marcó el inicio y la conclusión del acto, que terminó luego de la develación de dos placas para recordar a Gabriel y Alexis, y con la demanda de una madre que sigue demandando justicia, pues entre lágrimas doña Maria Amadea de Jesús denunció que hace un año Gabriel ya no la abraza, ya no la besa, ya no la saca a bailar.
Las palabras desmoronaron a su esposo, que también rompió en llanto, como muchos presentes.
El primer orador, Manuel Olivares, recordó que la respuesta del gobernador a la manifestación estudiantil fue la represión, la ejecución extrajudicial de dos estudiantes, tres heridos de bala y un número indeterminado de lesionados y torturados.
A un año de la represión, cuestionó que el gobierno amenace a quien se manifieste con recibir todo el peso de la ley, “el gobernador por fin muestra su rostro represivo, y sus antecedentes priistas, pero los estudiantes, las organizaciones y los familiares de las víctimas van a seguir protestando por justicia”.
Refrendó la demanda de juicio político contra el gobernador, y que el proceso que comenzó en el Congreso del estado contra los ex funcionarios de su gabinete, el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, concluya en sanciones políticas y administrativas.
Por su parte, Rosales Sierra señaló que lejos de que se estigmatice, la escuela normal rural debe ser un baluarte que ha contribuido a la democratización del estado, pero el gobierno tiene una idea equivocada sobre las luchas sociales.
Denunció que del 60 a la fecha siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales contra los luchadores sociales, y señaló el reciente asesinato de Juventina Villa Mojica, que encabezaba el movimiento de los desplazados de un poblado de la Sierra de Coyuca de Catalán, el mes pasado.
“No han parado las masacres, siguen los gobiernos autoritarios que vienen de ese pasado oscuro que  tanto lastimó al estado y que todavía tiene heridas abiertas”, dijo.
Denunció que en el caso de Ayotzinapa aún no hay responsables de los jóvenes golpeados y torturados, sólo dos policías están en un proceso viciado por la ejecución de Gabriel y Alexis, pero que podrían salir libres en cualquier momento, así como un juicio político donde los diputados pretenden defender a sus compañeros políticos.
El abogado añadió que las declaraciones del gobernador contra la protesta y los defensores de los derechos humanos están fuera de lugar, la descalificación es el camino fácil, cuando debería resolver los problemas ancestrales de un estado tan atrasado; “¿cómo pedir a los campesinos, a los estudiantes, que no alcen la voz, si no están resueltos los problemas estructurales de Guerrero?”
Como representante legal del caso Ayotzinapa, afirmó que recurrirán a todas las instancias nacionales, incluso a las internacionales, “con la seguridad de que habrá justicia porque iremos por ella”.
El estudiante Edgar David Espíritu Olmedo, herido en un pulmón durante el desalojo de hace un año, consideró increíble e inhumano que el gobierno considere que en Ayotzinapa no pasa nada, cuando hubo dos muertos, lesionados con armas de fuego y golpeados, “basta de decir que aquí no pasó nada”.
Recordó que la movilización del año pasado fue porque querían clases (los maestros se negaban a entrar a la escuela para que los estudiantes aceptaran a un director interno), y por el cumplimiento del pliego petitorio, pero en lugar de eso recibieron balas y golpes.
Reveló que convivió con Jorge Alexis y lo vio morir en la carretera, “es increíble que digan que no pasó nada, debe seguir el juicio político a los responsables y buscar a los autores intelectuales de la masacre”.
Un hermano de Gabriel tomó la palabra por los familiares, y reiteró la demanda de los deudos, saber quién ordenó el desalojo y disparar contra los estudiantes, y demandó que se insista ante el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola, para que diga quién mandó a desalojar la carretera.
Finalmente, Castro Domínguez hizo un llamado de alerta a las organizaciones sociales, porque “el gobernador sacó su verdadero yo represivo y asesino, y trata de criminalizar a aquellos que tratan de defender los derechos humanos”.