No ha cumplido las recomendaciones el gobierno de Aguirre, informa la CNDH

Redacción

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que no se ha cumplido la recomendación 1VG/2012 emitida tras la investigación del desalojo violento de estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrido hace un año, y consideró que existen elementos suficientes para sancionar al ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas, y al ex secretario de Seguridad Pública y Protección civil del estado, Ramón Almonte Borja.
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, informó que no se han cumplido algunos de los 30 puntos que están en la recomendación, aunque sólo se refirió en específico al dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del Estado para realizar un juicio político contra los dos ex funcionarios del gobierno estatal mencionados.
En un comunicado emitido por el organismo nacional a un año de los acontecimientos en que murieron dos normalistas por disparos de la policía, se expone que la recomendación que emitió tras concluir la investigación del caso el 23 de marzo no ha sido acatada.
En el documento hay trece puntos dirigidos específicamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal –entonces Genaro García Luna– y al gobernador constitucional del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, más cuatro en lo particular.
Once más son recomendaciones a cada uno de ellos, “a través de las cuales se pretende resarcir a las víctimas del delito y del abuso del poder los derechos fundamentales que les fueron conculcados”.
Agrega que las que las autoridades han avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones, pero en “ninguna lo han hecho cabalmente”.
En el caso del Congreso del Estado, al que se recomendó instaurar un juicio político contra el ex procurador y del ex secretario de Seguridad Pública, afirma que existen “elementos suficientes para sancionar administrativamente al ex Procurador General de Justicia y al ex Secretario de Seguridad Pública y Protección civil del estado de Guerrero, por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos, elevados a rango constitucional en 2011”.
En la recomendación, la CNDH determinó que en el desalojo violento donde fallecieron dos estudiantes y el despachador de una gasolinera, “se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, producto de acciones y omisiones de diferentes funcionarios que participaron en el desalojo con violencia de los manifestantes”.
Especifica que lo anterior está documentado en un expediente que tiene 11 mil 699 fojas en 15 tomos, donde se citan las distintas reuniones sostenidas por personal de la CNDH con servidores públicos de las autoridades, así como el análisis y valoración de los 36 informes con sus 130 anexos, como parte del seguimiento que se le está dando al caso.